DIFAMARON A BELAUNDE. DIJERON QUE NO TENÍA RESPETO POR VIDAS HUMANAS

Extranjeros que perseguían a militares asesoraron a la CVR

En carta, Abimael Guzmán agradeció a Yonhy Lescano por su solidaridad en problemas derivados de la subversión.

Extranjeros que perseguían a militares asesoraron a la CVR
  • Fecha Domingo 29 de Septiembre del 2019
  • Fecha 11:19 am

POR: CÉSAR REÁTEGUI.

Como narramos anteriormente, entre el Gobierno de Valentín Paniagua Corazao y los cabecillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se dieron reuniones secretas que concluyeron con la eliminación del marco jurídico antiterrorista creado por el expresidente Alberto Fujimori.

A través de Javier Ciurlizza Contreras, enviado del entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, a la Base Naval, los genocidas pudieron enterarse antes que nadie de la creación de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación” (CVR), que integró Carlos Tapia, personaje muy cercano a Abimael Guzmán y Augusta La Torre (a) “Norah” en los días en que el Movimiento de Iniciación de la Lucha Armada (ILA) formaba sus primeros cuadros de lo que sería la red terrorista más cruenta del pasado siglo.

Cabe recordar que durante uno de los diálogos entre Ciurlizza y el sátrapa, este último comentó con su interlocutor las gollerías que les venían otorgando y las consideraba “méritos de este gobierno, esa voluntad de tratar políticamente y darnos un trato más acorde y afín (…) ”.

Fue así como la CVR siguió el mismo libreto utilizado en El Salvador, donde una “comisión“ similar, en su informe final, trató a los criminales del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) como fuerza beligerante legítima y acusó al régimen del presidente Alfredo Cristiani de ejecutar un “terrorismo de Estado”.

Así se encarceló a cientos de militares por “violación de los derechos humanos”. En el Perú se hizo lo mismo.

En 1990 la CVR tuvo como mentores a Diego García Sayán, Carlos Chipoco y Álvaro de Soto, entonces secretario de Javier Pérez de Cuéllar, durante los diez años que este permaneció en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y quien también estampó su rúbrica en la creación de la CVR como presidente del Consejo de Ministros del paniaguato, años después.

Lo extraño de esta trama es que mucho tiempo después de la presentación del “Informe Final” de la CVR -el 28 de agosto de 2003- ciertas ONG caviares admitieron que se asociaron con la CVR para darle las pautas y enrumbarla. Entre esas ONG destaca el Centro Internacional para la Justicia Transicional -uno de cuyos directivos es Ciurlizza-, que se asoció a la CVR con el fin de indicarle el camino a seguir, aportando el marco conceptual y doctrinario en materia de reparaciones y persecuciones penales contra los militares, policías y miembros de las rondas campesinas que combatieron al terrorismo y que supuestamente durante Operaciones Especiales de Inteligencia cometieron delitos de lesa humanidad.

Esas ONG incluyeron en sus denuncias a Fujimori y a Vladimiro Montesinos, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

La asociada principal, Lisa Magarrell, fue la persona que dirigió la estrategia antimilitarista en el Perú desde agosto de 2001 hasta el cierre del trabajo de la CVR, cuando el extraditable Alejandro Toledo estaba en el poder. En ese período más de una decena de consultores extranjeros de ese organismo supranacional con experiencia en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala dieron insumos tanto a la CVR como a las ONG y dirigentes de la secta caviar sobre diseño de bases de datos, metodología de la investigación, derecho humanitario, práctica de audiencias públicas y políticas de reparación.

De esta manera se impulsó durante el gobierno de Toledo un uso politizado de la defensa de los derechos humanos al victimizar a los terroristas y satanizar al Estado cuando fue conducido por Alberto Fujimori, y representado por las Fuerzas Armadas, la Policía y personal de Sistema de Inteligencia Nacional, para finalmente obligar a los jueces a liberar subversivos, indemnizarlos con ingentes cantidades de dinero y poner tras las rejas a quienes defendieron el Estado de Derecho y la  democracia.

OSCURANTISMO

Con el advenimiento del “gobierno transitorio” de Paniagua y su camarilla caviar (también conocidos como los “cívicos”), las Fuerzas Armadas fueron presas de un oscurantismo parecido a la marejada de paranoia que dominó el reinado del zar Nicolás I de la imperial Rusia, donde todo era objeto de sospechas.

