Colegio de Abogados de Lima formaliza demanda de inconstitucionalidad sobre ley que precisa alcances de crímenes de lesa humanidad
La ley impugnada -sostienen- afecta el acceso a la justicia y los derechos humanos, según el CAL.
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El Colegio de Abogados de Lima (CAL) formalizó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley N° 32107, la cual define los criterios de aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según el documento, la ley vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la verdad y la dignidad humana, establecidos en el artículo 1 de la Carta Magna.
El CAL argumenta que la norma, al intentar regular estos crímenes, contradice principios fundamentales del derecho internacional, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Este principio es vital -sostienen- para que las víctimas puedan acceder a la justicia, y para asegurar que los responsables sean juzgados, sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos.
La demanda también subraya la conexión con el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que definió los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
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Este precedente internacional, según el CAL, deja claro que tales delitos deben ser castigados con firmeza, y cualquier intento de limitar su alcance podría afectar la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3 de la Constitución) y la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (artículo 44 de la Constitución).
Asimismo, el Colegio recuerda que la adhesión del Perú a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la Resolución Legislativa N° 27998, refuerza la obligación del Estado de actuar conforme a las normas de ius cogens del derecho internacional, que no permiten excepciones para estos delitos.
Por ello, el Colegio de Abogados de Lima solicita que la ley sea declarada inconstitucional, indicando la importancia de garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas.
En su exhortación final, el Colegio de Abogados de Lima insta al Tribunal Constitucional a admitir la demanda, insistiendo en que los fundamentos presentados están alineados con los principios de derechos humanos y el marco legal internacional vigente.
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