ONG frustraron operación «Aries» y captura  de «Artemio»
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Ni bien Alberto Fujimori ocupó la Casa de Pizarro en julio de 1990, asesorado en el campo militar por Vladimiro Montesinos, convocó a  los altos mandos militares, con quienes acordó tres objetivos estratégicos: la liquidación de los núcleos armados de las hordas terroristas («células»); un acercamiento efectivo a la población y el fortalecimiento de la moral y constante capacitación antisubversiva de las fuerzas del orden. El Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas acababan de delinear una estrategia para combatir a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Como parte de esa nueva política para la pacificación del país se desarrollaron una serie de acciones cívicas planificadas en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), entonces al mando del coronel EP (r) Alberto Pinto Cárdenas, que logró revertir el rechazo que tenían las comunidades hacía el Ejército por excesos cometidos especialmente por personal de tropa y que fueron debidamente sancionados.

Ni Sendero ni ciertas ONG  «defensoras de los derechos humanos» -como narraremos más adelante-  se quedaron con los brazos cruzados.

SL ASESINA A CAPITÁN

El 11 de agosto de 1992, como parte del acercamiento a la población emprendide por el Ejército, el comando del destacamento Leoncio Prado dispuso que el Batallón de Ingenieros Nro. 112 repare la Carretera Marginal ejecutando la Operación Shumanza, encargándose a las patrullas «Halcón «, » Rulo» y «Willy» que se internaran en la zona de Cachillacu.

La patrulla «Halcón» al mando del capitán EP Miguel Benavides Cumba fue recibida por ráfagas de metralleta dejando mal herido al oficial, quien pese a ello avanzó arrastrándose y abriendo fuego, pero fue alcanzado por una granada de mano y minutos después capturado por las huestes de Abimael Guzmán, quienes lo condujeron a una  casa abandonada y  lo asesinaron, tras torturarlo y quitarle su armamento. Luego huyeron hacia el río Huallaga.

El hecho, que ocupó las primeras planas de los diarios, se difundió en los canales de televisión y fue motivo de la protesta solitaria de Alberto Valencia Cárdenas y Ántero Flores Aráoz, destacados líderes políticos. Sin embargo, ningún representante de las ONG defensoras de los Derechos Humanos alzó la voz solidarizándose con el militar victimado por defender la democracia.

DESERTORES DE SENDERO

A  comienzos de 1994 una de las estrategias  de Sendero fue regular el mercado del narcotráfico y estableció un sistema centralizado de captación de dinero, capital humano y otros valores generados por el “boom» de la coca. Para ello, las cuencas del Huallaga y Ucayali eran supervisadas por «mandos» políticos, militares y logísticos  de la organización criminal que  contaba  con sofisticado armamento y equipos modernos de comunicación proporcionados por los carteles colombianos.

En esas circunstancias el general EP (r)  Alfredo Rodríguez Riveros planeó junto con su Estado Mayor una serie de operaciones militares y psicológicas perjudicando el accionar senderista que de cerca de mil seguidores en la zona, se redujo a 370 combatientes, según consta en los archivos del SIE.

“Nosotros no éramos una patrulla, sino un grupo. Tres arrepentidos de los cuales uno fue un mando muy importante. Todos íbamos vestidos como senderistas. Llegamos a una casa y entramos como si fuéramos camaradas, preguntamos cómo estaba el Partido, cosas en común hasta que el exmando les decía: ‘yo ya no soy del Partido me salí. Los señores que me acompañan son del Ejército (…)’ Antes de irnos les dábamos diez soles y les decíamos: piénselo, tome mi número de teléfono y me llama. Y en verdad, después llamaban y aparecían por el cuartel», relata el comando «Puma», del Ejército, en un documento al que EXPRESO tuvo acceso.

OPERACIÓN «ARIES»

Con  información fidedigna conseguida de senderistas arrepentidos que veían como eran asesinados hombres, mujeres y niños que se negaban a trabajar para el narcotráfico, el general Rodríguez Riveros planeó la Operación «Aries» que fue aprobada por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) y el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Su ejecución se realizaría en tres etapas: la primera consistiría  en apoyar con fuego de helicópteros la zona de Mantaro -Primavera- Colina -Muyuyuna. La segunda en desplazar las patrullas  «Pachas» y «Velero» y realizar acciones de bloqueo y engaño en Parayacu, Puca y Mohena. Y la última consistiría en que las patrullas «Pachas» y «Velero»  continuarían  de Santa Marta y Colina hasta coincidir en Mantaro a la caza de senderistas, mientras continuaban las acciones de engaño.

