Juzgan como nazis a militares que lucharon contra terrorismo
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El 20 de noviembre de 1945 el Tribunal Militar Internacional (TMI) creado por la Carta de Londres inició el célebre proceso de Nuremberg, Alemania, contra 24 genocidas – once de los cuales fueron sentenciados a pena de muerte – por ser autores de atrocidades y crímenes en agravio de millones de judíos durante la Alemania hitleriana.

El juicio se realizó en el mismo lugar donde en 1935 se dio la siniestra Ley de Protección de Sangre y Honor Alemán que anuló los derechos civiles. Cincuenta y cinco años después, en el Perú, durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, la red neo marxista infiltrada en nuestros tribunales  de justicia respaldada por Diego García Sayán, entonces ministro de Justicia, y ONG de la secta caviar sientan en el banquillo de los acusados a heroicos militares que combatieron  a Sendero y al «Movimiento Revolucionario  Túpac Amaru» bajo similares argumentos a quienes, por cumplir peligrosas operaciones especiales de inteligencia  en defensa de la democracia y el Estado de derecho, son acusados de supuestos delitos de lesa humanidad, luego de haber enfrentado a la subversión en el marco de una guerra atípica (asimétrica) frente a un enemigo invisible.

Muchos de estos héroes anónimos no soportaron la presión y humillaciones y murieron sin probar su inocencia. Ese fue el dramático caso del general EP (r) Roberto Clemente Noel Moral, quien falleció de un ataque cardíaco cuando estaban a punto de sacarlo de su residencia para encarcelarlo tras haber sufrido más de 20 años de un ominoso proceso judicial.

INTROMISIÓN NEO MARXISTA

Ni bien asumió el cargo de ministro de Justicia Diego García Sayán, lo primero que hizo fue firmar dos resoluciones clasificadas con el rótulo de «estrictamente secreto», que conmutaron penas y rebajaron sentencias a cientos de terroristas.

Una semana después estampó su rúbrica en 11 resoluciones supremas más publicadas en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2000, indultando a más subversivos. Tres días más tarde se difundieron 8 resoluciones con ese mismo fin: liberar a terroristas culpables y confesos.

El 10 de diciembre del mismo año aparecen en El Peruano 10 nuevos dispositivos para otorgar libertad a condenados en el fuero militar por traición a la patria.

EN 1974, García Sayán, como «comisario»  del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) junto con Edmundo Murrugarra, no logró controlar un congreso de la Confederación Nacional Agraria (CNA) en Ica, por la férrea oposición del Partido Socialista Revolucionario (PSR)  y elementos del Partido Comunista moscovita, y con Paniagua y Toledo se convirtió en el sumo pontífice de Sendero y el MRTA, tomando el control absoluto del Poder Judicial.

Para ello coordinó con las ONG, que desde tiempo atrás eran el brazo legal de las redes terroristas, y estas, especialmente el Instituto de Defensa Legal (IDL), dirigido por Carlos Rivera Paz  -conocido militante del  Partido Unificado Mariateguista (PUM)- y leguleyos, empezaron a dictar «cursillos» de actualización sobre delitos contra derechos humanos bajo el pretexto de ofrecer su respaldo académico, social y de promoción a los magistrados anticorrupción.

Allí asistieron los jueces Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Castañeda Otasu, Carlos Ventura Cueva, entre otros, en cuyos despachos procesarían a la mayoría de militares y policías integrantes de las fuerzas antiterroristas.

Es en esas circunstancias que el expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, Marcos Ibazeta, presintiendo la suerte que corrían los agentes antisubversivos declara ante los medios de comunicación: «Las ONG deben sacar la mano del Poder Judicial». Por su parte. el ex diputado aprista José Barba Caballero denunció: “El presidente Paniagua y su ministro Diego García Sayán le dan la mano a Sendero para poner en la calle a terroristas con resoluciones secretas y eso no lo pueden negar».

Meses después Francisco Diez Canseco Távara, hoy presidente de Perú Nación, calificó de irresponsables las declaraciones de García Sayán, quien minimizaba las masivas liberaciones de senderistas y emerretistas afirmando que las críticas en su contra eran parte de una campaña impulsada por un sector político afectado en actos de corrupción.

«No hay ninguna campaña contra Paniagua ni contra Diego García Sayán. En todo caso la única campaña de mentiras es la de los rojos pitucos que intentan desinformar a la opinión pública. No me sorprende ningún juego de un sujeto al que se le ha demostrado con pruebas que liberó terroristas, pero sigue mintiendo descaradamente», respondió Diez Canseco Távara.

Posteriormente- el hoy columnista de EXPRESO – pidió que García Sayán no sólo sea investigado por el Congreso, sino que el Ministerio Público y el Poder Judicial inicien un proceso para determinar cómo consiguió ingentes cantidades de dinero para las ONG defensoras de derechos humanos.

