Congresista Moisés González sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por colusión
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida para Moisés González Cruz, exalcalde de Querocotillo y actual congresista, por el delito de colusión.

Al legislador, quien renunció en setiembre a Alianza para el Progreso, se le encontró responsable de haber intervenido en la adjudicación de la construcción de la carretera Santa Rosa – Barbasco y Ramal – Tayme Ñule’, así como el mejoramiento del tramo Santa Rosa – Patipampa, por lo que también se ha ordenado su inhabilitación para ocupar cargo público por cuatro años y el pago de 30 mil soles por reparación civil. Hechos se dieron cuando se desempeñaba como burgomaestre de Querocotillo (Cajamarca), entre el 2011 y 2014.

Durante el juicio, el fiscal anticorrupción Javier Idrogo Rodríguez insistió en que el parlamentario concertó con sus coacusados, exfuncionarios actualmente condenados, en defraudar al municipio a cargo por medio de la aprobación de los expedientes de contratación para la realización de las obras mencionadas.

El Ministerio Público expuso que las bases administrativas exigían requisitos muy específicos que no iban acordes a lo que se requería, como la participación de un gerente de obras, la exigencia de una carrera técnica inexistente, como Técnico en Construcción y Topografía, además de otros detalles.

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Del mismo modo, se reconoció la participación del Consorcio Tayme, en calidad de micro y pequeña empresa, cuando no le correspondía, ya que a la fecha de presentación de las propuestas no se encontraba acreditada como tal.

El fiscal Idrogo indicó que se otorgó la buena pro de la obra al Consorcio a pesar de que una de las empresas que lo integraba, Chocoypico SRL, tenía como socio al acusado Juan Mesías Saavedra Salazar, quien estaba impedido de contratar con el Estado porque tenía el cargo de teniente alcalde de Querocotillo.

En el juicio, también se expuso que Elvis Cubas Pérez, en calidad de representante de Tayme, presentó documentos apócrifos en su propuesta técnica, como certificados de experiencia laboral y títulos de carreras técnicas, e incorporó profesionales que no presentaron su consentimiento para ser parte del proceso de selección.

Otros cuatro exfuncionarios del municipio también fueron sentenciados, así como dos personas particulares. Se trata de Luis Díaz Rojas, Rolando Durand De la Cruz y Miguel Pereyra Rojas, exmiembros del Comité Especial Permanente. Ellos recibieron sentencia de tres años y cinco meses de prisión suspendida, con un período de prueba de dos años, luego de someterse a la conclusión anticipada.

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Por su parte, Elvis Cubas Pérez y Juan Saavedra Salazar (exregidor del municipio) fueron condenados a dos años con seis meses y 25 días, mientras que Wilmer Fernández Cubas (representante de la empresa Chocoypico) fue sentenciado a cuatro años de prisión convertida a 206 jornadas de servicios comunitarios.

En diálogo con El Comercio, González Cruz adelantó que apelará, pues considera que la sentencia, que se leerá este 19 de enero, fue “injusta”.

“El caso es que hay una carretera que se licitó y obviamente la responsabilidad del alcalde es nombrar un comité de licitación. A través de una resolución se designó al comité y resulta que este comité no ha verificado bien los documentos de una de las empresas consorciadas en las que los exregidores han sido socios. Esa no es responsabilidad del alcalde», dijo.

«La norma dice que el comité designa un comité que tiene autonomía para convocar, evaluar y otorgar la buena pro. No es el alcalde. (…)Voy a apelar y en las próximas horas voy a describir los hechos porque el alcalde, en este caso, no tenía nada que ver. ¡Es un comité de licitación con autonomía, así lo expresaba la norma, la ley!”, añadió.

Con información de Andina.

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