Contraloría alerta a sector Vivienda: Alvarado y Paniagua en adendas millonarias
Exministros de Castillo subieron diez veces costo de obra de agua potable que requiere S/254 millones.
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Un contrato para tratar aguas residuales, firmado con aparentes irregularidades durante el gobierno de Martín Vizcarra, llegó a costarle 254 millones al Estado en el régimen de Pedro Castillo. La Contraloría señala que hubo perjuicio a los recursos públicos.
Se trata del ‘Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas residuales de Sullana y Bellavista – Piura’, conocida como PTAR de Sullana. El Consorcio Sullabella logró un total de presupuestos (costos) adicionales aprobados por S/ 43’ 667,368.57, según un informe de control concurrente.
Sin estudios ni personal
El proyecto había sido adjudicado al Consorcio Saneamiento Sullana, pero el Sullabella (conformado por Jagui SAC. Constructora M.P.M. S.A. y Construcciones Civiles CIA. LTDA. Sucursal Perú) apeló. El Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado le dio la razón, y empezaron los hechos sospechosos.
La obra debió terminarse en octubre de 2021, pero el Ministerio de Vivienda que dirigía Geiner Alvarado, le dio más tiempo (hasta abril de 2022). En agosto del año pasado, le tomó la posta César Paniagua.
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Los proveedores se iban retrasando, pero se les otorgó prestaciones adicionales y deductivos de obra. Hasta la llegada de Castillo a Palacio, habían sido doce, a razón de una casa dos meses.
Esta frecuencia aumenta con el régimen del golpista. Se dieron diez más en menos de año y medio, hasta que Contraloría ingresó a fiscalizar.
“Prestación adicional de obra n° 26, sin incluir los metrados faltantes de las partidas 04.04.05.01.01 cámara de control de válvulas y 04.04.05.01.02 mejoramiento de terreno con afrmado e=20 cm, lo que viene impidiendo el inicio de la prestación”, indica su informe.
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Como si fuera poco, Jagui y sus socios estuvieron cuarenta días calendario sin contar con el especialista en sistemas de agua potable y alcantarillado. Esto recién se corrigió cuando Dina Boluarte reemplazó a Castillo, designando a Hania Pérez de Cuéllar en el sector Vivienda.
“No se contó con la participación del especialista en sistema de agua potable por parte del contratista y la supervisión; pese a que se ejecutaron trabajos relacionados a la especialidad, generando el riesgo de afectar la calidad de dichos trabajos; así como, el pago por servicios profesionales no prestados en obra, y la posterior aplicación de penalidad”, se advierte. (Por César Rojas)
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