Colegiado prevaricaría si desacata sentencia del Tribunal Constitucional: el ataque de fiscales controvertidos en el caso ‘Cócteles’
A pesar de un fallo del Tribunal Constitucional que expone su parcialidad, el fiscal José Domingo Pérez sigue actuando en el caso ‘Cócteles’, acusado de violar derechos y manipular pruebas sin control alguno.
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La politización de la justicia no tiene cuándo acabar en el caso ‘Cócteles’, como lo viene demostrando el Colegiado, que pasará a la etapa de interrogatorios a testigos (audiencia del próximo martes 17), sin haber ordenado al juez de control Víctor Zúñiga que remita el expediente a la Fiscalía para que anule todas las disposiciones del fiscal José Pérez desde la fecha en que lo ratificó el fiscal José Rafael Vela (7/1/19).
En pleno duelo por las exequias del expresidente Alberto Fujimori (1938-2024), continúan los abusos procesales contra Keiko Fujimori en el caso ‘Cócteles’ (Expediente 299-17), esta vez por parte del Juzgado Colegiado (Colegiado) que preside Juana Caballero e integran Nayko Coronado y Max Vengoa, tal como sucedió con los 22 “parches” y otras perlas que autorizó el juez “sin control” Víctor Raúl Zúñiga Urday durante la etapa intermedia (11/3/21 – 30/11/23), según el abogado Arsenio Oré.
En lugar de traje nuevo: zurcidos, remiendos y retazos
A pesar de haber transcurrido cinco semanas desde que se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en contra del fiscal provincial José Domingo Pérez, por “falta de objetividad” en la investigación por Obstrucción a la Justicia (Exp. 4384-12/8/24), el Colegiado hasta la fecha no cumple con remitir el Expediente 299-17 (Caso ‘Cócteles’) al juez Zúñiga, para que disponga que el Ministerio Público reformule el requerimiento acusatorio, adaptándolo a los clarísimos mandatos que contiene la resolución constitucional.
Porque la sentencia del TC dispone claramente: primero, la nulidad de la disposición del fiscal superior Rafael Vela, que ratificó al fiscal José Domingo Pérez denegando el amparo del jurista Oré (7/1/19); segundo, la nulidad desde esa fecha: “de todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes” referidos al delito de la Obstrucción a la Justicia, que es el corazón del otro delito que se esgrime: Organización Criminal; y tercero, que el fiscal superior Vela emita otra resolución nombrando a otro fiscal.
No cumplir con el mandato de la sentencia del TC es, cuando menos, una grave violación del Código Penal (CP) y una grave afectación de los derechos de los acusados, porque se estaría subyugando el mandato constitucional al argumento pueril del Ministerio Público, cuya fiscal Paulina Roque ha sostenido con desparpajo en la última audiencia (9/9/24): “Todos los medios probatorios son indivisibles”. Es decir, se viene cumpliendo el fatal vaticinio que hicimos hace más de un año: la Fiscalía acusará “A la Guerrazo”, sin individualizar ni los cinco delitos, ni los 1.033 testigos, ni los 5.436 medios de prueba y, menos, los 92 incidentes (Expreso 9/2/23).
El colegiado y el Avant premier
El Colegiado debe devolver la acusación al juez Zúñiga para que este ordene a la Fiscalía recomponer el requerimiento para que pueda emitir un nuevo auto de enjuiciamiento, porque lo ofertado como medios probatorios en la acusación y auto de enjuiciamiento, como por ejemplo, los testimoniales de Jorge Barata y otros ejecutivos de Odebrecht, son irrealizables, como lo reconoció el mismo fiscal Pérez al pretender reemplazarlos por nuevas pruebas y testigos, que fueron desestimados en gran parte porque son inconstitucionales, ya que no se contrastarán en el juicio oral.
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Si bien el Colegiado acató con presteza eliminar el delito de Obstrucción a la Justicia, ha cumplido preliminarmente a duras penas y por pedido de la defensa que todo lo admitido por el juez Víctor Zúñiga, en etapa intermedia, se excluya (10/9/24).
Y más bien, el Colegiado ha programado una suerte de sesión de cine con Jorge Barata como primer y único actor, porque, pese a haber perdido su condición de colaborador eficaz, ha autorizado que se presente en audiencia el video de su testimonio de otro juicio (Caso Metro de Lima), obviamente, sin contrainterrogatorio de los abogados de la defensa, afectando sustantivamente el derecho de los procesados.
El violador serial
Finalmente, la presencia del fiscal Pérez, difusor del discurso del odio en su alegato, que al carecer de argumentos jurídicos se limitó a insultar: “Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien fue condenado por el delito de… lesa humanidad por la justicia peruana… van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90…” (2/7/24), es una provocación.
La sola presencia del fiscal Pérez, sentenciado constitucionalmente por violador serial procesal, es un evidente y flagrante hostigamiento a los procesados, revictimizándolos en el atropello.
Rafael Vela se quedó pasmado
Asimismo, el fiscal Vela parece haberse quedado pasmado por el escándalo del Caso Chibolín que ha involucrado a su adjunta, la fiscal superior Luz Peralta a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos, con la escandalosa devolución de 215 kilos de oro (valorizados en la fecha: US$ 17 millones), pagando una coima de US$ 1 millón, según refiere la esposa del jugador Edison “Orejas” Flores: la doctora Ana Siucho.
Porque, hasta la fecha, tampoco ha cumplido con remitir el expediente de investigación por Obstrucción a la Justicia del Caso Cócteles, individualizando testigos, pruebas e incidentes, a la mesa de partes del Ministerio Público para que cumpla con nombrar al fiscal que corresponda.
No obstante, Vela sigue contando con un formidable aparato mediático a su favor: Grupo El Comercio (América TV, Canal N, El Comercio, Correo, Perú 21 y Gestión), Latina, Panamericana TV y RPP, algunos de cuyos directivos están inmersos en el Caso Lava Jato (José Graña Miró Quesada y Hugo Delgado Nachtigall), como desinformando a los incondicionales que le quedan, propagandizó en la tarde del pasado viernes 6/9/24 la remoción del fiscal Pérez de la carpeta de aportes de la campaña electoral de 2021 (Resolución Nº 43-2021), soslayando que había sido solicitada por el fiscal Pérez (Podcast Hildebrandt 9/9/24); que no tiene nada que ver con el Caso Cócteles (aportes de las campañas electorales 2011 y 2016), presentándola para los legos, como una consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por Ricardo Álvarez P.
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