El 5 de abril  a las cinco de la tarde una patrulla militar compuesta de quince  soldados al mando de un oficial se enfrentó a una columna subversiva de cerca de un centenar de genocidas en Mohena, con el apoyo de dos helicópteros. Se recuperaron granadas, propaganda  terrorista y víveres. Al día siguiente otra patrulla sostuvo un combate y capturó a cinco sediciosos que fueron llevados a Tingo María.

El 9 de abril a las cinco de la tarde seguían los enfrentamientos, murieron cuatro sediciosos y seis fueron capturados. Se recuperó un fusil, municiones y propaganda senderista. Los días siguientes desde los helicópteros se lanzaron volantes sobre los poblados invocando colaboración con el Ejército para  que  se liberten del yugo  de los genocidas  dirigidos por el «presidente Gonzalo».

El día 12 se detectó desde el aire once trincheras preparadas para emboscar a una patrulla militar que se dirigía al caserío El Salvador. Un helicóptero abrió fuego abatiendo seis senderistas y originando la estampida de medio centenar. Se recuperó un arsenal de armas, incluyendo lanzagranadas RPG, fusiles AKM y explosivos. Entre el 14 y el 21  continuaron los combates en las localidades de Primavera, San Sebastián, y áreas deshabitadas de la selva.  Murieron cuatro terroristas, capturaron doce y se recuperó armamento que después se comprobó que perteneció a policías asesinados. El Ejército perdió a un soldado y veintinueve fueron trasladados heridos de gravedad  al Hospital Militar en Lima.

FUGA «ARTEMIO»

El 20 de abril la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció a los militares de haber cometido  masacres en las poblaciones antes mencionadas  frustrándose la captura de  «Artemio» y otros  cabecillas vinculados a las organizaciones del narcotráfico, principales promotores de una ola de crímenes en agravio de pobladores de esa región. Inmediatamente se crea una  comisión del Congreso integrada por los parlamentarios Carlos Blanco Oropeza, Manuel La Torre, Gilberto Siura, Marta Chávez, Gloria Helfer, Carlos Cuaresma y Roger Cáceres Velásquez entre otros. Asimismo, un representante del Consejo por la Paz y periodistas de diversos medios de comunicación,  entre ellos «Expreso» que envió a Carlos Cabrera Oliva. La comitiva inspeccionó durante tres días  Aucayacu, Venenillo, Anda, Mohena, Shapiingo y Carmen Alto. Al llegar a Venenillo los visitantes se sorprendieron al ver las condiciones en que se encontraban las tropas.

“La Base de Venenillo tiene una construcción principal de material noble (…) las paredes de este local muestran la violencia de los ataques  de fuego pesado que han sufrido. Se asienta en un área  destrozada de aproximadamente diez hectáreas, alrededor de la construcción se ha construido de manera rfústica casamatas donde el personal militar se mantenía vigilante y también pernoctaba. Las condiciones de  vida del personal del Ejército son precarias y a todas luces significa un esfuerzo fuera de lo común para cualquier ser humano que tenga que vivir en esas condiciones «, señala el informe de la comisión congresal.

Por su parte, uno de los oficiales que  participó en la Operación «Aries» afirmó: «Entre los congresistas que llegaron estaba  Gloria Helfer (…) yo los llevé a Venenillo, a Comina. Elos decían que yo había arrasado con las poblaciones, les dije que podíamos ir a Bijas  y otros sitios, cuando vieron la zona que no había nada, era puro monte, ellos tenían sus arrepentidos, eran terroristas y hablaron con ellos. Entonces, Helfer dijo: ‘Ahí nomás’. Miró al fondo y dijo: ‘Quiero ir para allá”. Observó algo quemado. Pensaría que estaba a unos doscientos metros, cuando fuimos demoramos dos horas para llegar a la zona».

El oficial señaló que se trataba de una escuela. “Los congresistas entonces ellos dijeron: ‘Aquí está la prueba, pero era una escuela popular. Cuando llegamos había una tremenda foto de Mao Tse Tung, banderas rojas quemadas. Efectivamente, nosotros habíamos entrado y quemado la bandera y la foto de Mao y se quedaron lelos», narró el miliatar.

