Denuncian por gastos ilegales a Diviac: caso de contrato de autos y personas cercanas a Harvey Colchado
Programa televisivo revela que existe una red de corrupción al descubierto que manejó más de 42 millones de soles en 4 años.
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Una serie de graves acusaciones contra la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), la unidad élite de la Policía Nacional del Perú (PNP), denunció ‘Contracorriente’, que pinta un panorama alarmante de corrupción sistemática.
Entre las denuncias que tendría la Diviac sería la malversación de fondos, tras manejar más de 42 millones de soles en cuatro años, con escasa o nula rendición de cuentas.
En Huacho, la Diviac gastó S/ 189,573 en apenas seis meses. De ese monto, S/ 98,813 fueron para alquilar vehículos para usarlos en operativos de inteligencia. Uno de ellos, con placa ALA-304, fue detenido en Lima realizando servicio de taxi pirata, acumulando multas por 6,400 soles en menos de un mes.
El general Lenin Ontaneda Vallejos, jefe de la Diviac en ese momento, también es acusado de otorgar contratos de alquiler a personas cercanas, como la madre de su hijo y el hijo de un supervisor de su empresa. Ambos recibieron más de S/ 18,686 en contratos irregulares.
Además, se señala que hubo alquileres fraudulentos, porque los inmuebles nunca fueron utilizados. En Huacho, una casa de tres pisos alquilada por S/ 1,800 mensuales registraba consumos de electricidad irrisorios, de S/ 5 e incluso S/ 0, lo que plantea serias dudas sobre su uso real.
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En otro caso, la madre de Harvey Colchado recibió un contrato de alquiler por S/ 19,800. La frecuencia de estas prácticas, combinada con el inexplicable aumento de propiedades entre los familiares de Colchado, refuerza las sospechas sobre el manejo del presupuesto público.
Otra de las acusaciones sería por abuso de autoridad y coacción, por parte del capitán Jorge Rodríguez Manecho en contra de Junior Izquierdo, quien lo habría presionado para aceptar un proceso de colaboración eficaz.
La Diviac debería ser un bastión de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, pero estas denuncias apuntan a la existencia de una red que desvirtúa su propósito y afecta su credibilidad.
Necesidades urgentes
Se requiere una auditoría exhaustiva por organismos externos, como la Contraloría, para esclarecer las denuncias. También reformas estructurales como establecer mecanismos de control interno más estrictos y transparentes, con sanciones ejemplares a los responsables.
Los denunciantes, quienes se atreven a exponer estas irregularidades, deben contar con garantías de seguridad y anonimato para evitar represalias.
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