Carlos Caro dice que «Gustavo Gorriti debe ser investigado por tres delitos»: tráfico de influencias, usurpación de funciones y colusión

Abogado penalista advierte que, si periodista intervino en la contratación del exfiscal suizo Stefan Lenz, estamos ante el delito de colusión, que tiene pena de hasta 15 años de cárcel.


Jaime Villanueva ha dicho que la periodista Romina Mella, de IDL, tenía un escritorio en la oficina de Domingo Pérez. ¿Eso es ilícito?

Sería un delito por parte de la autoridad fiscal. El periodista no comete delito porque eso está cubierto por la libertad de prensa. Desde el punto de vista de las libertades de información y expresión, es la habilidad del periodista conseguir ese favor o lo que fuera. El que tiene el deber de custodiar la información es el fiscal. Entonces, para el fiscal, habría el delito que sería la violación de secreto profesional y, si la periodista ha accedido a una carpeta fiscal de colaboración eficaz, eso es más grave y puede conllevar a una pena de 4 a 6 años de cárcel, por la revelación de identidad o información de un colaborador eficaz.

Apenas Ipys salió a blindar a Gustavo Gorriti, usted señaló que, según lo declarado por Villanueva, el periodista pudo haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y usurpación de funciones.              

Sí, por supuesto, y sigo pensando lo mismo.

Porque Villanueva ha develado todo el poder e influencia que tendría Gorriti en el Ministerio Público.

A raíz de eso es que yo pienso que Gorriti debería ser investigado preliminarmente por diferentes delitos, como tráfico de influencias y usurpación de funciones, y, si ha intervenido en la contratación del exfiscal suizo Stefan Lenz, estamos ante el delito de colusión, que tiene pena de hasta 15 años de cárcel.

¿Lo relatado por Villanueva sobre Gorriti no está protegido por el derecho a la libertad de prensa?

Eso no es periodismo; periodismo es acceder a la información, como lo de Romina Mella, y luego difundirla. Libertad de prensa no es dirigir una investigación fiscal; eso es activismo político.

En el 2015, cuando nombran a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, IDL recolectó firmas para dar fe de su honestidad. ¿No le parece mucha coincidencia?

Es un indicio más de que esta relación entre Gorriti y la Fiscalía era plena. Ese dato, desde el punto de vista penal, puede ser tomado como un indicio.

Hasta el mismo Hildebrandt, que es amigo de Gorriti, cuestionó, en una entrevista con Carlos Rivera, que el periodista de IDL haya defendido a Odebrecht, empresa a la que calificó de reformada.

Todos estos indicios van sumando a la teoría del caso. Por ejemplo, la defensa que ha hecho el señor Gorriti de Odebrecht, el hecho de que Odebrecht haya financiado algunos premios que ha dado Ipys a algunos periodistas y esto del escritorio de la periodista de IDL. Todos son datos que suman a la narrativa de Villanueva. Reitero, esto no es libertad de prensa, sino activismo político.

Con Gorriti, Fiscalía se está tomando su tiempo

¿No le llama la atención que, hasta este momento, la Fiscalía no le haya abierto una investigación a Gorriti?

Sí, me llama la atención, porque, cuando la Fiscalía toma nota de un potencial hecho delictivo, de inmediato abre investigación preliminar. Pero, en este caso, se está tomando su tiempo, lo cual sería lo correcto si ese fuera el estándar aplicable a todos.

Y ni siquiera es un personaje aforado.

Exactamente, en otros casos, todos es inmediato, pero acá no.

¿Eso es por el poder que tiene Gorriti en el MP o por el miedo a investigar a un periodista?

Yo pienso que a las autoridades les cuesta trabajo iniciar una investigación contra un periodista porque tienen preocupación de las reacciones gremiales. Entonces, siempre a un fiscal o a un juez les pesa la mano para procesar a un periodista, porque, después los empiezan a investigar. Todos sabemos que en el gremio periodístico hay tendencias y, producto de ello, puede haber una suerte de cacería contra la autoridad que investigue al periodista.

Pero sí se le tiene que investigar.

Sí, por supuesto, debería haber una investigación preliminar, que no significa que el señor Gorriti sea culpable.

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