Aldo Vásquez, de JNJ, busca deslegitimar demanda competencial del Congreso ante Tribunal Constitucional

Magistrado confía en decisión del TC.


Aldo Vásquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), opinó sobre la postura del Congreso y la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional, acusando que se lleva adelante por una serie de intereses externos.

El vicepresidente de la entidad judicial insistió en que la votación del 7 de marzo en la que se decidió inhabilitarlo de la función pública junto a la magistrada de 78 años, Inés Tello, fue irregular, razón por la que el PJ otorgó la razón a los miembros de la junta.

Además, describió que la demanda competencial presentada por el Congreso surge como un tercer intento -fuera de regla- para contraponerse a la medida cautelar adoptada, siendo las anteriores el recurso de apelación y el recurso de represión de actos homogéneos. También describió que el Parlamento promueve la eliminación de la JNJ.

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“Hay un empeño por reformar la Constitución bajo el Caballo de Troya de que se cree una Escuela Nacional de la Magistratura, cuando esa escuela ya existe y es la Academia de Magistratura (…) En verdad lo que se quiere es disolver la JNJ“, dijo Aldo Vásquez.

En esa línea, el magistrado, restituido en sus funciones por disposición del Poder Judicial, agregó que en el Congreso existen “ánimos por incidir en el sistema de administración de justicia” y que por ello el organismo viene sufriendo del “asedio” desde hace más de un año.

“Yo confío en que el Tribunal Constitucional no se va a prestar, bajo ningún punto de vista, a un artificio como el que se busca a través de esta demanda competencial”, finalizó.

Decisiones previas del TC sobre demanda competencial del Congreso

El Tribunal Constitucional (TC), en su sesión de Pleno desarrollada el 23 de febrero último, resolvió la demanda del conflicto competencial que originó el Expediente N.° 00003-2022-CC/TC, denominado “Caso del Control Judicial de las Decisiones del Congreso de la República”.

En el citado proceso, el Parlamento cuestionó las resoluciones judiciales que impedían que el Poder Legislativo elija al defensor del Pueblo y que ejerza control político sobre los altos funcionarios del Estado como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme al artículo 99 de la Constitución Política y que emita leyes conforme a los artículos 102.1 y 107 de la Constitución.

En aquella oportunidad, el Tribunal Constitucional resolvió, por mayoría de cinco votos, declarar fundada la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, en consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del defensor del Pueblo.

Sumado a ello, por mayoría de cinco votos, declarar fundada la demanda competencial planteada contra el PJ, en consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían el inicio de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público.

Finalmente, y por unanimidad, se declaró fundada la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial; en consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían aplicar la reforma al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Con estos antecedentes, el Tribunal Constitucional está en la obligación de darle una vez más la razón al Congreso de la República e inhabilitar a los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia.

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