“Anulación de prisión para Nicanor Boluarte es mal precedente”, sostiene abogada penalista Romy Chang
Normas aprobadas en el Congreso y promulgadas por el Gobierno socavan la lucha contra la criminalidad y corrupción en el Perú, señala.
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La abogada especialista en materia penal, Romy Chang, opinó que la reciente anulación de la prisión preventiva impuesta contra Nicanor Boluarte establece un mal precedente en la lucha contra la criminalidad.
Según la letrada, esto es consecuencia de las leyes aprobadas por el Congreso que han debilitado el sistema de justicia peruano.
Chang señaló que la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que anuló la medida coercitiva contra Nicanor Boluarte, investigado por el caso “Waykis en la sombra”, era previsible.
Señaló que esto se debe a las leyes 32108 y 32138, que modificaron los criterios sobre las organizaciones criminales, lo cual afectó los procesos judiciales en curso.
“Se veía venir porque el juez de primera instancia, el doctor Richard Concepción Carhuancho, trató de alguna manera de salvar lo que el Congreso había modificado respecto al delito de organización criminal para evitar aplicarle esa norma que favorecía a todos los investigados en ese caso concreto. El problema es que para eso, lo que hizo fue inaplicar la norma”, explicó Chang.
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No obstante, la especialista en derecho penal sostuvo que la inaplicación de estas normas por parte del juez, mediante la figura del control difuso, fue realizada de manera incorrecta.
“La figura del control difuso sirve para inaplicar una norma en un caso donde esa norma sea inconstitucional porque vulnera los derechos del investigado. Aquí es todo lo contrario: es una norma que, en realidad, no es inconstitucional, sino que favorece a la delincuencia y beneficia al investigado, no lo perjudica”, precisó.
Nicanor Boluarte no iría a la cárcel
Chang también señaló que, aunque la Fiscalía de la Nación podría solicitar nuevas medidas contra Nicanor Boluarte, como comparecencia restrictiva, es poco probable que estas resulten en prisión efectiva. Esto se debe a las modificaciones legales realizadas por el Parlamento.
Según dijo, de acuerdo con las nuevas normativas, los delitos por los que se podría procesar al hermano de la presidenta, como tráfico de influencias y cohecho activo, no implican necesariamente penas de prisión efectiva.
Además, el Decreto Legislativo 1585, promulgado por Dina Boluarte en noviembre de 2023, establece que la prisión efectiva solo es aplicable para condenas de cinco años o más, no de cuatro, como era anteriormente.
“En la práctica, él (Nicanor Boluarte) no recibiría necesariamente una pena de cárcel efectiva”, concluyó la abogada.
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