Luis Lamas Puccio: “Detención a Keiko no es una medida arbitraria”



– ¿Cree que la detención preliminar ordenada contra Keiko Fujimori es una disposición judicial extrema?

Es una medida autorizada por un juez con la finalidad de que algunas personas no entorpezcan o enturbien la investigación, pues existen suficientes elementos para establecer una vinculación entre hechos criminales y la responsabilidad penal de esas personas. La concurrencia a una citación judicial es obligación de todo ciudadano, eso de ninguna manera nos exime de responsabilidad. No es una medida arbitraria porque está dentro de los parámetros que establece la ley. Le quieren dar un tinte político para desnaturalizar y quitarles autoridad tanto al fiscal como al juez que ordenó la detención.

¿Cuáles son los fundamentos de la medida?

El tema penal es por lavado de activos y crimen organizado. El juez ha decidido sobre la base de una fundamentación hecha por el fiscal. En la formalización de la investigación preparatoria se va a solicitar la prisión preventiva que puede ser por 12, 18 o 20 meses. La detención preliminar es a nivel policial, que tiene un máximo de diez días, mientras que la orden de prisión preventiva es la que te envía a un penal. La que viene es una orden judicial que implica el traslado a una prisión. Esa es la suerte que correría la lideresa de Fuerza Popular, como las otras personas detenidas.

¿La determinación judicial del juez Richard Concepción Carhuancho sienta un precedente en materia penal?

Yo considero que no se está haciendo ningún tipo de discriminación de valor. Esta decisión revela que todos los ciudadanos peruanos somos iguales ante la ley. El hecho de que tengas una actividad política o que lideres un partido político en el Congreso no te exime ni te otorga un estatus preferencial, porque se trata de delitos comunes. Hay un acervo probatorio que fundamenta la decisión judicial. No hay manera de que la defensa pueda recusarla.

¿Cómo podríamos explicar una detención preliminar?

Es la antesala de lo que va a ser una investigación preparatoria, en la cual se va a pedir una prisión preventiva, para evitar que las personas obstaculicen la investigación, en algunos casos escondiendo pruebas, y en otros casos hasta fugándose del país. Este es un hecho objetivo que tiene un contenido procesal penal, nada más. Tiene relación con la información que han traído los fiscales del Brasil, que pone en evidencia que estas personas habrían recibido dinero sucio para incorporarlo a las campañas políticas. Hay un trasfondo aquí que se circunscribe a Odebrecht.

GOBIERNO NO PUEDE INTERFERIR

¿El pedido de acusación constitucional contra el fiscal Chávarry repercutió en la decisión del juez Concepción Carhuancho?

Ni la colaboración eficaz de Antonio Camayo ni la acusación contra Pedro Chávarry tienen relación con la detención de Keiko Fujimori. Son hechos que pueden tener diferentes lecturas, pero hay un tema objetivo y preciso que es la orden de un juez. La acusación al fiscal de la Nación es una interferencia del poder político en la administración de justicia para ganar impunidad. El Poder Ejecutivo no puede interferir en el sistema de justicia. El Presidente no debe pedir su renuncia.

(Por Roberto Sánchez Reyes /  Roberto Sánchez: Roberttosanchez7@gmail.com)

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