Soros financia millonarias remesas a ONG caviar
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En el Perú las ONG defensoras de los derechos humanos son hijas de Antonio Gramsci (1891-1937) fundador del Partido Comunista de Italia (1921) y dueño del periódico «L Unité».

Gramsci fue un politólogo condenado a 20 años de prisión por generar conflictos teñidos de sangre y cuya filosofía en la praxis afirma que el poder político no sólo se consigue en las urnas mediante elecciones democráticas, sino infiltrándose en los estamentos del Estado, teoría que detalla en sus ensayos «Quaderni del Carcere» y «Lettere del Carcere», editados en 1928.

Esas enseñanzas las ha seguido al pie de la letra la secta caviar y se pusieron al descubierto ni bien Valentín Paniagua Corazao fue no nombrado presidente del Gobierno transitorio, cuyo primer paso fue desmantelar la legislación antiterrorista, propiciar la reducción de penas impuestas a los subversivos e indultar a criminales  sentenciados en el fuero militar.

Acto seguido se inició una verdadera «cacería de brujas» contra miembros de las fuerzas del orden y ronderos que nos defendieron de las hordas de Sendero y el «Movimiento Revolucionario Túpac Amaru» (MRTA). Esos años integraron comisiones «para capacitar a los jueces en temas de derechos humanos”, en una clara intromisión en el Poder Judicial, respaldados por el hoy extraditable Alejandro Toledo Manrique y su ministro de Justicia Diego García Sayán.

Hoy una de ellas, el Instituto de Defensa Legal (IDL) utiliza métodos de Contrainteligencia de los años 90 para neutralizar al narcoterrorismo. No sabemos cómo, pero presenta audios producto de interceptaciones que en el pasado repudiaron. No entregan al Ministerio Público y Poder Judicial pruebas que comprometen a miembros de organizaciones criminales, más bien centran su atención en dirigentes políticos que no comulgan con la ideología neomarxista.

PRIVILEGIOS

Por tratarse de  organismos  no gubernamentales con personería jurídica «sin fines  de lucro» y que  según José Páez Warton – estratega   del desaparecido Comando Operativo del Frente Interno (COFI) del sector Defensa – cuentan con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas porque fueron creadas para servir a la sociedad, gozan de tarifas preferenciales en materia de tributos (pagos por servicios públicos, prediales) y además tienen el privilegio de la devolución de impuestos que hubiesen asumido en la compra de vehículos, propiedades, computadoras, etc. El Estado les reembolsa hasta el último centavo.

Estas ONG tienen un ejército de informantes, sociólogos, abogados, antropólogos y «analistas”, quienes a criterio de Francisco Diez Canseco Távara, columnista de EXPRESO, ganan sueldos exorbitantes y se llevan el 60 % de la ayuda en dólares que reciben del exterior y que según información fidedigna recibieron US$ 20.5 millones de dólares (periodo 2004-2005), de acuerdo a lo registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En 2005 bordearon los US$ 22 millones 700 mil dólares, que según algunas fuentes representa el 33 % de lo que recibieron y pudo registrar la APCI, organismo que, como señalamos en anterior edición, carece del personal adecuado para hacer un mejor seguimiento y -que se sepa- jamás ha hecho una auditoría sobre esos dineros.

Alejandro Aguinaga, cuando ocupaba un escaño en el Congreso, declaró que la defensa de terroristas por parte de las ONG caviares les representaba millones de dólares en remuneraciones. Vale decir que allí se congregaban los abogados mejor remunerados del país. Por su parte, Rafael Rey, exministro de Defensa, indicó que los fallos favorables en los juicios que dichas ONG arman en contra del Estado les reportan el 40 % del total de las indemnizaciones a las supuestas víctimas y sus familiares.

HADA MADRINA

El hada madrina de dichas ONG es Human Rigths Watch/Americas, que coincidentemente opera con gran interés en Bolivia, Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo.

En su Informe Anual 1995 – 1996 señalan que el megaespeculador George Soros y su esposa Susan están entre sus más importantes contribuyentes. Vale decir aquellos cuyos aportes superan los US$ 200 mil dólares anuales. HRW/Americas se integró al Proyecto «Instituto Sociedad Abierta» creado para la legalización de la marihuana y otras drogas que consideran inofensivas a inicios de los 90.

Su primer logro fue en Bolivia, al forzar al Gobierno de ese país a que los miembros de la Policía Antidrogas usen identificación visible en el pecho argumentando que existían numerosas denuncias por torturas.

No solo acabaron con el anonimato de los agentes, sino los expusieron al ataque certero de sicarios de las mafias del tráfico de estupefacientes. Para ello contaron con el respaldo de miles de campesinos agrupados en el Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca, entonces liderado por Evo Morales.

Esos campesinos tomaron la zona de El Chapare, donde se produjeron enfrentamientos con derramamiento de sangre.

En el Perú inicialmente apoyó en la defensa de  los condenados por terrorismo a la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y a  la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que opera en coordinación el «Instituto de Estudios Peruanos, la Asociación de Servicios educativos Proética y el Instituto de Defensa Legal (IDL), del que nos ocupamos ampliamente en ediciones pasadas.

IDL se ha convertido en el principal colaborador de los «intocables» del Ministerio Público.

Cabe destacar que en 1990 HRW/ Americas organizó la defensa internacional de la «Asociación de Abogados Democráticos», instrumento legal de Sendero cuyas atrocidades repercutieron a escala mundial, llegando al extremo de pedir al Gobierno de Estados Unidos que  retire su apoyo económico al Perú el 12 de setiembre de 1991.

