EL PRETEXTO ES RESPETAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL

Mario Seoane: Quieren desaparecer la deuda agraria

  • Fecha Lunes 4 de Febrero del 2019
  • Fecha 6:40 am




Dr. Seoane ¿cuál es su visión frente a la situación actual de los bonos de la reforma agraria?

De expectativas. Este año el Tribunal Constitucional (TC) debe revisar tres casos donde se demuestra que los criterios de valorización desarrollados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva, para actualizar los bonos agrarios, son absurdos, confiscatorios e ilegales. De otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por notificar al Estado sobre dos denuncias presentadas por expropiados nacionales por la infracción al Pacto de San José. Igualmente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá pronunciarse sobre la denuncia presentada contra el ex presidente del TC Óscar Urviola por las irregularidades de la resolución valorativa de los bonos agrarios.

Háblanos sobre los tres casos que debe revisar el TC…

Se trata de tres familias peruanas que se presentaron ante el MEF y cumplieron con todos los requisitos establecidos para obtener una valorización justa por sus bonos y los resultados han sido decepcionantes. Por ejemplo, por un predio de 56 hectáreas en Urcos, Cusco, el MEF pretende pagar 200 dólares; por un fundo de 231 hectáreas en Llata, Huamalíes, Huánuco, 800 dólares, y el caso más clamoroso es el de un predio en Piura de 148 hectáreas: 80 dólares. Esto significa que en el Perú el valor actual es de 2.48 dólares por hectárea expropiada. Un escándalo. Si vemos que en el aeropuerto de Chinchero el Estado ha expropiado tierras en Cusco, pagando cerca de 300,000 dólares por hectárea, hay un trato desigual y digno de investigarse.

–¿Cuál es la posición del MEF sobre estos tres casos?

En el MEF dicen que el valor está de acuerdo a los criterios establecidos por el TC y que en realidad ellos son los verdaderos responsables, que no pueden hacer nada y que mejor vayamos al TC. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ahí nos veremos y los técnicos del MEF deberán exponer, en una sesión pública, sus criterios de valorización.

–¿Qué es lo que debería hacer el TC?

El TC estará en condiciones de corregir su resolución de ejecución de sentencia al verificar que los valores propuestos por el MEF y el BCR son verdaderamente confiscatorios e inconstitucionales. De otra parte, podrá verificar que las instrucciones impartidas para desarrollar los procedimientos de valorización fueron distorsionadas por el MEF y el BCR.

-¿En qué consisten las distorsiones?

Primero, que si las expropiaciones de Reforma Agraria se calcularon con los valores oficiales existentes en el año 1969, independientemente de la fecha de colocación de los bonos o del pago, los procedimientos de actualización deben considerarse siempre respecto al año 1969. El MEF quiere hacer algo distinto, pretendiendo imponer una lógica, donde el bono termina valiendo CERO; eso no tiene ningún sentido valorista. También han establecido un tipo de cambio sumamente raro, ya que de acuerdo a su fórmula, el tipo de cambio en 2018 es de 7.69 soles por dólar. Yo me pregunto si ese es el tipo de cambio real del Perú. Es absurdo. Claro, te dicen que te van a pagar en dólares para que tengas cierta confianza, pero –en típica criollada– sobrevalúan ficticiamente el tipo de cambio para darte menos dólares.

–En la reciente audiencia celebrada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se habló de reuniones entre magistrados del TC y el entonces ministro de Economía Luis Miguel Castilla, ¿esto es correcto?

Yo no veo problema en que se reúnan formalmente, mejor aún con participación de los expropiados. El problema es que estas reuniones se habrían realizado en el MEF y sin registro oficial o sin ser comunicadas. En esa reunión el Sr. Castilla les habría manifestado que el valor actualizado de los bonos agrarios con el IPC (índice de precios del consumidor) ascendería a 18,500 millones de dólares, o sea que la deuda era prácticamente impagable. Esa cifra es falsa, no existe ningún informe que la avale, yo no entiendo cómo el ministro Castilla proporcionó esa información. Por eso los magistrados del TC cambiaron su resolución con base en una información que recibieron de oídas. Y optaron por sustituir el IPC impresionados por los argumentos de Castilla por la dolarización sin conocer su impacto económico antes detallado en tres casos. La deuda real es aproximadamente de US$ 4,000 millones.

EN LA CIDH

 -¿Cuál es el caso ante la CIDH?

La denuncia es porque la resolución del TC y los procedimientos del MEF violan la normativa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En esta línea, tanto el TC como el MEF han sostenido que para actualizar los bonos se debe respetar el equilibrio presupuestal. Con este argumento quieren desaparecer la deuda, así de fácil y dentro de ese criterio.

HAY JURISPRUDENCIA

 Caso peruano es similar al Ecuador

“Ecuador expropió unos terrenos a la familia Salvador Chiriboga en la ciudad de Quito y pretendió fijar un precio arbitrario de acuerdo a una supuesta “realidad presupuestal”. La Corte desestimó ese criterio y ordenó el pago actualizado de los terrenos más intereses. Nuestro caso es similar”, afirma Seoane.

 Mario Seoane Linares es abogado, investigador de temas de Reforma Agraria. Asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria -ABDA- y autor del libro “La deuda secreta”.

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