FUJIMORI NOS RETIRÓ PERO DIEGO GARCÍA SAYÁN NOS INSERTÓ SIN APROBACIÓN DEL CONGRESO

Perú sigue sometido a la Corte IDH

Somos el país con más sentencias condenatorias por delitos de lesa humanidad.

Genocidas recibieron codiciables indemnizaciones gracias a dictámenes de la Corte IDH.
  • Fecha Domingo 21 de Julio del 2019
  • Fecha 5:00 am



“Los derechos humanos se basan en la concepción burguesa del mundo que se centra en el individuo y que  concibe la humanidad como una familia para negar la lucha de clases. Los que se llenan la boca con derechos humanos buscan conjurar la rebelión y tener válvulas de escape”, afirmó Abimael Guzmán en la denominada “Entrevista del Siglo” publicada en El Diario, vocero oficial de Sendero Luminoso (SL).

Años después, en los diálogos que sostuvo con Vladimiro Montesinos – previos al Acuerdo de Paz -, cuando este le increpó  lo ocurrido en Lucanamarca, el sátrapa evidenció total desprecio hacia las víctimas de la matanza ordenada por él y le respondió que los derechos humanos son parte de una concepción reaccionaria y que  la violencia y el terror tienen valor ético porque defienden al proletariado y, por tanto, no constituyen delito.

Para Guzmán como, lo expuso Montesinos en una conferencia magistral en Bogotá (Colombia), la respuesta del Estado peruano en defensa de la democracia era  una condenable  y criminal represión. Es decir, utiliza una doble tabla de valores. Sin embargo, los hechos demuestran que genocidas confesos de SL y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA) y sus familiares   recibieron codiciables indemnizaciones gracias a dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de Costa Rica, previa calificación de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), organismos que, de no ser alimentados con supuestos casos de lesa humanidad por ONG dedicadas a defender  subversivos, dejarían de existir.

INTENTO

Desde el 21 de enero de 1981 en que el gobierno de Fernando Belaunde Terry reconoció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la competencia contenciosa de la CIDH, el Perú quedó  sometido a un tribunal supranacional  conducido por magistrados de reconocido sesgo neomarxista.

Cuando, por sugerencia de Vladimiro Montesinos, el expresidente Alberto Fujimori vio la urgencia del retiro del Estado peruano de dicha instancia, lo hizo porque dicho ente demostraba  parcialidad en favor de las redes terroristas.

El 2 de julio de 1999 el Gobierno presentó su opinión legal para que el Perú se retire de la CIDH, toda vez que esta desconocía  la Constitución y las leyes peruanas al cuestionar las sentencias de los tribunales militares dictaminaban  en numerosos casos de terroristas, como fue el del emerretista Jaime Castillo Petruzzi, que dio lugar a la indignación  de jueces y fiscales..

Acto seguido el exministro de Justicia Jorge Bustamante Romero remitió una carta al presidente del Congreso señalando que “la adhesión del Estado peruano a la competencia de la Corte Interamericana fue un acto unilateral y soberano.  El retiro de tal reconocimiento es igualmente un acto unilateral y soberano”.

Tres días después- tras consultar con Montesinos –  Fujimori, mediante oficio N”  086 -99-PR,  comunicó al Congreso que por aprobación unánime del Consejo de Ministros se decidió retirar al Estado peruano con efecto inmediato de la CIDH.

Al día siguiente la Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Legislativo a no abandonar dicha instancia supranacional, pero el Congreso emitió la Resolución N°  27152 el 8 de julio de ese año dejando con los crespos hechos a la secta caviar.

El 9 de julio el Perú dejó en la OEA el instrumento por el cual retiró el reconocimiento de la competencia contenciosa de la CIDH, documento firmado por el excanciller Fernando de Trazegnies Granda, lo que hizo que directivos de ONG y dirigentes de la alicaída izquierda peruana  se rasguen las vestiduras y pusieran el grito en el cielo.

Dicho documento produjo efecto inmediato y se aplicó a todos los casos en los que el Perú no había contestado las demandas iniciadas ante la CIDH, recuerda el fiscal Alvaro Castañeda. Ello  originó que la Comisión emitiera un comunicado señalando que la decisión peruana  no alteraba en nada  la obligación del Perú de cumplir las resoluciones de la CIDH, ni afectaba la jurisdicción de ese organismo para reconocer los casos del Tribunal Constitucional y demás que estaban en trámite.