Esta vez todo militar que ocupaba algún cargo de responsabilidad y aquellos que fueron ascendidos durante el último año en que permaneció Fujimori en Palacio fueron, sin mayor explicación, dados de baja. No faltaron quienes imitaron a “Felpudini”, formando una logia de adulones señalando a diestra y siniestra a quienes por diversas circunstancias se vieron vinculados a Vladimiro Montesinos y los generales EP (r) Nicolás Hermoza Ríos y Walter Chacón.

Uno de los oficiales de limpia trayectoria a quien se le pasó al retiro injustamente fue el general EP (r) Otto Guibovich. Luego de un engorroso proceso, el jefe militar fue reincorporado a la actividad.

Paniagua nombró ministro de Defensa al general de brigada EP en situación de retiro Walter Ledesma Rebaza, quien cuando era comandante y jefe de un batallón de Infantería con guarnición en el norte del país permitió que el galpón del cuartel fuera usado por una banda de reducidores de vehículos como centro de operaciones. Es decir, Ledesma, como se dice en el argot popular, “estaba en la luna”.

Debido a una indiscutible falta de control del personal a su cargo, no tuvo ni la más remota idea de que los soldados de su batallón integraban una peligrosa organización criminal.

Los caviares enquistados en Palacio de Gobierno, conocedores de esos antecedentes, por su carácter bonachón -más bien pusilánime-, lo doblegaron sistemáticamente y se desató la primera oleada de persecución de militares acusados de haber violado los derechos humanos.

De otro lado, a diferencia de la Marina y la Fuerza Aérea, se dio el caso de oficiales del Ejército que para lograr un espacio en el cogollo palaciego delataron a sus propios compañeros de armas dando los nombres o seudónimos con los que combatieron a la subversión.

Pocos salieron en defensa de las Fuerzas Armadas, entre ellos Ántero Flores-Aráoz, Javier Valle Riestra, Alberto Valencia Cárdenas y Rafael Rey Rey, a quienes por su trayectoria, la secta caviar no se atrevió a tildarlos de “fujimontesinistas”.

Igualmente, solo unos cuantos abogados asumieron la defensa de “los violadores de derechos humanos”. Entre ellos César Nakazaki, Jorge Sifuentes Dufaut, Estuardo Malpica, Ernesto Vera Tudela, David Calderón Suclla y Jorge Carrera.

Genocida agradece a obispo y congresista

En una carta enviada por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre Revoredo (a) “Miriam” el 15 de marzo de 2002 se lee: “Elevamos nuestro más respetuoso agradecimiento a monseñor Luis Bambarén, obispo de Chimbote y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, reconociendo su preocupación por contribuir a la solución del problema a través de su generosa invocación y de su desinteresada aceptación a venir a reflexionar, alturados gestos pastorales que constituyen signos (…) de mayor comprensión y acercamiento de la Iglesia. Hacemos además nuestro agradecimiento a la (…) labor humanitaria del CICR de la Cruz Roja Internacional, a la acción de la Defensoría de Pueblo y a los dignos oficios del congresista doctor Yonhy Lescano, quienes (…) coadyuvaron a la solución (…)”.

ATAQUE A FUERZAS ARMADAS

En la conclusión N° 58 de su informe, la CVR afirma que, por decisión de la autoridad civil, el objetivo de las Fuerzas Armadas fue acabar en el más corto plazo posible con el terrorismo, sin importarle el costo de las vidas humanas.

Agrega que, cuando el extinto general EP Clemente Noel Moral asumió la jefatura del Comando Político Militar de Ayacucho, arremetió contra las ONG defensoras de los derechos humanos, acusándolas de ser colaboradoras de Sendero.

CONTRA EXPRESIDENTE

La CVR también arremetió contra el exmandatario Fernando Belaunde Terry, al asegurar que cuando recibió una carta de Amnistía Internacional en la que se denunciaban excesos de la lucha antisubversiva no le dio importancia y dijo que echaría las cartas “directamente al tacho de basura”.

FALSA DENUNCIA

La afirmación de la CVR contra Belaunde es falsa y difamatoria contra un auténtico demócrata reconocido internacionalmente. No muestra la orden de “terminar rápidamente con el conflicto”. Lo que hace es concatenar conjeturas y supuestos para maliciosamente llegar a dicha conclusión.

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