Alejandro Toledo: Poder Judicial decidirá si dicta prisión preventiva para expresidente
El exmandatario enfrenta acusaciones graves de colusión agravada y lavado de activos.
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El Poder Judicial decidirá este jueves 8 de agosto si dicta 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, quien enfrenta cargos por presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.
Este fallo se dará en una audiencia virtual, presidida por el juez Víctor Zúñiga Urday, programada para las 3:00 p.m.
La fiscal Diana Canchihuaman, del Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato, solicitó esta medida preventiva.
Ella considera que la prisión preventiva es esencial para garantizar el correcto desarrollo del proceso penal en el que se acusa a Toledo de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Camargo y Correa para favorecerla en la licitación del tramo cuatro de la carretera Interoceánica.
Roberto Su, abogado de Toledo, calificó la solicitud de la fiscal como “excesiva y desproporcionada”.
En su lugar, pidió al tribunal imponer una detención domiciliaria por nueve meses, argumentando que es un “plazo razonable” que asegura la presencia de Toledo en el proceso judicial.
El abogado destacó la avanzada edad del exmandatario, su condición de exjefe de Estado y las diversas enfermedades que padece, acreditadas médicamente.
La decisión del juez Zúñiga Urday llega tras una serie de reveses judiciales. El pasado 10 de junio, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó una resolución anterior del magistrado Richard Concepción Carhuancho, quien había declarado improcedente la audiencia de variación del mandato de comparecencia simple por prisión preventiva.
Esta revocación permitió la reanudación del proceso bajo la dirección de un nuevo magistrado designado aleatoriamente.
El caso contra Toledo se centra en los supuestos sobornos recibidos durante su mandato. La fiscal Canchihuaman presentó correos electrónicos y depósitos bancarios como pruebas clave. Estos documentos, incautados a Marcos de Moura Wanderley, sugieren que Toledo recibió fondos a través de empresas “off shore” vinculadas a compañías brasileñas.
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