En cuanto a lo que  habían quedado pendientes, la Comisión indicó  que “evalúa”  la validez de la decisión del Perú y adelantó  que haría conocer su decisión  ” en el foro correspondiente” (se refería a la OEA).

RETORNO A  LA CIDH

Instalado Valentín Paniagua Corazao en Palacio de Gobierno con su séquito caviar y Diego García Sayán como ministro de Justicia, el Perú volvió a ser sometido a la CIDH.

El primer paso se dio durante la celebración del  110° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington,  en febrero de 2001. Allí García Sayán y el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, entonces representante del Perú ante la OEA, se reunieron con  Claudio Grossman, presidente de la CIDH, y los miembros de ese organismo, Juan Méndez, Marta Altolaguirre,  Robert Golman, Peter Lavirie y Jorge Taiana. Y, pese a carecer de autorización expresa amparada en dispositivo legal alguno, en dicho conclave neomarxista se obligó prácticamente al Estado peruano a una “solución amistosa” sustentada en el reconocimiento de obligaciones a favor de  Lori Berenson y una larga lista de terroristas.

Numerosos casos que, por falta de fundamento jurídico y pruebas, habían sido archivados, volvieron a tener vigencia. Se acordó que “tanto el Gobierno del Perú como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  entienden que la solución que se busca se logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido, teniendo en cuenta en ejercicio de su soberanía (…), el reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano en los en los casos en que se hayan afectado los derechos humanos, la reparación de los daños y consecuencias a las víctimas o a sus familiares”.

Lo cierto es que García Sayán y Rodríguez Cuadros, sin autorización del Congreso, propiciaron el reconocimiento extemporáneo de indemnizaciones en casos como el de Leonor La Rosa, cuyas torturas fueron un engaño al país, en agravio del erario nacional.

La actitud de ambos personajes debió ser investigada por haber incurrido en grave infracción a lo previsto en los artículos 38, 44, 45, 118 y 205 de la Constitución Política del Perú  y en el artículo 377 del Código Penal.

GRAVE DENUNCIA

El jurista colombiano Jaime Restrepo denunció que, al igual como ocurrió en su país, el Perú pierde los casos  por los lobbies de ONG como la Comisión Andina de Juristas (CAJ), IDL y Aprodeh con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en Washington, y la CIDH en San José de Costa Rica.

Aseguró que esos organismos han sido capturados por el neomarxismo y que la CAJ y García Sayán “les hicieron el juego a los terroristas de Sendero y el MRTA, favoreciéndolos con amnistías, reducción de penas e indultos. Afirmó que las mencionadas ONG  buscan deslegitimar al Estado y reducir la capacidad operativa de las fuerzas armadas y desacreditarlas. No  erró, pues Toledo redujo el presupuesto del sector Defensa y permitió el maltrato  de los héroes de  la Operación “Chavín de Huántar”.

Restrepo sostuvo que  dichas ONG  tienen un ejército de alguaciles que están a la caza de clientelaje y que para ello  se trasladan a los lugares más pobres del Perú en busca de casos de violación de derechos humanos, que luego son enviados a la CIDH, lo cual les proporciona  millonarios ingresos, pues  la “labor humanitaria ” que efectúan no es gratuita, ya que se quedan con el 40 % del dinero que, por concepto de reparaciones, reciben  las presuntas víctimas  del llamado ” terrorismo de Estado”.

NULA DEFENSA

La defensa  de los intereses del Estado la ejercen judicialmente los procuradores generales de la República. Sin embargo, bajo la mirada vigilante de Diego García Sayán y la coacción de las ONG  defensoras de los derechos humanos de los sediciosos, todo quedó en el olvido.

NEGRO HISTORIAL

Durante el régimen de Alejandro Toledo, el Perú  perdió todos los casos en la CIDH. Luego, en 2010 la Corte admitió 364 peticiones de denuncia contra el Perú y les dio trámite a 86 de estas. El Perú era el país más denunciado del sistema interamericano y con más condenas.

POR: CÉSAR  REÁTEGUI

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