Caso UAP: Fiscalía conocía toda la información desde 2018

Viene de «UAP: documentos judiciales advierten que se incurrió en actos ilegales en el 'Megaoperativo del año'»

Un hecho que agrava lo ocurrido en el Megaoperativo es que en el requerimiento de incautación, el fiscal reconoce que Fidel Ramírez se habría adjudicado ilícitamente acciones de la UAP (proceso que se logró revertir).

Si la institución nunca perteneció a los Ramírez y esto era de conocimiento del fiscal, ¿por qué incluyó 34 propiedades destinadas a una función educativa que hoy perjudica a más de 10 mil familias cuyos hijos estudiaban hasta que el “Megaoperativo del año” cortó su derecho a la educación?

Otra irregularidad fue atribuir a la UAP 15 actos de fraude realizados por personas naturales, de los cuales 14 se atribuyen a Fidel Ramírez. ¿Cómo la persona jurídica puede ser imputada por 15 actos de fraude contra sí misma, cuando está demostrado que el fallecido Fidel Ramírez cometió los actos imputados? ¿Por qué extraña razón el fiscal cambió la condición de la universidad de agraviada a investigada después del fallecimiento de Fidel Ramírez, a quien ya se había extinguido la acción penal?

El fiscal Salazar también habría sorprendido al juez Zúñiga cuando le indicó que la UAP no contaba con alumnos y que todos sus locales se encontraban en abandono por encontrarse con licencia denegada. De manera deliberada ocultó al juez que la UAP continuaba funcionando con 10 mil alumnos y sus locales a nivel nacional se encontraban debidamente implementados para recibirlos en clases presenciales. Cuando el año 2022 inspeccionó los locales a nivel nacional para su informe, ninguna universidad tenía clases presenciales, dato que omitió en su informe al juez.

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Otro falso argumento del fiscal Salazar es que la UAP contaba con locales que realizaban actividades diferentes al giro educativo, como clínicas y policlínicos. Nunca dijo que los establecimientos están destinados para las prácticas de los alumnos de la carrera de Ciencias de la Salud.

Ocurre lo mismo en el caso de la Escuela de Aviación Civil Jorge Chávez Dartnell que pertenece a la UAP. Las aeronaves y el simulador de vuelo incautados se adquirieron con dinero lícito de la universidad, cuya documentación se encuentra totalmente en regla, y puede ser revisada por quien desee hacerlo.

Toda esta información era de conocimiento del fiscal Salazar desde el año 2018. Pero la arbitrariedad de su despacho perjudicó a 200 alumnos truncando su carrera de pilotos en la única escuela que cuenta con una certificación de calidad y de trayectoria en la formación de pilotos en el Perú.

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