Aldo Vásquez: «La JNJ no podría operar si destituyen a sus miembros»

Lo mismo opinó el defensor legal del órgano autónomo, Samuel Abad.


El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, y el vicepresidente, Aldo Vásquez, brindaron una conferencia de prensa en el Congreso de la República tras presentar sus descargos ante la Comisión Permanente, donde se debatió la destitución e inhabilitación por 10 años de los miembros de la JNJ.

Al respecto, Vásquez consideró que si el Pleno del Parlamento los destituye e inhabilita, la Junta no podría operar ya que los magistrados suplentes también sobrepasan el límite de edad que es de 75 años según estipula el informe final aprobado por la Comisión Permanente.

Lo mismo opinó el defensor legal del órgano autónomo, Samuel Abad, quien indicó que en el caso de ocurrir la destitución de los miembros, la Junta “no podría funcionar”.

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“Por lo menos hay 3 suplentes que no cumplen con los requisitos de acceso que es de 75 años, y en consecuencia si prosperará este camino hacia una destitución la la junta no podría cumplir sus funciones de designación de jueces y los procedimientos disciplinarios se vería afectados, ese es el debate. Por eso, se ha solicitado respetuosamente a la Comisión Permanente que archive esta denuncia constitucional”, explicó.

En otro momento, Aldo mencionó que la JNJ sostuvo en todo momento que plantea su defensa en torno al ámbito judicial como lo hace en el supranacional, en el mediático, parlamentario y en el académico, de modo que no descartan ninguna opción legítima en defensa de la institucional.

“Cualquiera de las sanciones que se proponen la destitución y la inhabilitación causa un grave efecto de los miembros de la JNJ, pero más allá de las circunstancias personales, la afectación fundamental es a la institucionalidad de la JNJ, está no podría operar”, afirmó Vásquez.

Además el vicepresidente de la Junta consideró que se vulneró a lo largo de este procedimiento algunos derechos fundamentales de los miembros de la junta, como la “imparcialidad y objetividad” con respecto al informe final sustentado por el congresista Esdras Medina.

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