ONG acosan a militares que combaten terrorismo
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En junio de 1963 surge en Simacota, Colombia, el denominado «Ejército de Liberación Nacional” (ELN) creado por el cura español Manuel Pérez (a) «Poliarco» e integrado por terroristas que inician una escalada de asesinatos y destrucción de centros productivos para luego, con el correr de los años, dedicarse a la elaboración de cocaína.

El 19 de marzo de 1987 el capitán EC Germán Cataquiva García se gana la adhesión de los pobladores de esa región y sin disparar un solo tiro consigue desalojar a los terroristas, quienes -al fracasar en el campo militar- optaron por la ofensiva legal con el apoyo de ciertas ONG defensoras de los derechos humanos.

El capitán Cataquiva es acusado de dirigir un «escuadrón de la muerte» al ser señalado por falsos testigos y, pese al testimonio de los deudos de las víctimas de los narcoguerrilleros del ELN, acaba encarcelado, perdiendo así las fuerzas armadas colombianas un valioso oficial.

Ese fue el primer caso que se registra de militares condenados por presión de las ONG convertidas desde esa fecha en brazo legal de los terroristas. Hechos similares se producirían poco tiempo después en El Salvador, Guatemala, Honduras, y México, donde dichos organismos no gubernamentales no han dejado de perseguir a los agentes del orden.

En el Perú, con el incondicional respaldo  de Valentín Paniagua y especialmente del prófugo Alejandro Toledo, ejerciendo todo el poder que este les dio, siempre han acosado y perseguido  a quienes en defensa del Estado de derecho han combatido a las huestes  criminales de  Sendero y del «Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA), desacreditando a nuestras Fuerzas Armadas  y Policía antiterrorista y propiciando el encarcelamiento de sus miembros, acusándolos de supuestos delitos de lesa humanidad. Con ese pretexto, enjuiciaron a miles de oficiales y subalternos.

Solo por el hecho de haber cumplido sus servicios en el Frente Huallaga, en el período 1989-94, fueron procesados bajo presión de las ONG, 161 oficiales y 69 técnicos del Ejército en actividad.  Asimismo, 186 oficiales, 81 suboficiales y 121 soldados, o sea un total de 618 militares. En la actualidad, más de 2 mil miembros de las Fuerzas Armadas continúan sentados en el banquillo de los acusados, en su mayoría tras las rejas, pues quienes los juzgan no toman en cuenta que lo que se vivía en el Perú era una guerra atípica, es decir ante un enemigo invisible.

La mayoría de ellos han sido condenados en base a testimonios falsos de campesinos que recibieron la visita de emisarios de ciertas ONG dirigidas por sujetos de reconocida trayectoria ultraizquierdista, quienes les plantearon que solo acusando a los militares y policías recibirían indemnizaciones por la muerte de sus familiares asesinados por Sendero, pues si señalaban a elementos de las redes terroristas no recibirían nada del estado.

De esa manera, repitiendo la táctica que en Colombia condujo a prisión al general EC Álvaro Velandia Hurtado, entonces jefe de la III Brigada de Cali, los defensores de los derechos humanos en el Perú han condenado a ilustres oficiales.

EN EL PERÚ

En el Perú la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) une a 61 ONG, entre las que sobresalen el Instituto de Defensa Legal (IDL) -del que nos ocuparemos posteriormente – el Centro de estudios y Acción por la Paz (Ceapaz), el Instituto Peruano de Educación de DD. HH., Amnistía Internacional – Sección Perú, Justicia Viva, entre otras.

La primera de las nombradas alcanzó notoriedad por su acérrima defensa de la exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Leonor La Rosa y que envió injustamente a la cárcel a ilustres militares, pues posteriormente se determinó que la susodicha jamás fue torturada. Sin embargo, durante el régimen chakano recibió una indemnización de 150 mil dólares y se fue a Europa, de donde nunca regresó

Todas estas ONG giran alrededor de  organizaciones supranacionales como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, Perú Syupport Group (Reino Unido),  y su oficina en Washington para América Latina (WOLA), cuyo principal gestor Lans Goodman propició proyectos antimilitares, y de las cuales reciben millones de dólares que escapan al control estatal.

HRW sostenía en tiempos de Toledo más de cien «investigadores», abogados, sociólogos, antropológicos y activistas de ultraizquierda, dedicados exclusivamente a ubicar a familiares de terroristas dispuestos a atestiguar contra miembros de las Fuerzas Armadas. Es solventada por George Soros mega especulador conocidos a en todo el mundo y cuyos directivos pretendieron convertir al genocida Abimael Guzmán en » luchador social».

