“Dinero le pertenece a afiliados a la ONP”
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El abogado Guillermo Llanos, representante del Congreso de la República, argumentó ante el Tribunal Constitucional (TC) que, al emitirse la Ley 31083 que autoriza el retiro de aportes a la Oficina de Normalización Previsonal (ONP), los legisladores quisieron darle protección a aquellos afiliados que no cumplieron con los 20 años de aportación.

“(…) esos requisitos son para obtener una pensión, pero eso no obsta a que la ley también establezca que si no cumplieron con el requisito se establezca la devolución total de los aportes para cumplir con la ley de seguridad social”, expresó Llanos ante los magistrados del TC.

El letrado hizo esta mención al considerar las medidas referidas a la devolución de los aportes a los afiliados a la ONP. Una de ellas es sobre aquellos que cumplieron los 65 años y que no acceden a una pensión al no cumplir con los requisitos de 20 años de pensión y la otra es para aquellos que son menores de 65 años.

Respecto al hecho de que la devolución de aportes a los afiliados de la ley 19990 podría financiarse con el tesoro público, señaló que las comisiones ordinarias del Parlamento consideraron que no se afectarían los recursos del Estado.

“Este dinero no corresponde al Estado, no forma parte de los recursos públicos sino que es un dinero que le pertenece a quienes han aportado al sistema nacional de pensiones. (…) esta norma no atentaría con la competencia del Ejecutivo de administrar la hacienda pública, de dirigir la política económica, como tampoco contra los principios económicos expuestos en la demanda”, dijo.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

El procurador Luis Huertas solicitó al TC que declare inconstitucional la demanda. La defensa en materia constitucional del Gobierno aseveró que los aportes a la ONP sirven para un servicio público, como es el pago a los pensionistas.

“Los aportes al sistema nacional de pensiones son destinados mes a mes al pago de los pensionistas, por lo que establecer medidas legislativas para la devolución de aportes resulta incompatible, es la característica básica y esencial del sistema nacional de pensiones, por ello toda devolución es irrazonable e inviable”, agregó.

Añadió que, de aprobarse la demanda, habrá perjuicio al tesoro público, pues se deberá gestionar la partida de al menos S/ 15 mil millones, lo que generaría un déficit al Estado.

El TC dejó al voto la demanda presentada por el Ejecutivo contra la ley aprobada por el Congreso.

En la audiencia participaron la presidenta Marianella Ledesma, los magistrados José Luis Sardón (ponente), Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Ernesto Blume. El tribuno Augusto Ferrero no participó por hallarse de vacaciones.

«FUERTE IMPACTO»

“El Ejecutivo ha sido enfático en señalar que ( la Ley 31083), tiene un fuerte impacto en el tesoro público porque implicaría destinar cerca de 15 mil millones de soles para el cumplimiento de esta ley”, señaló el procurador Luis Huertas.

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