El jurista Fernan Altuve-Febres señaló que los centros de “retención” implementados por el Gobierno implican no solo violaciones constitucionales, sino delitos, por los cuales funcionarios civiles, policiales y militares podrían ser castigados penalmente.
“Si hablamos de una causa sanitaria para privar de la libertad a una persona, esto debe ser en un centro de salud y con asistencia médica. Si no es así, es una detención arbitraria usando como excusa la situación de salud”, dijo.
Indicó que los hábeas corpus y demandas de amparo que ya se están presentando, tienen asidero, y terminarán llevando a políticos, oficiales y suboficiales a juicio.
“La detención y la retención son dos denominaciones diferentes para la privación de la libertad de un ciudadano. La única diferencia que yo encuentro es que las detenciones pueden ser constitucionales o inconstitucionales. En el caso de las retenciones todas son inconstitucionales. La responsabilidad funcional y penal de las retenciones alcanza a quienes las ejecutan y a los superiores que las ordenan”, precisó.
Señaló que la Constitución permite aplicar un estado de emergencia, pero no existen normas particulares para privar de la libertad a personas que no han cometido delito, ya que el estar en la calle en horas de cuarentena solo es una falta.
POR: ANDRÉS GALARZA
Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a la versión digital, aquí.
Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.
