Caso Cócteles: el juego del sube y baja de las apelaciones

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Atropellando el derecho de defensa de los 49 acusados del Caso Cócteles, el juez de control Víctor Raúl Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, contra toda lógica y derecho, ha venido amarrando el macho con los recursos de apelación (que se presentaron hace ocho meses).

Si bien, hace un mes, el juzgado concedió 17 recursos de apelación (11/4/23) -de un universo que se acerca a la centena-, en un primer momento se limitó a sacarlos de un cajón para encarpetarlos en otro. Demorando el trámite siguiente que consiste en elevarlos a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que preside el vocal Iván Quispe Aucca y conformada por Édgar Medina y María Eugenia Guillén.

Al cierre de la edición, trascendió que tales expedientes finalmente habían subido a la Sala, pero en forma incompleta. Lo mismo que nada. Se espera que esta falla del juzgado no se traduzca en una devolución de la acusación por parte de la Sala hacia el juzgado y así sucesivamente, hasta que llegue el juicio oral. Sería un juego de Yo-yo. Una ida y vuelta. Un Sube y Baja en perjuicio de los procesados.

Pollitos en fuga

Hay que recordar que a esta Sala Superior le corresponde analizar y calificar si es que será apta la Primera Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien abandonaría la Fiscalía Lava Jato para enrolarse en la Corte Superior. También figuran como postulantes aptos el fiscal Walter Villanueva y la fiscal Geovanna Mori del Caso Gasoducto. Una diáspora o el “sálvese quien pueda” para no sostener y probar las acusaciones en un juicio oral.

El “Fiscal de los 12 rebotes” ha perpetrado una serie de abusos, al haber encausado a todos los procesados “Al Guerrazo” por cinco delitos, adjudicándoles al granel los 1063 testimonios de testigos y 5936 medios de prueba (y 92 incidentes), haciendo tabla rasa del artículo 3.49 1.b del Código Procesal Penal (CPP), que obliga al Ministerio Público a precisar en qué circunstancias, modo y tiempo, supuestamente, se realizaron tales delitos, según indica el abogado José Nolasco. Más aún, la falta de individualización de los elementos de convicción coloca en un lamentable estado de indefensión a los acusados, porque tampoco se especifica qué utilidad tiene cada elemento de convicción para cada uno de ellos (artículo 352.5 del CPP).

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El atropello es inaudito. Porque a contrapelo de esta negligente lentitud de Zúñiga para tramitar estos recursos completos a la segunda instancia incumpliendo su deber de “resolver las apelaciones y otros medios de defensa” (inciso ii, artículo 352), se ha dedicado a correr como liebre para concluir con la etapa intermedia y pasar a juicio oral en maratónicas sesiones. Como lo demuestra, la realización de tres audiencias semanales, mañana y tarde, a dedicación exclusiva, con el fin de cumplir rápidamente su profecía: “resulta insoslayable la emisión del auto de enjuiciamiento” sin control y sin pluralidad de instancias (Resolución N.º 89 22/2/23) ignorando que el Código contempla dos posibilidades: el enjuiciamiento y el sobreseimiento. Como diría el juez de Tres Patines: llueve o truene, “A la reja”.

Si granza como un pato, camina como un pato

Dicho de otra manera, el juez Zúñiga que viene desfilando al “paso ligero” en las audiencias, para las apelaciones adopta el “paso de ganso”, sin reparar que pisar el acelerador y jalar el freno de mano al mismo tiempo, puede producir vueltas de campana y en el mejor de los casos, un trompo.

Es una ley física, tarde o temprano se develará el abuso. Además, por si fuera poco, el hábeas corpus, concedido al empresario Ricardo Briceño por la Segunda Sala Constitucional hace 18 días, que elimina el delito fuente de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de la Confiep para acusar por lavado de activos, tampoco ha merecido la atención del juez para reformular la acusación. Una cosa de locos.

Para remate, se ha conocido que desde el próximo lunes el juzgado conocerá el pedido de la Fiscalía para la comparecencia con restricciones, es decir, se conocerá si los acusados sufrirán impedimento de salida, cauciones millonarias y restricciones de conducta, tanto en movilidad como en comunicación con otros testigos. Los últimos atropellos del fiscal Pérez o 'Capitán Araya'.

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