Persecución política trajo dolor, sangre y muerte
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Nuevamente las despreciables expresiones “persecución política” y “vivimos una dictadura” son vox populi en el Perú. Ello nos recuerda el suplicio al que fue sometido el expresidente Augusto B. Leguía Salcedo en 1930 tras su paso por el tribunal de sanción, instaurado por los civilistas, quienes propiciaron la revolución del comandante EP Luis M. Sánchez Cerro.

En aquel año una turba embriagada de odio clamó: “Abajo Leguía” y saqueó Lima. El hombre -que entre sus tantas obras- hizo del pueblo de Lima una ciudad, construyendo galerías filtrantes en La Atarjea que hicieron potable el agua, fue conducido con grilletes al Panóptico, destinado para criminales, y en el que posteriormente se encerraría a líderes apristas.

La madrugada del 6 de febrero de 1932 una compacta multitud vio salir de una clínica de Bellavista un tosco féretro en hombros de seis jóvenes que amargamente lloraban. Contenía los restos del “presidente del Oncenio”, convertido por el ensañamiento en mísero despojo humano, rumbo al cementerio.

MASACRE

El 11 de octubre de 1931 por primera vez se estableció el voto secreto. Resultó ganador -para muchos sospechosamente- Sánchez Cerro, seguido por Víctor Raúl Haya de la Torre, con 106,006 votos, José María de la Jara y Ureta, con 21,921, y Arturo Osores, con 19,553 votos. Antes de conocer los resultados, ya era evidente que ni Sánchez Cerro ni Haya de la Torre admitirían que el rival fuera proclamado.

El lema “solo el Apra salvará al Perú” resonó en todo el norte del país, especialmente en Cajamarca, donde inexplicablemente las elecciones fueron anuladas.

El 8 de diciembre se instaló oficialmente el gobierno que al poco tiempo desencadenaría la persecución más sangrienta de nuestra historia. Hasta entonces el Perú no había vivido una situación semejante. Se trató además del enfrentamiento de un civil contra un militar, que causó la muerte de más de 6 mil peruanos.

Ante la creciente fuerza del Apra, Sánchez Cerro y el incondicional civilismo desencadenaron dolor y muerte. Se aprobó la “Ley de Emergencia” y se apresó a Haya de la Torre cuando se hallaba en la casa de la familia Plenge en Miraflores.

Días después, José Melgar Márquez fue sometido a una Corte Marcial y fusilado. También fueron condenados a 20 años de carcelería Juan Seoane y Serafín Delmar. Seguidamente, marineros de la escuadra se sublevaron y fueron pasados por las armas en la isla San Lorenzo.

La madrugada del 7 de julio de 1932, apristas dirigidos por Manuel “Búfalo” Barreto atacaron el cuartel D’Onovan, en Trujillo. En su mayoría agricultores de Laredo y estudiantes como Alfredo Tello Salavarría, Jorge Idiáquez Ríos, José Alberto Tejada, entre otros, fueron abatidos. Remigio Esquivel resultó herido, lo fusilaron tras ser atendido en el hospital. Otros, como Ricardo Flores, Hipólito Viera, Noé Abanto, Julio Oré Pinto y Carlos Ibáñez, fueron sacados de sus casas y fusilados en las ruinas de Chan Chan. La Corte Marcial cumplió su macabra tarea, apresaba y fusilaba sin mayores aplicaciones para beneplácito de los civilistas. El Comercio, que respaldaba a Sánchez Cerro, en su edición del 9 de julio de 1932, publicó que “los apristas saqueaban los bancos e incendiaron la imprenta de La industria…(…)”. También se dijo que la casa de la familia Orbegoso había sido incendiada, lo curioso es que Víctor Raúl Haya de la Torre en sus tiempos de perseguido se ocultaba en la hacienda Chiquitoy de propiedad de Luis José de Orbegoso.

FUERA DE LA LEY

Años después, el 3 de octubre de 1948 marcaría un inevitable golpe al Apra. El dictador Manuel A. Odría clausuró el diario La Tribuna y la Casa del Pueblo, sede principal del aprismo, mientras el Perú entero era convulsionado por un motín en el Callao. De otro lado, apenas se instaló Odría en Palacio de Gobierno impuso un régimen represivo, declarando ilegales, además del Apra, al Partido Comunista, por considerarlo “expresión del totalitarismo marxista”. Además, ratificó la suspensión de las garantías constitucionales por 30 días y dio la “Ley de la seguridad del interior de la República”. Sucesivamente fueron detenidos y deportados Ramiro Prialé, Armando Villanueva, Alberto Valencia Cárdenas, Carlos Manuel Cox, entre otros dirigentes apristas. Lo inexcusable ocurrió la tarde del 23 de marzo de 1950 cuando Luis Negreiros fue ametrallado cuando se dirigía a su domicilio. Haya de la Torre, enterado de “que su cabeza tenía precio”, se asiló en la Embajada de Colombia, donde permaneció más de ocho años.

PRENSA BAJO CONTROL

La prensa también estuvo controlada. Odría en su mensaje de 1949 declaró: “Respondería a un anhelo general que la prensa de todo el país mantuviera una actitud de despierta vigilancia sobre posibles brotes de totalitarismo aprista (…)”.

En febrero de 1956, La Prensa publicó un comunicado de una guarnición militar de Iquitos que se había declarado en rebeldía. Por ello el director, Pedro Beltrán, y una treintena de periodistas fueron recluidos en El Frontón durante 320 días.

CRUELDAD

Al instaurarse la dictadura velasquista, en octubre de 1968, llovieron las deportaciones y los pedidos de asilo de los colaboradores más cercanos del depuesto expresidente Fernando Belaunde Terry.

Ese no fue el caso de Sandro Mariátegui Chiappe, nacido en Roma e hijo del filósofo José Carlos Mariátegui y Ana Chiappe.

Sandro Mariátegui se quedó en el Perú y enfrentó a un Poder Judicial servil a la tiranía que, luego de detenerlo, lo paseó engrilletado por el centro de Lima.

Mariátegui había sido ministro de Hacienda y Comercio e injustamente sufrió carcelería por 20 meses. Al dictador no le quedó otra cosa que liberarlo por decreto Ley N° 18693 del 21 de diciembre de 1970.

Sin embargo, con quien el velasquismo se ensañó fue con Mariano Prado Heudebert, a quien con leguleyadas confiscaron más de 250 empresas, entre ellas Tejidos Santa Catalina, Cementos Sur, Petrolera Conchán-Chevrón, y el Banco Popular. De otro lado, pese a su gravísimo estado de salud fue juzgado como si se tratase de un prontuariado criminal.

Otra víctima fue Máximo Cisneros Sánchez, fundador de Aerolíneas Peruanas S.A. (APSA), acusado sin pruebas de defraudación, proceso que fue archivado en 1977.

La empresa inevitablemente quebró luego de que las accionistas estadounidenses retuviesen tres naves en Miami. Había que terminar con lo que para los “revolucionarios” era una clase social: la oligarquía.

PERDIÓ SU RESIDENCIA

En el penal San Jorge, Josué Chuan Cabrera recibió el mensaje de Alejandro Toledo, a través del empresario Basilio Noa Pucllas -amigo de ambos-, quien le dijo: “El presidente ordenará tu inmediata liberación si culpas a Fujimori de la falsificación de firmas”. En abril de 2007 la Corte Suprema absolvió por unanimidad a Chuan ratificando la resolución de la Tercera Sala Penal Anticorrupción. El agraviado perdió su casa valorizada en 500 mil dólares por no poder pagar una hipoteca.

Por: César Reátegui

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