La Operación «Aries» alcanzó importantes resultados al desarticular el  Comando Regional  Senderista de Huallaga y su Fuerza Local, obligando a Sendero a trasladar sus huestes hasta  Ucayali. Muchos de sus  cuadros desertaron y se entregaron al Ejército.

DESINFORMACIÓN

La denuncia contra los militares que participaron en la Operación «Aries» por parte de las ONG’s  controladas por la secta caviar fue respaldada por una campaña de desinformación por algunos medios de comunicación. El 18 de abril ATV (canal 9) presentó imágenes de restos de restos  humanos supuestamente  victimadas por el fuego de la artillería de los helicópteros del Ejército. Al día siguiente el diario «La República»  tituló su primera plana  señalando: » Helicópteros arrasan bastiones de Sendero». “Ataque es demoledor, versiones extraoficiales aseguran que hay más de un  centenar de muertos, en su mayoría civiles». En las páginas interiores y con gran despliegue la información fue dirigida contra el Ejército. Se reproducía la versión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que aseguraba  además, que los militares habían ingresado a las viviendas de los comuneros  para violar a sus mujeres sin importar su edad.

El miércoles 20 de abril «La República » -que como sabemos respaldó las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación- publicó un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo el título «Que no vuelva el Horror» lleno de suposiciones . Afirmaba » en el distrito de José Crespo y Castillo se vienen cometiendo crímenes masivos contra la población civil. Helicópteros artillados estarían disparando contra la población  y patrullas terrestres violando mujeres y quemando viviendas de los campesinos. Se tiene documentación y testimonio directo de la matanza de por lo menos  diez campesinos en Moyuna y trece en Mohena, Hay indicios del exterminio de cuarenta personas (…)»

ARTERA MAQUINACIÓN

Lo que no imaginaron los «defensores de los derechos humanos» fue que Carlos Cabrera Oliva, enviado de «Expreso» trajo a Lima partículas  de las osamentas halladas  y difundidas  como pruebas de los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por los militares que participaron en dicha operación antisubversiva. Al ser  analizadas en el laboratorio el patólogo José Chuan Cabrera ex director del Instituto de Medicina Legal del Perú se determinó  científicamente que pertenecían a personas  fallecidas por los menos cinco meses antes de la ejecución de la Operación «Aries»

A las falsas imputaciones y desconocimiento de las tácticas militares, poco después  la Dirección de Búsqueda del desaparecido  SIN determinó que seis de las supuestas víctimas » de las que se tiene documentación y testimonio directo » sólo existieron en la mente de los inquisidores militares. Los ciudadanos fantasmas Hugo Julcarima Rojas, Juvenal Martínez, Juan de Duios, Luis Aponte Garavito, Jesús  Vera Virgilio, Clorinda Amalia Penalillo Rayo y Henry Villanueva Cárdenas no figuran en el RENIEC ni otra entidad pública los tiene registrados.

Las otras presuntas víctimas resultaron ser terroristas y delincuentes comunes requisitoriados. Juan Raymundo Falcón buscando entonces por la policía judicial  de acuerdo a oficio No. 1135 del Tercer Juzgado Militar Policial de Huánuco  de fecha 18 de junio de 1990 y oficio Nro. 1840 del Primer Juzgado Militar Policial de esa misma localidad fechado el 10 de mayo de 1985 por delito de terrorismo. La mayor prueba de que no fue acribillado durante la Operación «Aries» fue que sufragó en las elecciones del 2001 y 2002  conforme lo certifica la ONPRE.

Otro » fallecido», Félix Loyola Zevallos (a) «Manuel», ese año era buscado por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) por estar involucrado en atentados terroristas. Igualmente Venancio Raymundo Luciano (a) «Raúl» con ficha Nro. 1542 de la DINCOTE y con requisitoria Nro., 1286 del Segundo Juzgado Militar Policial de Tingo María.

JOSÉ PÁEZ: “ONG BUSCABAN DESTRUIR IMAGEN DEL EJÉRCITO”

A criterio de José Páez Warton, entonces estratega del  desaparecido Comando Operativo del Frente Interno (COFI) del sector Defensa, «la desproporcionada denuncia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos revelaba que su principal objetivo político era destruir la imagen del Ejercito a fin de romper el apego con la población en la lucha antiterrorista».

(CESAR REATEGUI)