DENUNCIAS EN INDECOPI

Carta de presidenta del IPEN y respuesta de Expreso

Oficina de Control Interno revisa cuadernos de ocurrencias sobre el incendio en estación de Huarangal.

  • Fecha Lunes 15 de Mayo del 2017
  • Fecha 12:00 am



La presidenta del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Susana Petrick, remitió a esta redacción una carta con relación a nuestro informe del 7 de mayo último y editorial del 8 del mismo mes que detallan denuncias existentes en Indecopi contra dicha institución, por supuestas barreras burocráticas al mercado radiológico en el Perú.

Pasamos a dar respuesta a la misma, señalando en primer lugar que nuestro medio se comunicó con el IPEN y la respuesta fue el silencio. Por tanto no es exacto que no nos hayamos comunicado con esa entidad, tal como lo prueba el correo del 17 de abril pasado de nuestro periodista Rafael Romero en el que solicita una entrevista, incluso veinte días antes de publicarse el informe periodístico. Prueba de ello está en los siguientes documentos:

Sobre el incendio

De otro lado, respecto al punto 1 de la carta de la señora Susana Petrick, dejamos sentado que no faltamos a la verdad cuando decimos que nunca, al menos la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, investigó todos los pormenores de un incendio ocurrido en 2015 en la entidad que preside. Dicha comisión congresal debería hacerlo puesto que desde ese año hasta el presente continúa la zozobra entre el personal con relación a la seguridad ocupacional de los operadores del reactor nuclear por exposición radiológica.

Gracias al informe de EXPRESO hoy la Oficina de Control Interno del IPEN revisa los cuadernos de ocurrencias sobre el incendio acaecido en la estación de Huarangal y sobre otros asuntos como la firma de un contrato de compra de combustible para el reactor con una compañía argentina y otra americana. Preguntamos, ¿se negoció de forma unilateral y arbitraria sin consultar con los estamentos técnicos del IPEN?  Además, ¿es cierto que un director del IPEN fue despedido por oponerse a la validación de ese contrato cuando se buscaba descartar cualquier tema de triangulación? Ese contrato ahora paralizado, ¿traería penalidades al Estado peruano? Contraloría de la República, entendemos, tomará acciones en esto y el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, también debería hacerlo.

Lo sustantivo es que la presidenta del IPEN reconoce que hubo un incendio pero lo que no dice es que en la nota del diario El Comercio que ella refiere, quien hace las declaraciones del accidente es la secretaria general de su institución y no el funcionario encargado del reactor nuclear ni el funcionario del área de producción. ¿Por qué será? Tampoco precisa la presidenta en qué lugar ocurrió el siniestro (¿en las tres torres de enfriamiento del reactor nuclear)? Asimismo, ¿no debía reportar el incendio a los bomberos la División de Producción del IPEN que está en Huarangal y no su secretaria desde una oficina ubicada en la avenida Canadá?

Asimismo, ¿no fue el incendio por negligencia en tanto que el IPEN contrató a una persona natural sin experiencia ni calificaciones para que hiciera el mantenimiento de esas torres y se le dio la buena pro a dedo? Además, ya que menciona a una compañía de seguros, esta cómo catalogó la pérdida, ¿fue pérdida total? Y si la presidenta dice que el incendio fue un hecho “fortuito”, entonces debería precisar cuál fue el origen del mismo: ¿cortocircuito, recalentamiento, falla mecánica del equipo, etc.?

IPEN y alianza con privado

Respecto al punto 2 de la carta de la funcionaria Petrick, lo concreto es que no ha podido negar que existe una denuncia en el Indecopi. Por tanto no hemos faltado a la verdad al informar al respecto y se comprueba fehacientemente nuestra indagación periodística. En cuanto al punto 3 de la misiva, referido a la calibración de los monitores y la seguridad radiológica, lamentamos decirle que desconoce sus propios dispositivos legales y la normativa técnica que rigen la institución que preside.

En efecto, cuando dice que “la calibración de los detectores no disminuirá el riesgo, ni protegerá la integridad de las personas”, ignora lo dispuesto en el Art. 26 del Reglamento de la Ley 28028 (Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante) y la norma IR.012.98 (Requisitos técnicos de seguridad radiológica para irradiadores gamma panorámicos de categoría II y IV) y olvida también su propio TUPA, que incluso está disponible en la página web del IPEN, portal donde aparece un comunicado hace dos años cuando algún usuario ingresa a esa página virtual, y eso es que lo que nos llamó la atención como medio de prensa a fin de saber el porqué de ese comunicado apenas se abre la web del IPEN, y por qué en su texto se indica el término de un contrato con la empresa INMUNE S.A., donde precisamente hace referencia de la “no responsabilidad de los servicios de irradiación”. Entonces, más claro ni el agua.

Al abrir la web del IPEN aparece un comunicado, todos los días desde hace dos años, sobre la finalización de su asociación con la empresa INMUNE S.A. Este asunto extraño nos llamó la atención para elaborar nuestro informe.

Las APP de hoy

Sobre el punto 4 y último de la carta de la presidenta Petrick, señalamos que el contrato entre el IPEN y la empresa INMUNE S.A. viene del año 1995, y por eso se llama “asociación en participación”, tiempo en el que no estaban de moda las asociaciones público privadas (APP). Han pasado 22 años y se ha cambiado la nomenclatura, más aún cuando el marco legal es prácticamente el mismo, estando de un lado una entidad pública y del otro una empresa particular. De modo que la carta del IPEN se enreda en disquisiciones insustanciales.

Lo que sí es importante, tal como se aprecia en la normatividad vigente, es la exigencia de calibración de los monitores de radiación, fijos como portátiles, para su correcto funcionamiento y sin riesgo radiológico para las personas que operan una planta o personas ajenas a la misma.

Interés público

Nuestro informe abordó un tema relacionado con una institución pública, hemos tocado hechos públicos y de interés general en el marco de nuestro derecho a la libertad de expresión, sabedores del periodismo imparcial y ético que practicamos. Por lo tanto, pretender que nos rectifiquemos por usar el rótulo “El IPEN es un polvorín” resulta inaceptable, máxime cuando la presidenta Petrick sabe qué es la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), que constituye la primera instancia en cuestiones de regulación y control radiológicos, y su despacho (presidencia del IPEN) representa la segunda y última instancia administrativa.

En consecuencia, ¿qué han hecho la OTAN y el IPEN ante las barreras burocráticas en el mercado radiológico tan importante para nuestra economía y competitividad? ¿O qué hacen frente a los peligros producidos por robos de instrumentos con fuente radiactiva como el ocurrido el 9 de mayo en los almacenes de Odedrecht, en Huachipa, o como el que sucedió en el Hospital Almenara que hasta ahora no ha sido encontrado? La pregunta es: ¿cuántas fuentes radiológicas están huérfanas de control, supervisión y vigilancia en el país ocasionando daños a la población?

FUEGO EN CENTRO NUCLEAR DE HUARANGAL

El 14 de enero de 2015 se desató un incendio en instalaciones del Centro Nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra en la zona de Huarangal, distrito de Carabayllo. El brigadier de los Bomberos, Augusto Blanco, dijo que se trató aparentemente de un cortocircuito en medio de trabajos de mantenimiento en un sector de la planta.

 








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