RESPONSABLES DE LA MUERTE DE MÁS DE 69 MIL PERSONAS, EN SU MAYORÍA HUMILDES CAMPESINOS

Estado peruano indemnizó con millones de dólares a terroristas

Sendero y MRTA causaron daños económicos al Perú por más de US$ 42,000 millones.

Estado peruano indemnizó con millones de dólares a terroristas
  • Fecha Domingo 16 de Junio del 2019
  • Fecha 5:00 am

“Ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor”, sentenció el filósofo chino Confucio (551-479 a.c.), consejero de príncipes y gobernantes y cuyas enseñanzas posteriormente inspirarían a Francisco de Paula Gonzales Vigil cuando en su célebre discurso inculpó al expresidente Agustín Gamarra de crear despreciables intrigas. diciéndole: “Yo debo acusar, yo acuso”.

No se puede ocultar hechos que, por medio de artificios, la secta caviar y ciertos medios de comunicación han tratado de encubrir y restarle importancia.

A continuación, las desastrosas consecuencias económicas causadas al Estado peruano por el terrorismo y como este otorgó indemnizaciones por millones de dólares a terroristas y sus familiares, obedeciendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de San José de Costa Rica.

CAOS EN LA ECONOMÍA

Entre 1980 y 1994, Sendero y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” provocaron daños económicos en agravio del Estado y del sector privado que superan los 42,000 millones de dólares, según un informe de la consultora internacional Maximixe.

En una voluminosa carpeta estrictamente documentada indica que solo los daños a la infraestructura eléctrica que incluyen costos de reposición, pérdida de energía y de servicios dejados de atender, con serias repercusiones en el aparato productivo nacional, superaron los 11,800 millones de dólares.

En tanto, la destrucción de las carreteras, puentes, vías férreas y centros mineros superó los 14 millones de dólares.

Pérdidas similares causaron al dinamitar centros experimentales de agroindustria, matanzas de ganado y quema de sembríos, atentados que dieron lugar al aumento de costos de protección física de las plantas productivas, locales públicos y privados incluyendo a autoridades y empresarios. No obstante, el asesinato de técnicos, funcionarios del Estado y directivos fue imparable, afectando también el turismo, especialmente en Cusco, Ayacucho, Ancash, Cajamarca y Puno.

La subversión, cuyos principales cabecillas han sido “premiados” por el Estado, originó un incontrolable flujo migratorio y un desorden urbanístico.

Cerca de 300 mil emigraron al exterior causando una irreparable fuga de capital humano. Al margen de ello -como señala Vladimiro Montesinos en uno de sus análisis – el PBI (Producto Bruto Interno) per cápita retrocedió de 938 dólares en los años 80 a 718 dólares a inicio de los 90, en que tomó el poder Alberto Fujimori. La baja se debió- a criterio del ex asesor presidencial – al desequilibrio macroeconómico causado por la errada política de la administración aprista. Pero, indica, el terrorismo tuvo un letal impacto sobre la economía.

El desarrollo económico es un proceso de acumulación de capital, tanto físico como humano y tecnológico y para ello es indispensable que existan entornos ventajosos para la inversión. Sendero y el MRTA crearon temor e incertidumbre y frenaron el crecimiento, señala Montesinos.

ANÁLISIS

Por su parte, José Páez Warton, estratega del desaparecido Comando Operativo del frente Interno (COFI) del sector Defensa, indica que el costo económico de los daños ocasionados por la subversión lo integraron tres factores: costo directo, costo de oportunidad y costo de defensa.

El primero fue el de los daños materiales de los bienes afectados tras las salvajes incursiones terroristas. El segundo lo constituyeron los beneficios dejados de percibir como consecuencia de los atentados que destruyeron bienes y servicios (turismo, pérdida de horas – hombre de trabajo, retracción de la inversión, paralizaciones en la producción, etc.). El costo de defensa es el monto destinado a las acciones contrasubversivas.

Las pérdidas económicas, como consecuencia del terrorismo, significaron años de retraso en desarrollo y cuantiosas pérdidas de dinero. Miles de millones de dólares que pudieron invertirse en hospitales, escuelas, electrificación, irrigaciones y por lo menos en aliviar el déficit de empleo que, hasta la fecha, sigue afectando al país, dice Páez Warton.

Explica que ante esa nefasta situación que se vivía en el Perú, en lo primero que pensó Fujimori luego de reunirse con un destacado economista – cuyo asesoramiento fue vital para sacarnos de la profunda crisis en que nos encontrábamos- fue lograr la reincorporación en la comunidad financiera internacional.

“El paso previo – dice Páez Warton – fue ponerse al día en parte de los pagos atrasados desde 1984 y que alcanzaban los 1,300 millones de dólares a organismos internacionales, 4,000 millones a los países integrantes del Club de París, 5,200 millones a la banca internacional y 4,000 millones a los países del bloque socialista”.

De estas deudas, vencidas e impagas, era prioritario solucionar la primera, pues resolviéndola se conseguirían recursos externos bajo favorables condiciones de pago.

Si Fujimori – hoy vilipendiado y encarcelado por el odio caviar- no habría tomado las decisiones de estadista, el Perú se habría sumergido en una situación económica insalvable. Aquella vez los detractores del “Chino”- como lo llamaron despectivamente – se rasgaron las vestiduras y dijeron que “el gobierno se puso de rodillas ante el imperialismo”, pero nadie puede negar ahora que sacó al Perú de los escombros.