Holly Burkhalter, entonces directora de HRW/Americas  en Washington D.C.,  se presentó en el Congreso estadounidense y tras despotricar de la política antisubversiva del expresidente Alberto Fujimori  dijo que su organismo «se opone firmemente a la ayuda militar al Perú a menos que retiraran los militares de las áreas consideradas zonas de emergencia», ustamente  donde las huestes asesinas de Abimael Guzmán Reynoso (a) «presidente Gonzalo» tenían mayor presencia.

A inicios de 1992 publicó » Perú Under Fire» («Perú bajo fuego») y luego «Since the Return a to democracy» en un nuevo intento de enlodar la gestión presidencial de aquellos años.

LAS DENUNCIAS DE APRODEH

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). que denunció al Perú por ejecuciones extrajudiciales presuntamente  realizadas  durante la exitosa Operación «Chavín de Huántar» y defendió al MRTA ante el Parlamento Europeo, tiene como su principales impulsores   a Francisco Soberón y Pedro Francke Balbe. quien fue  cercano colaborador del  desaparecido líder ultraizquierdista Javier diez Canseco Cisneros y  gerente de Foncodes durante el régimen de Toledo..

Ambos pusieron todo su empeño en culpar a los comandos de la Operación «Chavín de Huántar» en la demanda presentada por la madre de Eduardo Cruz Sánchez (a) «Tito».

El exprocurador Ronald Gamarra hizo todo lo posible por mandar a prisión a los valerosos efectivos del Ejército, así como Luz Dina Villalba, de quien se dijo se había integrado a dicha ONG

A fines de abril de 2009 el excanciller José Antonio García Belaunde reveló que un memorial de Aprodeh impidió la inclusión del MRTA en el registro de organizaciones terroristas del mundo. Soberón justificó tal determinación diciendo: «Incluir al MRTA en una lista terrorista nos parecía sobredimensionar la existencia de un grupo que está derrotado y ya no opera en el país desde hace años», declaración que el desaparecido expresidente Alan García Pérez consideró una traición a la Patria.

Por su parte, Diez Canseco Távara, refiriéndose al interés puesto por Aprodeh en la defensa de los emerretistas señaló: «Hay fundaciones que pagan una cantidad fija a quienes defienden casos supuestamente humanitarios y de justicia, una de ellas es la conducida por la Iglesia Luterana de Dinamarca, que subvenciona a Aprodeh por cada caso denunciado, sea real o no, o indebidamente sustentado».

Ello pone en claro porque las ONG caviares demandaron a cientos de militares involucrados en la guerra contra Sendero y el MRTA durante el gobierno de Toledo, años en que captaron ingentes sumas de dinero para defender los derechos humanos de elementos de las redes narcoterroristas.

BASOMBRIO EN ESCENA

Otra vigilante de los juicios a los militares y del «trato de prisioneros de guerra» a los bárbaros  e Sendero y el MRTA fue la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) operada por Pablo Rojas, Sofía Macher,  Francisco Soberón y el exministro del Interior Carlos Basombrio Iglesias, de desastrosa gestión en dicho cargo.

Cuando el exprocurador contra el terrorismo Daniel Espichán Tumay visitaba a los subversivos recluidos en las cárceles de Yanamayo y Challapalca para convencerlos de que abdicaran del insano «pensamiento Gonzalo», Basombrío le envió un oficio, con fecha 6 de junio de 1994, exigiendo un mejor trato para los terroristas que cumplían detención por mandato judicial.

En el documento, Basombrío citaba una serie de dispositivos legales, como si Espichán estuviera dando un mal trato a los sediciosos y le pedía una mayor flexibilidad. ¿A que maltratos se refería Basombrio? Espichán ingresaba al patio de dichos penales y dialogaba con los terroristas haciéndoles ver que el comunismo había fracasado, que la creación de la Republica Popular Nueva Democracia con la que soñaba Abimael Guzmán era una utopía y que deberían pensar en sus familias y acogerse a la Ley de Arrepentimiento.

Luego de varios meses de conversaciones,  el exprocurador consiguió  que un grupo numeroso de senderistas siguieran sus consejos y  cada vez que el los visitaba  se colocaban en formación y entonaban en himno nacional. Muchos de ellos fueron trasladados a Lima por gestión de Espichán, algunos se entrevistaron con el expresidente Fujimori y luego con  Vladimiro Montesinos.

Después de someterlos a  interrogatorios y exámenes psicológicos, los integro al sistema de inteligencia como informantes, obteniendo óptimos resultados.

«Continué con mi trabajo de enrumbar la vida de muchos terroristas, en su mayoría jóvenes que pasados los años volvieron con sus familias y se reintegraron a la sociedad completamente convencidos de que Guzmán era un demente comparable a Idi Amin y el propio Mao», afirma Espichán.

MILLONES PARA IDL

En el período 2002-2004 el Instituto de Defensa Legal (IDL) recibió US$ 2 millones 997 mil para promocionar la denominada «justicia de paz» en el Poder Judicial y en 2004 y 2005 logró a través de cooperación internacional US$ 5 millones 724 mil 949 dólares. En la actualidad el personaje más notorio de este organismo es Gustavo Gorriti.

LA VIEJA GUARDIA

A principios de este siglo las caras de IDL eran David Lobatón, Hans Landot Pardo (exrepresentante de Amnistía Internacional y esposo de Sofía Macher), Ernesto de la Jara Basombrío (primo hermano de Carlos Basombrío), Sofía Macher (de la «Comisión de la Verdad y Reconciliación»), Gonzalo Villarán de la Puente (hermano de Susana Villarán).

POR: CÉSAR REÁTEGUI

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