Caso Cócteles, nueva temporada de la serie: el inicio del derrumbe

El caso Cócteles contra Keiko Fujimori y 41 acusados, que cada quincena viene revelando alguna irregularidad procesal, tomaría un sorpresivo giro, a partir del hábeas corpus concedido por la Segunda Sala Constitucional de Lima -presidida por el vocal Roberto Vílchez e integrada por Juan Torres y Juan Macedo-, porque el juez de control Víctor Raúl Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aceptó sin chistar la acusación por lavado de activos presentada por la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, contra el expresidente de la Confiep Ricardo Briceño.

Sucede que el empresario agrícola fue involucrado por haber recolectado fondos para organizar la “Campaña de Promoción de la Inversión Privada II” de la Confiep que según la Fiscalía estaba destinada a financiar la campaña de Keiko. El fiscal Pérez encargó la investigación a la Fiscalía de La Victoria, que determinó que no había fraude para falsear los balances y estados financieros de la Confiep y archivó el caso. Sin delito “fuente”, en este caso: fraude en la administración de persona jurídica en agravio de la Confiep, no es factible levantar la acusación por el delito de lavado de activos.

El abogado de Briceño, Luciano López, señala: “… si no hay delito fuente, no hay lavado de activos y se está autorizando injusta e inconstitucionalmente que Briceño pase a juicio oral… la Segunda Sala Constitucional de Lima le ha ordenado al juez Zúñiga que cumpla con pronunciarse sobre tal archivo del delito fuente del supuesto fraude en la administración de persona jurídica…” (24/4/23).

MÁS INFORMACIÓN: Caso Cócteles: apelaciones en manos de la Sala Penal Nacional

Como se aprecia, los desaguisados del fiscal Pérez, consentidos por el juez Zúñiga (“…tampoco puedo ser exigente con el Ministerio Público, porque no lo he sido en otras circunstancias” - 22/2/23) van quedando al descubierto, porque al operar como un tándem, paisanos ambos, amamantados bajo el influjo de las nieves del Misti (como si se tratara de Farfán y Paolo) se apuntaron goles de dudosa legitimidad, con los cuales atropellaron sin miramientos los derechos de los procesados, irregularidades que se empezarán a ventilar en la Segunda Sala de Apelaciones Nacional que preside el vocal Iván Quispe Aucca.

Como por ejemplo, la presurosa acusación “electoral” presentada por Pérez el 11/3/21 -un año antes de que se venciera el plazo de 36 meses de investigación por el delito de organización criminal- para coincidir en la segunda vuelta electoral del 2021 con el Movimiento No a Keiko.

La cofradía del rocoto y del adobo

Prisa que se refleja: primero, las nueve subsanaciones que ha experimentado la acusación (luego de nueve rebotes sucesivos que sufrió el flamante catedrático de Derecho de la PUCP), tratando infructuosamente de enmendar errores de origen; segundo, que haya presentado una acusación “Al Guerrazo” donde no se personalizan los cargos ni al empresario Briceño ni tampoco a los otros 41 procesados, porque se generalizan los testimonios de 1,063 testigos y también los 5,111 elementos de convicción para cinco delitos: organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica. Dicho de otra manera, por ahora para la Fiscalía el empresario “no lava”, pero pertenece a una banda, es obstructor y, además, un falso de aquellos.

Finalmente, como cereza en la torta de la indefensión, de mistiano a mistiano, Zúñiga le permitió fraternalmente a Pérez corregir oralmente la acusación en la etapa intermedia de control. Una revolución procesal.

A estas alturas, el presidente de la Sala Nacional de Justicia Penal, el vocal César Sahuanay, no debería olvidar que el informe preliminar del Grupo de Alto de Nivel de la OEA de hace solamente cuatro meses (1/12/22) señalaba que debería tenerse muchísimo cuidado en continuar con la “judicialización de la política y politización de la justicia, lo que desvirtúa el rol y equilibrio de los poderes del Estado” (1/12/23).

Inicialmente, el pedido “extraordinario” de Don César, de quedarse al frente de la Sala Penal por un periodo adicional de dos años, rebotó en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ), compuesto por el actual presidente de la Corte Suprema Javier Arévalo Vela y Carlos Arias Lazarte, que designaron al vocal superior Armando Salvador, pero “milagrosamente”, antes de las Fiestas Navideñas (23/12/22), se reveló que Salvador tiene un hijo con la pareja actual del congresista Guillermo Bermejo, ante lo cual Elvia Barrios, en ese entonces presidenta del PJ, retrocedió y prorrogó irregularmente la gestión de Sahuanay “hasta que el JNJ nombre a los vocales titulares de la Sala Penal Nacional”.

SEGUIR LEYENDO:

Evo Morales se victimiza: «Nos declaran persona no grata y luego nos citan a declarar» 

Avanza País pide interpelar al ministro de Justicia

Rafael López Aliaga: «No permitiremos más serenos muertos»

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.