Dina Boluarte: Gobierno presenta demanda ante TC para frenar investigaciones contra mandataria
Según el argumento, las investigaciones actuales afectan las competencias del Ejecutivo.
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El Gobierno presentó oficialmente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de neutralizar las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte.
El documento, firmado por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, ingresó a mesa de partes del organismo constitucional el pasado 25 de julio, casi dos meses después de su aprobación en el Consejo de Ministros.
Vale recordar que el origen de esta demanda se remonta a fines de mayo, cuando el Gobierno aprobó en una sesión del Consejo de Ministros la Resolución Ministerial 151-2024-PCM. Esta medida autorizó la presentación de la demanda contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por un supuesto “menoscabo en sentido estricto” de las funciones de la presidenta Boluarte
Asimismo, la demanda argumenta que las interpretaciones de estas instituciones respecto a la prerrogativa presidencial, establecida en el artículo 117 de la Constitución, afectan las competencias del Ejecutivo.
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El artículo 117 de la Constitución estipula los casos en los que un presidente puede ser acusado mientras ejerce su cargo: traición a la patria, impedir elecciones, interferir con el funcionamiento del sistema electoral y disolver el Congreso inconstitucionalmente.
Además, el Gobierno sostiene que las resoluciones fiscales y judiciales emitidas en relación con hechos que “no se enmarcan dentro de lo previsto en la referida norma constitucional” afectan directamente las competencias del Ejecutivo.
Las acciones específicas que el Gobierno busca neutralizar incluyen las disposiciones fiscales que dieron inicio a diligencias preliminares contra Boluarte por las muertes en las protestas, el caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Eficcop, así como la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que autorizó el allanamiento de la casa de la presidenta en Surquillo.
Aunque la demanda no solicita explícitamente la anulación de estas resoluciones o disposiciones fiscales, el Ejecutivo destaca los efectos del artículo 112 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que permite la anulación de “disposiciones, resoluciones o actos viciados de competencia”. De aprobarse la demanda, se neutralizarían las investigaciones contra Boluarte.
El documento presentado al TC también resalta la falta de un pronunciamiento por parte del Tribunal sobre la interpretación del artículo 117 en relación con los casos en que un presidente puede ser acusado.
Antes de 2022, la Fiscalía de la Nación no investigaba a presidentes en funciones, pero esta práctica cambió con la inclusión del expresidente Pedro Castillo en una investigación preliminar por el caso Puente Tarata.
El Gobierno concluye que las competencias asignadas al Ministerio Público y al Poder Judicial no deben afectar la capacidad del presidente para dirigir la política general del Gobierno. La demanda sostiene que la interpretación actual de ambas instituciones sobre el artículo 117 permite investigaciones contra el presidente por cualquier delito, lo cual consideran inaceptable.
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