BCP, La Fiduciaria y CAA, bajo la lupa
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En medios bursátiles ha llamado la atención que la reincorporación del Banco de Crédito del Perú (BCP) -y de La Fiduciaria- al litigio planteado por Cerrón Muñoz SAC, contra la Corporación Aceros Arequipa (CAA), por la devolución (reivindicación) de un terreno de 55.5 hectáreas, ubicado en el Kilómetro (Km) 238 de la Carretera Panamericana Sur en Pisco (Ica), dispuesta por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima (Resolución N° 004 del 05/09/19), publicada en EXPRESO el pasado 22 de octubre, no haya sido informada por el banco como hecho de importancia a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ni a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Se suele argüir como excusa la ausencia de la notificación judicial. Sin embargo, desde hace cinco años, los litigantes se informan mediante la página web del Poder Judicial, que colgó esta resolución el último 18 de octubre.

Adicionalmente, el banco presentó con posterioridad un escrito que dio pie a la Resolución N° 007 -posterior a la Resolución Nº 004 que ordena al 26° Juzgado Civil de Lima que incluya al banco en la demanda- por lo que la Sala dispuso que se prescinda de realizar la notificación de la Resolución 004. El Banco de Crédito del Perú aceptó en garantía terrenos de propiedad de CAA. Pero, los bienes de propiedad del BCP (instalaciones y planta industrial), en tanto el leasing sea vigente, se ubican en un terreno de otro propietario. BCP, La Fiduciaria y CAA, suscribieron un Contrato de Fideicomiso en Garantía a fin de constituir las garantías para la inversión de US$ 150 millones destinados a la construcción de la Planta Laminadora (el 15 de julio de 2010), y otros dos acuerdos (el 2 de diciembre de 2011), uno de Derechos de Superficie y otro de Arrendamiento Financiero o leasing –alquiler con derecho de compra- por otros US$ 125 millones para la compra de equipos, maquinarias y financiamiento de la construcción de dicha planta.

En estos contratos, el BCP acepta que la siderúrgica otorgue como garantía a favor del banco el derecho de superficie de los predios ubicados en los Km 240, 241 y 242 de la Carretera Panamericana Sur (inscritos a nombre de CAA), siendo así que el BCP desde esa fecha, como es usual, es el propietario transitorio de los bienes e instalaciones construidas en la planta industrial. Sin embargo, todas estas maquinarias y la planta, en realidad, se han instalado en el predio de propiedad de Cerrón Muñoz en el Km 238 de la misma carretera. Esto significa, en terreno ajeno.

Es como si el BCP al otorgar un hipotético leasing a favor de la Fábrica La Bellota para la compra de telares y la construcción de una planta dehilado, La Bellota, en lugar de entregar en garantía al banco el derecho de superficie de su local ubicado en la Av. Argentina N° 2828, entrega en garantía un local ubicado en la mismaavenida Argentina pero a dos kilómetros de distancia (en la cuadra 8), en un local que pertenece a un tercero que nada tiene que ver con La Bellota. Alejandro Hernández de Cerrón Muñoz SAC, propietario del terreno, señala: “que no llega a explicarse ¿Cómo el BCP, el banco más grande del país, suscriba contratos de garantía e instale sus bienes y construya instalaciones industriales sobre inmuebles ajenos y desembolse US$ 275 millones? ¿O es qué el banco no verifica dónde se encuentran realmente ubicados los bienes de su propiedad o los bienes con los cuales garantiza fuertes desembolsos?”.

El representante de Cerrón Muñoz tampoco comprende “¿Por qué la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima, liderados actualmente por dos ex ejecutivos del BCP, no registran como hecho de importancia este litigio que podría ocasionar pérdidas para el banco y, por ende, a sus accionistas y a los accionistas de la siderúrgica?”. Según Hernández, “estos errores en el procedimiento bancario debían ser analizados por la Superintencia de Banca y Seguros (SBS) ya que pone en riesgo los ahorros del público, así como se encuentra investigando a Dionisio Romero Paoletti, presidente del banco, por haber aportado a Fuerza Popular en efectivo la suma de US$ 3.65 millones para la Campaña Electoral del 2011”.

INTEGRANTES

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima está integrada por el juez Rafael Eduardo Jaeger Requejo, y las vocales Doris Mirtha Céspedes Cabala y María Del Carmen Rita Gallardo Neyra, a la cual también integró transitoriamente Juana María Torreblanca Núñez.

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