Denuncian irregularidad en Procuraduría a favor de Daniel Soria
Con la misma norma con la que sacaron a Palacín de Indecopi (por no cumplir requisitos para el puesto), sus propios subalternos le hicieron informe a favor.
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Cuatro días después de asumir el Ministerio de Justicia, Daniel Maurate recibió información de que funcionarios de su sector habían favorecido a Daniel Soria, cuestionado como procurador general del Estado porque no tenía experiencia en la defensa pública.
“Irregular procedimiento de los funcionarios Ricardo Gabriel Herbozo Colque y de Fiorella Mercedes Gotelli Meléndez, para favorecer al actual procurador general”, señala con nombres y apellidos el denunciante Artemio Gómez Baltazar.
Ley del embudo
El último 4 de marzo se había emitido el Decreto Legislativo 1544, el cual reglamentaba la Ley 31419, “Disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”.
En el artículo 4 de la Ley 31419 se establece que se debe cumplir con requisitos mínimos respecto al servicio civil y en las normas orgánicas de cada institución. Para acceder a la PGE el Decreto Legislativo 1326 exigía “trayectoria en la defensa jurídica del Estado”.
En 2022, tanto Contraloría de la República como el entonces jefe de Asesoría Jurídica del Minjus, Manuel Larrea Sánchez (Informe 11-2022-JUS/OGAJ), habían sido lapidarios. Soria había pretendido acreditar experiencia en este punto, por sus labores en la Defensoría del Pueblo, entidad con diferentes funciones.
Gómez Baltazar resalta que a Julián Palacín se le apartó de la Presidencia de Indecopi aplicando las mismas leyes. Cabe precisar que el DL 1544 establece que el informe lo debe realizar el área de RR.HH. del sector, como sucedió en este caso.
En vez de aplicar la misma lógica, la gestión de Tello en Justicia encargó a los mismos subordinados de Soria hacer la evaluación. Es así que se presentó el Informe D000164-2023-JUS/PGE-OA-UFRH, basándose en el documento D0063-2023-JUS/PGE-OAJ de fecha 10 de marzo 2023, donde el jefe de Asesoría Jurídica de la PGE, Fernando Urcia Napoleón, así como la jefa de RR.HH. Lenika Rodríguez, dicen que no hay problemas con que su jefe siga en ese cargo.
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“Tiene apariencia de legalidad, pero es totalmente ilegal, la que tiene apariencia de respeto a la ley, pero en realidad esta embestida es de abuso de autoridad, contubernio político y degradación de la función pública”, advierte a Maurate el denunciante.
Incluso apunta al exministro, señalando que “dolosamente ha permitido que la Oficina de Recursos Humanos, encabezada por Ricardo Gabriel Herbozo Colque, haya vulnerado lo establecido”.
A esto se suma que, cuando el gobierno de Pedro Castillo remueve a Soria en el 2022, este último presenta su acción de amparo. El procurador público adjunto del Minjus, Saúl Ampuero Godo, sustentó en primera y segunda instancia, pero en las audiencias se le veía desinformado o no respondía las preguntas de los jueces.
Soria fue restituido el 22 de octubre de 2022, y semanas después coloca a Ampuero como jefe de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, lo cual hace sospechar de intercambio de favores.
Por César Rojas
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