Marco Riveros: “Hay que asumir política de Estado ante la violencia”
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-¿Cuál es el principal problema que aqueja al gremio de abogados que usted piensa defender de acceder al decanato del CAL?

Hoy los abogados nos sentimos maltratados por distintas instancias y por muchos funcionarios. Muchos abogados necesitamos que nuestro ilustre Colegio de Abogados nos apoye y respalde para que nos haga respetar. Vamos a lograr la organización, a través de la interconexión total con el Smartphone. El 85 % de abogados cuentan con teléfonos inteligentes y el 15 % obtendrá su teléfono móvil mediante nuestra gestión. Es decir, con la interconexión móvil total lograremos auxiliar a los abogados cuando son objeto de maltrato. ¿Cómo y cuándo nos maltratan? Cuando nuestras audiencias son programadas por muchos meses y años, cuando dislocan la ley y de alguna manera el abogado se ve obligado a quejar al funcionario que incumple la ley, y como consecuencia de ello, incluso los que terminan siendo más maltratados son nuestros propios clientes y patrocinados.

-¿Qué opina del proyecto del Gobierno que interviene la conformación del CNM quitando a los abogados?

Estoy de acuerdo con el fondo pero no con la forma. El CNM está deslegitimado pues en el proceso de elección de los jueces y fiscales no existe la transparencia debida,porque lo hace a su albedrío. En consecuencia, en el proceso de elección de jueces existe mucho amiguismo, compadrazgo y argucias que podrían lindar con tráfico de influencias. Voy a luchar para que en el CNM y en la Corte Suprema expresen su decisión, sus fundamentos en un registro fílmico y de manera pública y objetiva. De esa forma pienso que, teniendo un registro se acabaría con el tráfico de influencias.

-¿Cree usted que pedir la pena de muerte para los violadores es demagógico?

Mi posición como abogado es que la vida de ningún ser humano en el mundo debería estar supeditada a la decisión de otro ser humano o de un juez susceptible de errar. En consecuencia, no estoy de acuerdo en que un juez dicte la pena de muerte para la ejecución de un ser humano. Sin embargo, dentro de mi posición personal, si se logra determinar que el delincuente ha rebasado el límite de su condición de persona humana, atentando su naturaleza de raciocinio, dejaría de ser una persona humana para ser sometido a una sanción. Entonces allí sí se podría tomar una decisión drástica para extirparlos de esta sociedad.

-El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que los errores que se comenten en la justicia impiden la implantación de la pena de muerte. ¿Coincide?

Yo creo que el doctor Duberlí Rodríguez tiene una posición para la prensa. De lo que se trata es de asumir una política de Estado, donde, si encontramos violadores, delincuentes, o malhechores que atentan contra la libertad sexual de  mujeres vulnerables, debamos aplicar sanciones ejemplares. Pero si se quiere liderar una lucha sobre la base del derecho, el presidente del Poder Judicial tiene que levantar la voz ante el presidente Pedro Pablo Kuczynski y decirle que si no es capaz de lograr una correcta política de Estado, el Poder Judicial, a través de un hábeas corpus colectivo, le puede ordenar al Ejecutivo o al Legislativo a ejecutar una política de Estado. Por ejemplo, en Argentina se logró a través de la imposición de una orden al Estado para que en las cárceles de ese país los presos puedan tener derecho al voto.

CORRECTAS POLÍTICAS EN LA SALUD MENTAL

-¿Cree necesario cambiar el Código Penal para endurecer las penas para criminales que matan mujeres?

Cuando hablamos de pena de muerte para un ser humano y cuando hablamos de dar cadena perpetua para otro ser humano terminamos por convertirnos en criminales. Eso yo no lo comparto. No se trata de simplemente aumentar un digito más en el Código Penal, sino más bien exigir al Estado correctas políticas en la educación y la salud mental de la población.

ROBERTO SÁNCHEZ REYES

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