Caso Patricia Benavides: denuncias mediáticas y las imputaciones contra la fiscal de la Nación

Una campaña cuya finalidad es generar una corriente adversa que afecte la labor de la titular del Ministerio Público.


Ahora se entiende en gran medida –no por impresión, manipulación o sugestión como generalmente sucede, sino al contrario, por convicción y convencimiento- que la finalidad inmediata de plantear graves imputaciones penales contra la actual fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, y algunos de sus asesores (tráfico de influencias y crimen organizado) en términos continuos y permanentes no necesariamente tienen por finalidad responsabilizarla de forma directa en el plano penal sobre la comisión de algún delito o ilícito penal.

La finalidad colindante e inmediata en primer término, no es otra que tratar por todos los medios posibles de generar una corriente de opinión pública que sea adversa, tanto a su persona como a su gestión, para fines de obligarla o mejor dicho conminarla para que renuncie al cargo de fiscal.

Así tenemos que parte de este entramado es la investigación inmediata que ha abierto la Junta Nacional de Justicia para mellarla e indisponerla ante la opinión pública, mostrándola como una funcionaria no solo objeto de una investigación sino factible de una suspensión inmediata y rápida, para posteriormente proceder a destituirla argumentando una conducta incorrecta en términos funcionales.

Solo presunciones

Señalo y recalco que se trata de presionar a la Fiscal de la Nación por todos los medios posibles, incluso recurriendo a toda una gama de arbitrariedades, sospechas y especulaciones e intrigas renuentes al cargo en los mediáticos, porque en los legales, judiciales, procesales o jurídicos, una indagación bajo estos fundamentos sustentados en tan débiles y distorsionados argumentos, no debe resistir o no tiene posibilidades que prospere a lo largo de todo el tiempo que en nuestro país dura un proceso de esta naturaleza.

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Hablo que para que las investigaciones puedan continuar con la secuencia del proceso penal necesaria y que permite las leyes procesales, se requiere antes que nada, que una vez que se han finalizado las indagaciones o investigaciones preliminares, que es la etapa en las que se encuentra en estos momentos, para continuar con las subsiguiente etapas que son las investigaciones preparatorias, la acusación y el propio juicio oral, es imprescindible que no solo subsistan algunos elementos de convicción, sino que se consoliden o refuercen con otros indicios y las verdaderas pruebas.

Lo que impera ahora y hasta este momento es una detención preliminar de sus asesores, los allanamientos, los WhatssApp , grabaciones de algunas conversaciones y otros documentos, que para pasar a convertirse en pruebas válidas y lícitas antes que nada requieren ser sometidos a un control de calidad y legalidad procesal y tecnológica.

Forzar la renuncia

Ahora se entiende con meridiana claridad y solvencia, por qué la desesperación, apuro y hasta premura de determinados voceros u operadores mediáticos, que señalan y afirman a toda las voces, que la Fiscal de la Nación debe renunciar a su cargo como si se hubiera demostrado en los planos legales y procesales su responsabilidad. Se afirma de forma incluso categórica, menoscabando el estado de derecho y los principios que rige la democracia, que habría quedado demostrada la responsabilidad de Patricia Benavides, sin mediar ni siquiera una investigación firme, transparente y concienzuda, que se ciña a las exigencias procesales que imperan en un sistema legal respetuoso de la ley.

Hablamos de llevar a su máxima expresión y correlato, indagaciones procesales como si fueran acusaciones e incluso una sentencia anticipada, frente a las cuales no cabe ningún espacio de debate y análisis concienzudo y veraz. Se violeta principios elementales relacionados con la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso, la validez de las pruebas y otras garantías personales y funcionales que incluso tienen rango constitucional sin las cuales resulta materialmente imposible condenar a una persona, menos aún porque se trata de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Mentiras grotescas

Se trata de llevar a la máxima expresión un cúmulo de mentiras, falsedades y toda una serie de ficciones muy bien diseñadas y referidas, que en realidad no hacen otra cosa que poner en evidencia un total menosprecio a la credibilidad de una gran parte de los ciudadanos, que muchas veces observan absortos y confundidos como se fracciona dolosamente la verdad y la misma gobernabilidad del país.

Una grotesca burla y desprecio a los niveles cognoscitivos de un sector importante de la población, con fines de tenerla, por un lado absorta, y por otra parte, confundida para que no puedan dilucidar las mentiras soterradas y confusas frente a las verdades que requieren ser judicialmente demostrables.

Posverdad

Una forma de control mental colectivo que permite manipular grandes sectores de la población, con el concurso y apoyo incondicional de distintos voceros de diferentes niveles –incluso oficiales y no oficiales-, dispuestos a exacerbar y sacar de quicio a los ciudadanos comunes, muchas veces legos en materia jurídica y procesal.

Una cultura política malversa en la que el debate debe aparecer enmarcado ya no en apelaciones, sino en emociones para efectos de desconectar a la población de la realidad y poder manipularla al antojo de quienes deben estar detrás de esta estrategia malsana que en última instancia afecta a todo el país y la democracia.

Las réplicas fácticas y los hechos reales, son ignorados, en tanto que se trata de falsificar la realidad o la veracidad, dándole a esta última una importancia secundaria o muy venida a menos. Lo que aparenta ser verdad, pasa a ser más importante que la propia verdad. Estafas masivas encubiertas como instrumentos de manipulaciones mediáticas masivas, que en los últimos años ha pasado a convertirse en una herramienta política muy eficaz, sobre todo cuando se trata de socavar al adversario.

Crimen organizado como máxima expresión de la mentira

Si hay una modalidad de criminalidad que puede ser llevada a la máxima expresión, sobre todo en los planos del estupor, el aturdimiento y la zozobra ciudadana y colectiva, es la presencia del crimen organizado y todo lo que ello implica en el ámbito de la desestabilización social y política.

Hablamos de grupos organizados de delincuentes y criminales nada escrupulosos, que no solo interactúan a la perfección entre todos ellos, sino de toda una estructura en el plano de la organización criminal, integrada por un sin número de personas, con estabilidad y permanencia, que cumple en realidad todo un organigrama criminal, en el que hay reparto de funciones o labores, todos las cuales, se engarzan y se articulan con una sola finalidad que no es otra que violar la ley.

En términos de peligrosidad, resume eficiencia y organicidad para cometer todo tipo de delitos graves, sobre todo los más relevantes que son los que desestabilizan a la sociedad en su conjunto (terrorismo, lavado de activos, extorsión o sicariato).

Pues bien, que peor y malsana idea para desestabilizar al Ministerio Público en todo su conjunto, que afirmar con pocos escrúpulos y sin ningún fundamento, que dentro de sus estructuras y en los más altos niveles de esta institución -que no es otra que la representante de la legalidad en el país- estaría operando una organización criminal, en la que el presente caso, estaría siendo liderada por una sola mujer que frente a los hechos democráticos resultó convirtiéndose en la Fiscal de una nación que posiblemente atraviesa por uno de los peores momentos de su propia historia republicana.

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