Archivan todos los procesos contra Universidad Garcilaso
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Luego de seis años desde que las principales autoridades  de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega fueron denunciadas, cuatro procesos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público confirmaron que estas no cometieron delito alguno, y que más bien las imputaciones contra su rector, Luis Cervantes Liñán, eran totalmente falsas.

El último tres de abril, la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios de Lima resolvió archivar definitivamente la investigación por defraudación tributaria a Cervantes, así como también a los coinvestigados Juan Carlos Córdova, Luis Cervantes Ganoza, María Cervantes Ganoza y veinte personas más.

En un primer momento, se había asumido que los administradores del centro de estudios habían hecho transacciones comerciales y venta de inmuebles de la universidad sin pagar los impuestos de ley.

Las pesquisas determinaron que la misma SUNAT no había denunciado delito alguno, sino solo faltas administrativas desde el año 2011, y que el vencimiento de una exoneración tributaria todavía estaba en apelación, por lo cual no había indicios legales de culpabilidad.

Otro caso donde se determinó la inocencia fue supuesto delito contra el patrimonio de Cervantes Liñán, denunciado por Luis Raposo De Oliveira, quien señalaba que se pagaban “cifras exorbitantes” a docentes, y no se adecuaba a la UIGV a la Ley Universitaria.

“El director de Sunedu señaló que lo denunciado por el recurrente Raposo De Oliveira no tiene asidero dado que la UIGV a la fecha estaba impulsando su renovación de licencia conforme a la ley”, señala el documento suscrito por el fiscal Fidel Castro.

SUNAT Y SUNEDU

También se acusaba una transferencia de 20 millones de soles a un Centro Peruano Americano de Desarrollo Empresarial, pero solo se presentó una copia simple de una letra de cambio con enmendaduras, y se descubrió que la referida razón social estaba desactivada.

Estos procesos, junto a los llevados en el segundo despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de activos, y en el 29 Juzgado Penal de Lima, permitieron aclarar el verdadero sueldo “millonario” de los funcionarios. Según los contratos, estos no pasaban de diez mil soles al mes.

No era dos millones de soles como habían sostenido ciertos medios de comunicación, sino diez mil soles. Así lo señala el contrato de trabajo del mandamás de la UIGV.

La decisión del fiscal Marcos Villalta Infante se dio en respuesta a un recurso de queja planteado por la procurador de lavado de activos, Janet Briones, que venía del 2017.

Respecto al juicio por fraude en la administración de personas jurídicas, el juez Arturo Zapata Carbajal ya había declarado el sobreseimiento en agosto del 2015. Sin embargo, este auto fue impugnado durante años, hasta que finalmente se ratificó.

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