Esas ONG denominaron a José Rahinsa, cabecilla maoísta del Movimiento Sin Tierra (MST), “preso de conciencia», olvidando los horrendos crímenes que cometió en Brasil.

A ellos se unió la Comisión Andina de Juristas (CAJ), presidida por Diego García Sayán, quien en 1992 prologó el libro «Perú Under Fire» («Perú bajo fuego»), dedicado a criticar las acciones contrasubversivas y cuyo fin era conseguir que el gobierno estadounidense cortase toda ayuda al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

En 1996 dicho organismo realizó el simposio internacional “Estudios Científicos actuales del consumo de Coca en Humanos», cuyo principal expositor fue el antropólogo británico Anthony Henman, director de Drug Reform, principal narcolegalizadora de Europa.

Sin control estatal

Con el fin de conocer  el uso de dineros llegados del exterior y combatir el «blanqueo» de narcodólares, el Estado creó por Ley N° 27692 la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI), designándose al Ministerio de Relaciones Exteriores como el organismo competente para gestionar y oficializar la cooperación técnica, señalándose que “para fines de transparencia deben darse a conocer públicamente los proyectos, programas, actividades así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación internacional privada”.

Cuando el Congreso – en tiempos de Alan García – exigió al APCI información al respecto, para conocer cuánto dineros llegaba a las ONG, el APCI respondió que no contaba con presupuesto suficiente para una buena fiscalización, “ejerciendo dicha labor por muestreos».

De otro lado, mediante sentencia del Tribunal Constitucional (expediente N° 00009- 2007), APCI se vio afectada en su potestad sancionadora y fiscalizadora.

Actualmente existe un vacío legal debido a que solo puede ejercer control sobre aquellas organizaciones de cooperación técnica internacional que se gestione a través del Estado peruano y que gozan de algún beneficio tributario que la ley establece. Por tanto, las ONG que gestionan cooperación internacional sin participación de entidades estatales no están sujetas a control.

Cuando el Congreso trató el tema de las 4,265 ONG que reciben apoyo económico del exterior solo 837 figuraban en el registro de APCI.

Ante ello, en el Congreso se planteó que debería establecerse “puentes de comunicación (consultas) con el Tribunal Constitucional para darle viabilidad a las propuestas que se presenten «.

Actualmente es imposible conocer si las ONG son instrumento del lavado de activos por parte de organizaciones ilegales del exterior.

Perfil de un inquisidor

Como narraremos en posterior edición ni los héroes de la Operación «Chavín de Huántar» se libraron de la persecución de ciertas ONG controladas por la secta caviar y funcionarios del régimen del impresentable Toledo, entre ellos el procurador de Derechos Humanos Ronald Gamarra Herrera, quien destacó por la tenacidad en sus argumentos contra valerosos militares que se enfrentaron a Sendero y el MRTA. Él se hizo conocido por ser un abogado experto en armar expedientes que llevaron a prisión a numerosos militares y policías.

Pero, ¿quién es este personaje hoy convertido en columnista? Basta leer su tesis en el Programa de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulada “Clase Obrera, Derecho de trabajo» (1983), para comprender sus principios ideológicos. Allí el exprocurador elogia la lucha de clases y conflictos violentos que promueven ciertos dirigentes sindicales para detener los centros de producción de quienes consideran capitalistas explotadores.

Cercano colaborador del desaparecido líder ultraizquierdista Javier Diez Canseco, años después Gamarra defendería a Nancy Ruiz Cano, capturada el mismo día -12 de septiembre de 1992 – que efectivos de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) detuvieron a Abimael Guzmán Reinoso.

A Nancy Ruiz, de acuerdo con el expediente N° 00292, se le encontró armamento de largo alcance en su dormitorio, por lo que inicialmente un tribunal militar la condenó a cadena perpetua. Salió luego de un nuevo proceso como muchos acusados de terrorismo.

Gamarra también fue representante legal de Genaro Cáceres Camones (expediente N° 069/ 93) procesado por integrar una columna senderista que dio muerte a campesinos en Piscobamba, Mariscal Luzuriaga, Áncash, el 24 de agosto de 1993. A este individuo jueces militares lo condenaron a 15 años de prisión y también salió libre cuando se cambió el marco legal por acción de la secta caviar.

DEFENDIÓ A TERRORISTA JUAN CHUCHÓN
En su edición del 24 de mayo de 2002 un diario local cita a Gamarra en los juicios seguidos contra Juan Chuchón Zea, acusado de traición a la patria. El atestado policial elaborado por la Dincote señala que el subversivo tenía un arsenal lleno de granadas, mechas de explosivos y cacerinas de fusil FAL en el jardín de su vivienda en Canto Grande (San Juan de Lurigancho).

POR: CESAR REATEGUI

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