“No obstante que la izquierda caviar mantiene aún su telaraña dentro del aparato judicial, creo que en el Poder Judicial hay una mayoría de gente proba, capaz y honesta que ha rechazado presiones de las ONG de la izquierda caviar y que podrían averiguar, por ejemplo, como estos consorcios rojos y la Comisión Andina de Juristas de García Sayán se apropiaron de más de 3 millones de soles», afirmó.

NO FUE SOLO

Cuando García Sayán fue convocado por el Poder Legislativo no fue solo, llevó como escudero un ballet caviar de primer nivel: Valentín Paniagua, el fraile Hubert Lanssierss, Jorge Santistevan de Noriega y Mariano Valderrama entonces director de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) organismo que supuestamente debe controlar las millonarias remesas que reciben del exterior las ONG. En tiempos de Toledo, a raíz de una acusación constitucional planteada por Francisco Diez Canseco Távara, García Sayán fue investigado, pero el caso fue archivado durante el régimen aprista.

AUTORES MEDIATOS

Claux Roxin, prestigioso hombre de leyes, a raíz  del proceso a Eichmann desarrolló la teoría por la cual «cuando en base a órdenes del Estado, soldados u otros funcionarios públicos cometen delitos, (…) entonces los ejecutores directos deben ser castigados como autores inmediatos  y serán autores mediatos los que dieron las órdenes porque controlaban la organización (…) y tuvieron en el hecho incluso más responsabilidad que los ejecutores (…), la razón es que es, que tratándose de una organización criminal -como  lo era la Gestapo-, la realización del delito depende de los singulares ejecutores.

Dicha teoría, totalmente distorsionada, pues no era política del Estado aniquilar personas por su religión, raza o ideología política, fue aplicada por los jueces – bajo presión  de las ONG  de la secta caviar-  a militares que planificaron  y / o ejecutaron  acciones antisubversivas e incluso a asesores de inteligencia y al propio expresidente Alberto Fujimori por su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales, debiendo en todo caso ser juzgado en el fuero militar, pues se vivía una guerra interna declarada por Guzmán Reynoso y Polay Campos contra el Estado peruano.

Es decir, quienes defendieron la democracia fueron colocados al nivel de los criminales nazis que, obedeciendo una política de Estado ordenada por un demente, asesinaron a millones de personas y obligaron a sus propios soldados a morir antes de recibir transfusiones de sangre ofrecida por judíos.

CONVENIO IDL-PUCP

Históricamente los pueblos vencedores honran a sus guerreros y sus ejércitos. Las grandes victorias bélicas la escribieron conjuntamente civiles y militares. En Chile ni la “prusianización», con la llegada de la misión Koernert y Booner a fines del siglo XIX separó al pueblo de sus fuerzas armadas.

Los políticos jamás permitieron que los gobernantes y mucho menos que organizaciones no gubernamentales, como las que operan en el Perú subvencionadas desde el extranjero, mancillen, difamen y persigan a los miembros de sus instituciones tutelares que garantizan su seguridad interna y soberanía.

El sistema judicial chileno no persiguió a quienes por razón de sus cargos efectuaron acciones represivas contundentes contra los promotores de la infiltración marxista en su país a raíz de la irrupción del desaparecido expresidente Augusto Pinochet Ugarte, que asumió el mando luego del golpe militar del 11 de setiembre de 1973.

En el Perú el delincuente Alejandro Toledo hizo «la vista gorda» cuando el Instituto de Defensa Legal (IDL) de su amigo Gustavo Gorriti y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con el respaldo de los «cívicos» firmaron un convenio de indiscutible sesgo antimilitar. Ello no resulta extraño para quienes saben que desde los años 70 del pasado siglo bajo la batuta del cura Felipe Mac Gregor se cobijó en esa casa de estudios a la entonces naciente corriente caviar.

Ese acuerdo originó que se difundieran  en las aulas escolares  las conclusiones del trabajo de la espuria Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR) criticada por prestigiosos  juristas y  por carecer de rigor científico y que sólo evidencia  la directa interferencia neo marxista y la anuencia de los caviares enquistados en el Ministerio de Educación.

INFORME CVR EN CURSOS ESCOLARES

El diario oficial El Peruano, en su edición del 14 de octubre de 2005, bajo el título “Informe de la CVR en las escuelas», reveló esta nueva afrenta contra las Fuerzas Armadas y policiales.

Idel Vexler, entonces viceministro de Gestión Pedagógica anunció ese día: “Ese material educativo podría usarse en los cursos de Ciencias Sociales y Personal Social. En esta primera etapa esperamos llegar a unos 22,000 estudiantes de primaria y secundaria”.

POR: CESAR REATEGUI

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