Ejecutivo, IDL y Fiscalía contra Junta de Justicia

Desde tres frentes presionan para que Falconí no asuma, con base en “interpretación auténtica” de norma sobre militares.

Ejecutivo, IDL y Fiscalía contra Junta de Justicia
  • Fecha Domingo 5 de Enero del 2020
  • Fecha 8:10 am

En forma expresa, voceros del gobierno de Martín Vizcarra, de la ONG Instituto de Defensa Legal y del Ministerio Público cuestionaron que Marco Falconí asuma como nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia.

En el caso del Poder Ejecutivo, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, usó su cuenta de Twitter para difundir un informe contra el abogado, donde se señala que no debió tener el puntaje final que se le dio.

Este argumento nace de un oficio enviado por Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, a Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, donde elabora una “interpretación auténtica” de cómo debe aplicarse el beneficio del 10 % en puntaje a Falconí, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas.

La magistrada pretendía que la Ley 20788, vigente en 1975, cuando Falconí egresó del Colegio Militar Francisco Bolognesi, como sargento segundo del Ejército Peruano, no vale para su caso.

Para esto, se basa en la Ley 29248, del 2008, que otorga diversos beneficios a los licenciados, pero que no contempla a un egresado de colegio militar como licenciado.
Lo que no tomó en cuenta Ávalos es que la libreta militar de Falconí dice que es licenciado de las Fuerzas Armadas.

“La Libreta Militar, entregada con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, mantiene sus efectos legales”, señala la sexta disposición complementaria de la Ley 29248, que la fiscal misma invoca.

A esto se sumó un sospechoso documento del jefe del Ejército, Jorge Celiz Kuong, donde se indica que Falconí figura en “otras modalidades del servicio militar no acuertelado”. Sin embargo, el oficial no precisa al ministro de Defensa, Walter Martos, si el abogado es o no licenciado.

“Desde que tengo uso de razón, conozco que pasar por una escuela o colegio militar es considerado como parte de un servicio militar. El odio caviar es tan absurdo e inmortal contra todo lo militar, que tapan el Sol con un dedo. ¡El orgullo de servir a la Patria no lo pueden avasallar unos cuantos cretinos vendepatria!”, aclaró el almirante Luis Giampietri, clave para derrotar a la banda terrorista MRTA.

Pero a la intromisión de los sectores de la Mujer y de Defensa, se sumaron personajes allegados a IDL, como David Lovatón y Carlos Basombrío.

DERECHO CONSTITUCIONAL

Como informara EXPRESO, esta organización financiada por extranjeros, apoyaba la candidatura de Abraham Siles, quien quedó entre los suplentes, y solo podría integrar la JNJ si dos miembros titulares son retirados.

El mismo director de la ONG, Glatzer Tuesta, envió una carta a Gutiérrez con argumentos similares a Ávalos.

En un alarde de suspicacia procesal, el oenegero agregó que la existencia de llamadas telefónicas entre Falconí y César Hinostroza también afectaban la imagen de independencia, así como las de María Zavala -otra de las designadas- con el prófugo exjuez.

Al parecer, estas elucubraciones de Ejecutivo, la fiscal de la Nación y la ONG IDL no convencieron a la comisión especial, la cual publicó un comunicado aclarando que los derechos que otorga una norma no pueden ser recortados basados en una interpretación.

“La norma aplicable es la vigente en el momento en que el postulante obtiene la condición de Licenciado. La aplicación de una norma posterior a una condición obtenida concretamente en 1975 significaría una aplicación retroactiva de la ley, contraviniendo derechos constitucionales”, se indicó.

Si bien ella misma había acordado que bastarían los votos de cinco comisionados para designar miembros de la JNJ, Ávalos se negaba a firmar el acta para la ceremonia de juramentación de este lunes.

LOBBY OENEGERO POR SILES

Fuentes de Contraloría General de la República indicaron que, en las últimas semanas, Walter Albán (20 de diciembre) y otros personajes ligados al gobierno de turno acudieron a la comisión encargada de designar a miembros de la Junta de Justicia.

“Llegaban a pedir que no hagan preguntas difíciles a Abraham Siles, y decían que también hablaban con la fiscal de la Nación”, indicaron.

ÁVALOS Y TRABAJO 

Para la fiscal de la Nación, los altos funcionarios no tienen puestos de trabajo porque considerarlos así “atenta contra la majestad de la función”.
Lo cierto es que este proceso fue un concurso público con bases y vacantes para un puesto remunerado.

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