Después Fujimori puso en vigencia una serie de dispositivos legales que garantizaron la inversión extranjera, haciendo oídos sordos a las estupideces que por motivos ideológicos decían representantes de la izquierda.

Otra decisión importante fue la flexibilización del régimen laboral que hizo posible la aparición de un mercado laboral competitivo que incentivó el empleo y la inversión. La tradicional estabilidad laboral – que actualmente un sector de congresistas busca reimplantar- trababa la racionalización de las empresas y amparaba el enquistamiento de cúpulas sindicales que propiciaban el caos, chantaje y estancamiento de la productividad.

Fujimori luego eliminó el déficit fiscal, clave para evitar las emisiones monetarias (“maquinazo”) que en el fondo desvalorizaban nuestra moneda.

Maximine concluyó que el Perú en 1993 terminó su ciclo recesivo y creció su PBI en un 7.3 %. Una nueva investigación determinó un crecimiento del 10. 7 % para 1994, con lo que la reactivación y recuperación fue un hecho irrebatible.

PAGO A GENOCIDAS

Pese a los daños causados a nuestra economía por la barbarie terrorista y sobre todo a la muerte cruel de cerca de 70 mil peruanos campesinos de las zonas andinas, miembros de las fuerzas del orden y de los comités de autodefensa el Estado, desde tiempos de Valentín Paniagua Corazao y especialmente durante el régimen de Alejandro Toledo y hasta Ollanta Humala, el Perú pagó a los genocidas y sus familiares millones de dólares.

El exministro de Justicia “nacionalista” Francisco Eguiguren, durante su corto período como titular de dicha cartera (julio – diciembre 2011), consiguió que se incluyan más de  29 millones de dólares en el presupuesto de su sector para el año 2012, que terminaron en gran parte  (más de $ 14 millones de dólares) direccionados al pago de indemnizaciones a sujetos convictos y confesos de delitos  de terrorismo, como Lori Beremson y Jaime Castillo Petruzzi y familiares de subversivos que fallecieron durante los enfrentamientos que se dieron en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón con las fuerzas del orden.

Esos pagos del Estado peruano respondían a dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de San José de Costa Rica. El chileno Castillo Petruzzi recibió 10 mil dólares, a pesar de haber confesado que fue uno de los artífices de las llamadas “cárceles del pueblo”, donde sepultaban en vida especialmente a empresarios que  finalmente era  cruelmente asesinados cuando  los “cupos de guerra” exigidos no llegaban a tiempo, según detalla Montesinos en uno de sus informes de inteligencia.

Castillo Petruzzi cobró, además, intereses pues los magistrados de la Corte IDH consideraron que durante el proceso al que lo sometió un tribunal militar junto con María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, en 1994, careció de garantías judiciales y de libertad personal. En otras palabras, a criterio de dicha instancia supranacional debió ser juzgado en libertad.

En cuanto a Lori Berenson, quien confesó ser desde muy joven seguidora de la ideología marxista y haber integrado el comando emerretista, así como haber participado en el planeamiento del asalto al Congreso de la República y la consiguiente toma de rehenes, la CIDH adujo que tratándose de una inculpada civil no debió ser juzgada en el fuero militar y que la terrorista norteamericana no había tenido garantías judiciales. Asimismo, que durante el tiempo que permaneció en prisión estuvo en peligro su integridad física. Recibió del Estado el pago de 30 mil dólares. Entre los que exigieron dicha indemnización estuvo el exprocurador Ronald Gamarra Herrera.

LA CANTUTA: “GUERRA ATÍPICA”

Los deudos de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Guzmán y Valle (La Cantuta) desaparecidos durante un Operativo Especial del Ejército recibieron 1’778,000 dólares. No obstante, el profesor Wilfredo Risco Paico identificado con DNI N° 07147314 – como lo consigna el ensayo “Guerra Atípica”, de reciente presentación en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) – revela que “conoció de cerca a por lo menos 8 de los estudiantes desaparecidos y también al profesor Hugo Muñoz Sánchez”.

Y afirma: “debo decirle al vocal supremo César San Martín Castro, el mismo que en su sentencia de condena al expresidente Alberto Fujimori, que se equivoca al decir que los estudiantes ultimados en La Cantuta no eran seguidores del presidente Gonzalo. Todos los estudiantes lo eran, comenzando por Gisela Ortiz Perea, y los fallecidos Juan Gabriel Mariño ” Karateca”, Bertila Lozano Torres “Betty”, Dora Oyague Fierro, Roberto Teodoro Espinoza “El Ruso”, Marcelino Rosales Cárdenas “Manuelacha” Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea “Kike” y Armando Amaro Cóndor. En el caso del estudiante Heraclidas Pablo Meza sus apellidos y nombres me vienen a mi mente (…)”.

SENDERO ADMITE ASESINATO DE PEDRO HUILLCA

A los deudos del reconocido líder sindical Pedro Huillca Tecse, asesinado en la puerta de su casa el 18 de diciembre de 1992, el Estado los indemnizó con 270 mil dólares. Sin embargo, “El Diario” (edición N” 625 / diciembre de 1992- enero 1993) reconoce la autoría del crimen como “una acción militar” de Sendero.

POR: CÉSAR REÁTEGUI



Top
Dictan impedimento de salida del país a mujer que atropelló y mató 2 jóvenes

Dictan impedimento de salida del país a mujer que atropelló y mató 2 jóvenes