Al descubierto conflicto de intereses en la JNJ
Catedrático elaboró exámenes de ingreso para actuales miembros. Luego ellos lo nombraron secretario general.
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Al parecer, para Imelda Tumialán y demás miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el artículo 156 de la Constitución Política no debe cumplirse. No solo para que Inés Tello siga en su puesto a pesar de superar la edad límite, sino a pesar de conflicto de intereses.
Esto se plasma con Juan Carlos Cortés Carcelén, actual secretario general del organismo que evalúa a jueces y fiscales. Este abogado había elaborado el examen de conocimientos mediante el cual ocupan sus actuales cargos.
Ruiz de Montoya.
En el 2019, el citado funcionario fue incluido entre los asesores del concurso público para la JNJ. Era docente a tiempo parcial en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde el entonces candidato Aldo Vásquez Ríos trabajaba como vicerrector. Es decir, era su superior en jerarquía dentro del centro de labores.
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Su principal tarea era gestionar el diseño, organización, contenido e implementación del examen de conocimientos que sería aplicado a los postulantes a la JNJ, el domingo 3 de noviembre de ese año.
Justamente, Vásquez quedó en primer puesto en el cuadro de méritos. Esto se confirma en el Comunicado 019-2019-CE, del 30 de diciembre del 2019.
Defensoría del Pueblo
Una semana después, los flamantes integrantes de la JNJ se instalaron, eligieron como presidente a Vásquez, y acordaron poner a Cortés como secretario general de toda la institución, con un sueldo total de S/17,004 al mes. Esto se oficializó el 14 de enero, mediante Resolución N° 006-2020-P-JNJ.
EXPRESO consultó esta extraña situación con Ernesto Lechuga, quien nos respondió brevemente, ratificando que el actual funcionario de la Junta sí participó en la evaluación de los actuales integrantes.
“Estuvimos trabajando en el proceso, pero nunca mencionó que tuviera esa relación laboral con uno de los candidatos. Todo está grabado en videos”, sostuvo.
Pero allí no acaban las conexiones del “subalterno” de Aldo Vásquez. Fue presidente ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Servicio Civil (Servir), del seis de marzo del 2012 al uno de julio del 2019.
Su salida coincidió en el tiempo con el inicio del proceso para elegir miembros de la JNJ, a cargo de la Defensoría del Pueblo.
La gestión de Walter Gutiérrez quería contratar “una persona natural para que preste servicios en secretaría técnica especializada durante el periodo de 30 días calendarios”.
En su hoja de vida, Carcelén solo coloca que fue “consultor”, pero ya los archivos y registros evidencian que confeccionaba el examen para Aldo Vásquez, quien era su vicerrector.
Los funcionarios de Servir que habían laborado con el hombre que ocupaba puestos claves, emitieron, el 9 de setiembre del 2020, el Informe Técnico 001381-2020-SERVIR-GPGSC. Este documento era una especie de “interpretación auténtica” del mencionado artículo 156 de la Constitución Política.
Este se refería a que Inés Tello de Ñecco podía seguir en su puesto, a pesar de que sobrepasaba la edad para ser miembro (75 años).
Servir
Lo llamativo es que este análisis constitucional lo hizo Cynthia Cheenyi Su Lay, a la sazón gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil. El problema es que la dama no es abogada, sino magíster en Gerencia Social y licenciada en Economía. Es decir, la JNJ se basa en la opinión de alguien no competente en el Derecho.
¿Es coincidencia que Cortés haya presidido Servir poco antes de que esta institución se pronuncie a favor de sus jefes? ¿Que haya dependido laboralmente de Vásquez cuando elaboró el examen que aprobó Vásquez? ¿Que, luego de aprobar el examen diseñado por él, los miembros de la JNJ lo hayan designado su secretario general?
Por César Rojas
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