Los Humala-Heredia bloquearon el proyecto Conga de Cajamarca

La pelota ahora está en la cancha del presidente Vizcarra, después de la compra de Michiquillay por Southern Perú, para reactivar la ejecución del cinturón minero del norte.

Conforme pasan los años recién nos enteramos de primera fuente de los nuevos personajes que bloquearon el proyecto minero Conga que hubiera permitido una inversión de alrededor de 4,600 millones de dólares y que habría cambiado el curso de la economía de Cajamarca y de todo el cinturón minero de la región, y la economía nacional de nuestros días no tendría tantos apremios con los recurrentes déficits fiscales.

¿Por qué fracasó un proyecto de vanguardia tecnológica como fue el de Conga en Cajamarca? Porque hubo una conspiración urdida en el 2011 por los nuevos inquilinos de Palacio de Gobierno –Ollanta Humala y Nadine Heredia- para satanizar la concesión de Conga firmada por el expresidente Alan García y de esa forma presentarse como los adalides de una “nueva minería” que supuestamente dejarían como un ‘legado’ para las nuevas generaciones, según una investigación testimonial del economista César Humberto Cabrera. (*).

Por eso es que en el Foro Mundial Económico llevado a cabo en Davos, Suiza, en enero del 2012, el presidente Humala dijo que su gobierno sentó las bases para una actividad minera renovada, donde las empresas tenían como tareas prioritarias el respeto al medio ambiente y el desarrollo social.

El punto de partida del nuevo credo se basaba, según dijo, en la convivencia de las actividades extractivas no renovables, como la minería, con las renovables como la agricultura, ganadería o la agroindustria.

Este nuevo ambientalismo que buscaba diferenciarse del Apra hasta en materia de nuevos impuestos al sector, trataba de presentar a los Humala-Heredia como los nuevos defensores de los campesinos, de sus lagunas y del agua de Cajamarca, obviamente por encima de Patria Roja y Gregorio Santos del MAS y de los antiextractivistas liderados por Marco Arana de la ONG Grufides y de su partido Tierra y Libertad.

Era un juego de supremacías políticas a inicios del gobierno nacionalista en que la pareja presidencial quería aparecer como más “consecuente” que el propio gobernante regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que a inicios del proyecto Conga fue colaboracionista con Yanacocha, al igual que su anterior partido, Patria Roja.

A EXIGENCIA DEL EJECUTIVO

¿Que el radicalismo antiminero no hizo lo suyo y también puso los

muertos? Claro que sí. Pero esa es historia conocida. Y a estas alturas sería ocioso hacer una cronología de las huelgas y movilizaciones que llevaron a la paralización de Conga desde aquel 31 de marzo del 2010 en que se realizó una audiencia pública en el caserío de Chailhuagón para explicar –en vano- el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga.

Precisamente los dirigentes radicalizados pidieron, de menos a más, la revisión del citado EIA y, al alimón, denunciaban que el proyecto afectaría a cuatro lagunas: Azul, Perol, Mala y Chica. La empresa respondió que construiría cuatro reservorios para reemplazar el agua de las lagunas, las mismas que tendrían una capacidad tres veces mayor para el consumo humano y las actividades agrícolas. Una negativa rotunda fue la respuesta.

No era un tema “cultural” de “pueblos originarios” en una región que debe ser la de mayor influencia española en la sierra, como lo sostiene

Cabrera, sino que la irracionalidad política y el obviar todo debate técnico fue creciendo día a día –por la politización del caso- hasta que empezó el conflicto.

Una confrontación que llegó a su punto más alto con la huelga indefinida del 24 de noviembre que exigía la inviabilidad del proyecto Conga y la prohibición de la actividad minera en las cabeceras de cuenca de los ríos.

El movimiento antiminero –al margen de sus divisiones- politizó en forma magistral el conflicto, sacándolo de los linderos de Cajamarca hasta llevarlo a Palacio de Gobierno, por lo que al sexto día de la paralización la minera Yanacocha anunció la suspensión temporal de las actividades del proyecto Conga a exigencia del Ejecutivo.

