Caso Odebrecht y cómo los fiscales peruanos fracasaron en Bahía
Brasileños no dejaron entrevistar ni al jefe de la División de Operaciones Estructuradas, el departamento de las coimas.
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Viene de Juez ligado a Lula da Silva tumbó caso Lava Jato: jaque mate para fiscales Vela y Pérez
Los fiscales del Lava Jato peruano ya habían pasado fiascos que debían avergonzar al país. ¿Habían olvidado el fiasco protagonizado por José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, cuando el 3 de julio de 2018 se presentaron en Bahía, Brasil, tal como estaba programado por la Procuraduría brasileña, y no les permitieron interrogar a Hilberto Silva, el ex jefe de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que era el departamento encargado de pago de las coimas?
La orden de cancelación provenía de la misma Procuraduría General de la República del Brasil, la entidad con la que le encantaba coordinar a Rafael Vela, la misma que ahora se hacía eco de todas las quejas de la constructora Odebrecht transformada en Novonor.
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La empresa arguyó supuestas violaciones al acuerdo de colaboración eficaz por parte de Rafael Vela, en especial el 21 de septiembre de 2021, cuando declaró en el diferendo a arbitraje sobre el gasoducto del sur entre el Estado peruano y Odebrecht y sus consorciadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), haciendo uso de información aportada sobre el caso Rutas de Lima para la firma del acuerdo colaboracionista.
Adicionalmente, la sospecha brasileña era que la parte peruana quería embargar las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima (peajes), que en su opinión menoscaba los acuerdos reservados de colaboración eficaz, como no utilizar las pruebas entregadas por Odebrecht y sus ejecutivos para nuevas acciones penales en su contra.
Suspendida la cooperación internacional con el vecino país, Vela y Pérez estuvieron en plan de súplicas para restablecer la colaboración internacional. Se sabe que incluso aceptaron que los brasileños podrían declarar con carta rogatoria, es decir que los interroguen sin derecho a repregunta, lo cual es una violación de normas procesales de audiencias judiciales.
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