Amador Velásquez: «Silencio no es la mejor forma de afrontar el informe de la CIDH»

Plantea retiro temporal del Pacto de San José con los recaudos de garantía suficientes respecto al cumplimiento de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Diario expreso - Amador Velásquez: «Silencio no es la mejor forma de afrontar el informe de la CIDH»

Embajador, ¿qué opina de la propuesta de retirar al Perú de la Corte IDH?

No podemos dar otra vez las espaldas al mundo como cuando, entre 1998 y el 2000, nos convertimos en país paria para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDDHH), incluida nuestra no inmediata adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998. Hay que recordar que logramos reinsertarnos luego de nuestra adhesión a la CPI en el 2000 y con el tributo que pagamos al SIDDHH con la Asamblea General de la OEA en Lima en el 2001 cuando aprobamos la Carta Democrática Interamericana.

¿Es cuestión de forma y fondo?

En diplomacia el fondo son las formas. No debemos reeditar el mal dado planteamiento y equivocado afán de 1999 cuando pretendimos retirarnos a manu militar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo 78 del Pacto de San José establece el mecanismo y el procedimiento para dicho retiro. Un año de preaviso al secretario general de la OEA y durante el mismo seguir cumpliendo nuestras obligaciones.

Resulta obvio que, constitucional e internamente, ello implica cumplir los artículos 56 y 57 de nuestra Constitución, a los efectos de la aprobación congresal previa para denunciar dicho tratado y para que, en consecuencia, el Ejecutivo proceda con la notificación consiguiente.

En la actual coyuntura, dicho cometido tendría pronóstico reservado. La impredecible correlación de fuerzas políticas ideológicas al interior del Congreso y la ambigüedad en lo alto del Ejecutivo no ofrecen claridad al respecto. Peor aún si consideramos -de ser ello exacto- que esa alta instancia habría conocido, desde el 28 de febrero último, el borrador del Informe de la CIDH sin haber planteado oportuna reacción.

Suponiendo que llegasen a ponerse de acuerdo en el retiro, este solo surtiría efecto después de un año y estaríamos cerca, sino casi en el fin del actual gobierno, ¿qué correspondería hacer entonces?

Aprovechar el tiempo de manera proactiva. Efectuar una convocatoria académica de alcance nacional para, de la mano de Torre Tagle y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, redactar una respuesta nacional, integral, coherente y consensuada a cada uno de los puntos del Informe de la CIDH y del reporte del relator de la ONU, cuya conclusión, previa aprobación del Legislativo y Ejecutivo, se convertirá en el sustento para nuestro retiro temporal del Pacto de San José y conllevaría, además, los recaudos de garantía suficientes sobre el fiel cumplimiento de nuestro país de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. El silencio no es la mejor forma de afrontar el Informe de la CIDH.

¿Por qué el retiro sería temporal?

Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de habla anglosajona del Caribe no forman parte de la Corte IDH. Solo 25 de los 35 de la OEA conforman el Pacto de San José y de ellos solo 20 han aceptado expresamente la jurisdicción competencial de dicha corte. Son entonces 5 de los 25 de dicho Pacto de San José y 15 de los 35 de la OEA aquellos que no son parte de la Corte IDH. Entre esos 15 están las dos tiranías (Venezuela y Nicaragua). No es exacto entonces decir que al retirarnos estaríamos de la mano de esos Estados sátrapas.

Sería temporal, porque podemos seguir el ejemplo procedimental de Trinidad y Tobago (1998). Se separó y luego retornó con las condiciones del caso.

Para sujetarse a la función jurisdiccional o competencial de la Corte IDH es requisito sine qua non una previa ‘Declaración expresa’, la misma que puede ser total o parcial, incondicional o con condiciones. Allí radica la clave para el planteado reingreso.

¿Y por qué con reservas o condiciones?

Si el Informe de la CIDH termina siendo derivado a la Corte IDH podría contaminarse con imputaciones penales -esas insinuaciones de ejecuciones extrajudiciales y de masacres son ciertamente non sanctas- y no solo contra nuestro gobierno sino contra nuestras FF.AA. y PNP.

Por Vladimir Rendón 

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