¿Qué había pasado? Los revoltosos, que incluían a activistas de Sendero Luminoso y exemerretistas -no los campesinos- primero habían vencido en el terreno de la movilización de masas, luego, con el apoyo de los Humala-Heredia, lograron persuadir a los pobladores de que, con ese proyecto, la mina los afectaría irremediablemente con la contaminación del agro y la muerte del ganado.

En el ínterin, la pareja presidencial, como carecía de argumentos técnicos para mejorar el proyecto Conga (toda vez que habían mutado del “agua sí oro no” al “Conga va”), cayó en manos de los antiextractivistas que ellos mismos los habían instalado en el Ministerio del Ambiente quienes planteaban no mejorar el proyecto sino cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En una situación tan crítica, por no decir caótica, con una izquierda que manejaba el Gabinete con Salomón Lerner Ghitis y Ciudadanos por el

Cambio, con una estrategia negociadora que no llegaba a acuerdos ni de la libertad de tránsito en la región, menos sobre la suspensión del paro, se vino –como manotazo de ahogado- la declaratoria del estado de emergencia desde las cero horas del 5 de diciembre de ese fatídico 2011.

En consecuencia, el gabinete Lerner cae sin pena ni gloria un 10 de diciembre de ese año. Y en la noche del día siguiente, cuando juramenta el nuevo premier -Óscar Valdés Dancuart-, anuncia que el gobierno convocará a un peritaje internacional del EIA de Conga para evaluar una vez más la viabilidad del proyecto.

Lo que siguió, amigo lector, es de antología. En abril del 2012 el peritaje concluyó que el EIA fue elaborado de acuerdo a los estándares internacionales. Y “que los eventuales impactos sobre la cantidad y calidad del agua habían sido bien calculados y que las compensaciones por dichos impactos habían sido correctamente estimadas”.

Los expertos no plantearon ninguna objeción a la reubicación de las cuatro lagunas (Azul, Perol, Mala y Chica) porque no alteraban el agua disponible de las cuencas ni el funcionamiento del sistema hídrico del proyecto. Sin embargo, sugirieron aumentar el volumen del agua disponible en los reservorios e incrementar la inversión social, entre otros detalles no sustantivos. Nada de esto le gustó a los Humala-Heredia ni a los antiextractivistas del Ministerio del Ambiente.

En cambio la empresa estuvo de acuerdo con las conclusiones del peritaje, destacando que el EIA estaba bien hecho, con el agregado de que se comprometía a estudiar una eventual reubicación del depósito de escombros, y, en caso de no encontrar un lugar más adecuado, optaría por aumentar el agua disponible en los reservorios, es decir, en la práctica hacía suyas las conclusiones del peritaje de los expertos internacionales.

Sin embargo, cosa curiosa, los ministros del Ambiente, Javier Pulgar- Vidal, y Jorge Merino, de Energía y Minas, expresaron su incomodidad ante los  anuncios de la empresa. Este último declaró en forma imperativa que la empresa trasladara la escombrera o dejara el proyecto (La República 27/4/12).

Es así como no solo el proyecto de EIA sino el informe del peritaje internacional promovido por el mismo Gobierno se fue al cadalso, lo cual era muestra de la inoperancia del Estado de derecho que no garantizaba ni el respeto de las concesiones ni la propiedad privada. Tanto es así que la “justicia” había caído en manos del violentismo antiminero y rondero que se daba el lujo de restringir totalmente las libertades individuales e incluso prohibir la venta de tierras a las mineras.

Pasados los meses los Humala-Heredia quebraron la relación del Gobierno con Yanacocha. Para entonces “el Gobierno Central ya se había rendido y no estaba en condiciones de garantizar nada, ni la construcción ni la operación de una sola mina en el norte del país”, escribe Cabrera en la página 436 de su libro.

Por eso es que hasta el gobernante regional Gregorio Santos, que había liderado las asonadas, en un momento de franqueza tardía dijo en su entorno que el líder nacionalista había transformado un problema técnico de Conga, fácil de solucionar, en un problema social y político que no paró hasta lograr la inviabilidad del proyecto.

