Caso Patricia Benavides: 14 congresistas involucrados en la investigación a exfiscal de la Nación

Por presunto intercambio de favores entre legisladores y extitular del Ministerio Público.


El escándalo político que repercute en el Congreso de la República se intensificó con la inclusión de 14 congresistas en la investigación judicial dirigida contra Patricia Benavides por presuntos intercambio de favores entre legisladores y la exfiscal de la Nación, a raíz de las delaciones del exasesor Jaime Villanueva.

Entre los parlamentarios señalados se encuentran comprometidos Martha Moyano, Patricia Chirinos, José María Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, José Williams, Luis Aragón, José Jerí, Ilich López, César Revilla Villanueva, Jorge Flores Ancachi, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

La fiscal Delia Espinoza no solo implicó a los congresistas, sino también a dos exfiscales supremos, Marco Huamán y Elmer Ríos, quienes supuestamente colaboraron desde el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales durante la gestión de Benavides.

Carlos Muñoz, fiscal de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), también fue incluido en la investigación por su participación en la recomendación de suspender al fiscal superior Rafael Vela.

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Según las declaraciones de Jaime Villanueva, Patricia Benavides habría utilizado su influencia para sancionar al fiscal Rafael Vela, quien representó una amenaza para los presuntos aliados políticos de Benavides, José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca.

El Ministerio Público sostuvo que existió un presunto acuerdo entre la suspendida fiscal suprema y los congresistas investigados, quienes buscaron que sus investigaciones penales se archivaran a cambio de proporcionarle a Benavides un blindaje político.

En respuesta a las acusaciones, Patricia Benavides, suspendida de su cargo como titular de la Fiscalía de la Nación se presentó en la audiencia y afirmó que no está evadiendo el sistema judicial, por lo que exigió respeto al debido proceso, alegando que las investigaciones actuales son irregulares y no respetan la ley ni la Constitución.


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