Alberto Fujimori pide revocar anulación de indulto
Su abogado Elio Riera solicitó al Cuarto Juzgado Constitucional su inmediata libertad por vulnerar sus derechos.
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Alberto Fujimori pidió al Poder Judicial que se revoque la resolución que anuló el “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias” que le otorgó el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad del año 2017, la cual quedó en suspenso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La controversia se desarrolló cuando el 30 de marzo de 2022, la Corte IDH requirió al Perú abstenerse de liberar a Fujimori, condenado por los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE, hasta que dicho órgano tome una decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por los deudos de las víctimas.
La salida de Fujimori fue aprobada, dos semanas antes de la decisión de la Corte IDH, luego de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el que -con tres votos a favor- a partir de la demanda de hábeas corpus que interpuso la Federación Nacional de Abogados del Perú se restituyó el indulto concedido por Kuczynski.
Argumentos de Alberto Fujimori
Su abogado Elio Riera hizo precisiones al Cuarto Juzgado Constitucional que realizó una audiencia el último 26 de mayo para analizar el hábeas corpus que presentó a favor del exmandatario. El letrado sostiene que a la fecha no existe ningún recurso a favor de Fujimori.
“La pretensión principal sea su inmediata libertad por la vulneración a sus derechos constitucionales a la vida, a la salud y a la integridad física”, dice el documento.
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Asimismo, que cuando se anuló el indulto a su favor, no se verificó los antecedentes de su salud y por ser una persona con 83 años y tampoco los riesgos de estar en un reclusorio con el problema de la covid-19 al ser una persona vulnerable.
Además, que por los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE le impusieron la condena de 25 años de prisión efectiva el 22 de septiembre de 2007, la cual vencerá el 10 de febrero de 2032. En esa línea, Riera pidió al juez constitucional Juan Macedo Cuenca que resolviera por “control difuso”, un mecanismo legal que sirve para resolver la controversia de la ley aplicada a un caso (sobre los delitos), la cual resultaría incompatible con la Constitución.
Por Janet Leiva D.
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