Caso Línea Amarilla: Juez fija fecha para audiencia sobre suspensión de cobro de peajes
Municipalidad de Lima podría asumir temporalmente administración.
Caso Línea Amarilla: Juez fija fecha para audiencia sobre suspensión de cobro de peajes.
El Poder Judicial analizará el próximo jueves 21 de noviembre la posible suspensión del cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, administrada por Lima Expresa SAC.
La audiencia, presidida por el juez Jorge Chávez Tamariz del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se centrará en los alegatos presentados por la defensa de la empresa concesionaria y el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien solicitó esta medida como parte de una investigación por presunta corrupción vinculada a la concesión.
El fiscal Pérez sustentará la necesidad de suspender el cobro de peajes argumentando que la población se vería afectada por un posible aumento en las tarifas, actualmente fijadas en S/6.60.
Además, Pérez propuso que, de aprobarse la suspensión, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape), asuma temporalmente la administración de las casetas de peaje ubicadas en la vía de Evitamiento y el túnel bajo el río Rímac.
Esta medida se enmarca en las investigaciones contra la exalcaldesa Susana Villarán y la constructora brasileña OAS, quienes, según el Ministerio Público, habrían extendido la concesión de Línea Amarilla de 30 a 40 años mediante un acuerdo presuntamente irregular.
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La audiencia contará con la intervención de diversos actores políticos. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien previamente criticó la concesión, mostró apoyo al fiscal.
“Lo he criticado mucho, pero quiero felicitar al fiscal Pérez porque está haciendo justicia”, afirmó en declaraciones a Canal N, solicitando además participar en la sesión para exponer sus argumentos.
Lima Expresa manifestó que el pedido del fiscal no afecta el cobro actual del peaje, pues “no constituye una sentencia, sino una solicitud preventiva”.
Asimismo, la empresa apeló a las autoridades judiciales para que respeten “las garantías constitucionales” en sus decisiones, y así “restituir la confianza empresarial”.
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