César San Martín decidirá si anula investigación a José Domingo Pérez: Sala Suprema admite apelación a trámite
Mientras fiscal Juan Carlos Villena no ordena pasar a etapa preparatoria por aparente enriquecimiento ilícito.
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“Todos los caminos llevan a César San Martín”, parece ser el lema del sistema de justicia en los últimos veinte años. El investigado fiscal José Domingo Pérez ha logrado que la sala suprema que preside el experimentado juez admita a trámite su apelación.
Así lo confirma el Auto 145-2024, expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 17 de julio, respecto a una tutela de derechos del miembro del Equipo Lava Jato, para que se anulen todas las diligencias.
No desmiente peritaje
“Bien concedido, el recurso de apelación interpuesto por José Domingo Pérez Gómez contra el auto de vista”, se lee en el documento que el investigado por presunto enriquecimiento ilícito ha hecho llegar al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena.
Esto responde a un reclamo que se había rechazado parcialmente en el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, el pasado 26 de abril.
El fiscal anticorrupción Reggis Chávez solicitó en agosto que se pase a la etapa preparatoria, al tener un Informe Pericial Financiero Contable, de que Pérez no ha justificado gastos de 131 mil soles en los últimos años.
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Ante ello, el encargado de casos emblemáticos sobre Ollanta Humala, Susana Villarán y Keiko Fujimori sostuvo que él ya había sido investigado por los mismos hechos. Agregó que esto se archivó en el año 2013.
Lo que no cuenta José Domingo Pérez es que lo que Chávez averigua, parte de la compra de un vehículo Volvo en el 2021, en un modelo que estaba valorizado en casi 300 mil soles.
A esto se suman los gastos bancarizados en los años que negociaba con la corrupta Odebrecht un acuerdo de colaboración eficaz. Por lo menos la mitad del aparente desbalance se produjo a partir de ese tiempo.
Antecedente
En 2022, la sala suprema que preside San Martín resolvió una casación a favor de Jorge Danós y Ana Sofía Reyna, del Estudio Echecopar.
El juez se había negado a inhibirse, a pesar de que había trabajado don Danós y el abogado de este, Luis Vargas Valdivia.
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