LAS ÚLTIMAS ESPERANZAS

Aun así, los activistas antimineros habían puesto sus últimas esperanzas de reactivación del conflicto en el bloqueo de la construcción del reservorio de Chailhuagón, en circunstancias en que los llamados guardianes de las lagunas ya se habían dispersado en forma silenciosa desde el 2012 e inicios del 2013. En ese nuevo escenario era obvio que las movilizaciones ya no tenían fuerza ni relevancia. Es por eso que la empresa siguió trabajando dicho reservorio.

Cuando la empresa gana la batalla de Chailhuagón, se vino otro problema, pero de naturaleza externa, como veremos después: “la caída de los precios del oro y el cobre podía impedir seguir adelante con la inversión”. (pág. 436).

MODO ODEBRECHT

Para entonces Humala y su consorte ya estaban en modo Odebrecht y responsabilizaban de todo a la minera y exigían en forma esporádica, con apoyo del Ministerio del Ambiente, más cambios al proyecto.

¿De qué se trataba el cambio? De la ubicación del depósito de desmonte “para no trasladar dos de las cuatro lagunas al desarrollar las instalaciones mineras”, medida que no era sustancial pero que, salido de los cerebros del citado ministerio, se vendía como la reformulación del proyecto Conga y el advenimiento de la “nueva minería”.

Yanacocha respondió asegurando que habían estudiado el eventual traslado del depósito de escombros e incluso optaba por ampliar los reservorios y dar más agua, pero ya era tarde. Todo estaba consumado. Y es que atrás quedaba el peritaje internacional mientras Humala sacaba el nuevo argumento de la falta de licencia social de la mina.

Hasta que en el primer trimestre del 2014 Minera Yanacocha en forma escueta anunció la suspensión del programa de exploración. Y es que

desde fines del 2012 y más claramente a partir de los primeros meses de 2013 empezó la caída drástica de los precios de los minerales, en especial del oro y el cobre, marcando el fin del clásico ciclo expansivo. En esos meses la onza de oro baja de 1,800 dólares la onza (último trimestre de 2012) a 1,200 dólares la onza (a mediados de 2013).

De esa forma se perdieron US$ 1,700 millones en inversión en las fases preliminares del proyecto, y se perdieron US$ 4,800 millones que costaría todo el proyecto, recursos que hubieran sido tan necesarios para aliviar la actual economía de crisis y los déficits de la caja fiscal.

 ¿HABRÁ UNA DECISIÓN POLÍTICA DE VIZCARRA?

Ese mismo factor de mercado que puso el puntillazo final del

proyecto Conga ha empezado a mejorar en lo que a minerales se refiere, en especial el oro y el cobre, como sostiene Madeleine Osterling, exejecutiva de Volcan. Y –agregamos nosotros- también la nueva realidad del Perú con la caída del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y la asunción del vicepresidente Martín Vizcarra, conocido en el mundo minero por su posición pragmática para solucionar los conflictos sociales.

Si Vizcarra tomara la decisión política de retomar la actividad minera en el norte del Perú, en especial Cajamarca, con mayor razón después de la compra del yacimiento de Michiquillay por Southern Perú, por un monto de US$ 2,000 millones, otra será la realidad de Cajamarca y del mismo  proyecto Conga. Y, por extensión, otra sería la realidad de Arequipa con Tía María y otras minas paradas por problemas mil. Solo falta esa decisión.

 

AÑO MALDITO

El año 2011 será recordado a futuro como el año maldito de la minería peruana. Porque no solo se frustró Conga, sino –con el mismo esquema y prácticas- otros proyectos como Galeno, también en Cajamarca, con una inversión estimada de US$ 2,500 millones; Los Chancas de Southern en Apurímac; Cañariaco en Lambayeque; Magistral de Minera Milpo en Áncash; Mina Justa en Marcona-Ica; el proyecto Quecha, en Espinar, Cusco, y otras siguieron el mismo curso en los años donde la más saltante es Tía María de Arequipa.