El acuerdo de colaboración eficaz Odebrecht: el secreto mejor guardado de la corrupción en el Perú [ANÁLISIS]

Hablamos de fórmulas funcionales que se asemejan más al secreto, lo oculto y lo vedado, sobre todo, cuando están relacionadas con la impunidad, el abuso de poder, la arbitrariedad y otras patologías funcionales en el desempeño del cargo público. Es como si se tratara de un terreno vedado para cualquier ciudadano que desee indagar sobre cómo se administra la labor pública.

Me refiero al secreto como una fórmula soterrada de corrupción, mal implementada, dolosa, premeditada y hasta subterránea, con la finalidad de mantener oculta información importante por un largo tiempo. Esto depende de las circunstancias, la coyuntura y los momentos oportunos o inoportunos para determinar si conviene que la información oculta siga en secreto o, por el contrario, se haga pública, ya sea para beneficiar o perjudicar a una persona o grupo de personas, dependiendo de quiénes estén implicados y qué se esté escondiendo.

Medida constitucional

Hablamos de la decisión que debe asumir el Tribunal Constitucional en estos días como máxima autoridad en materia constitucional, respecto a una acción de habeas data que lleva varios años en trámite y que, hasta ahora, siempre ha sido resuelta en contra de su develamiento.

El acuerdo de colaboración eficaz y de concesión de beneficios premiales a favor de la empresa constructora brasileña Odebrecht fue, en realidad, una negociación oculta y secreta que, por razones obvias, da lugar a todo tipo de conjeturas, cuestionamientos y críticas. Esto se debe principalmente a los beneficios otorgados y a los términos aprobados por el Poder Judicial a favor de una empresa catalogada internacionalmente como corrupta, que, pese a todo, sigue operando en el ámbito empresarial como si no hubiera ningún tipo de pronunciamiento en su contra.

El tiempo como estrategia

No es cuestión de que tarde o temprano se deba conocer y hacer público el contenido de un proceso de colaboración sobre el cual existen serias dudas acerca de su idoneidad, pertinencia y rigor en la negociación de penas e indemnizaciones.
Algunos afirman, no sin razón, que este proceso de colaboración es una vergüenza para la moral pública, dado que fue logrado en términos aún desconocidos, exclusivamente para beneficiar a una empresa vinculada directamente con la corrupción, en perjuicio de los intereses nacionales y de la moral pública.

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El paso del tiempo siempre juega en contra de la justicia y la responsabilidad penal. No es lo mismo conocer una información ahora que haberla sabido hace algunos años, cuando las condiciones eran diferentes. Lo que se hizo o dejó de hacer ya no se puede intentar corregir, porque el paso del tiempo ha cambiado las condiciones de coerción o incluso las ha hecho desaparecer.

Los años transcurridos en los procesos judiciales por corrupción y lavado de activos, sumados a promesas incumplidas y las acciones maliciosas de los colaboradores posteriores, agravan el panorama. Además, la negativa de estos a seguir colaborando y las actitudes cambiantes de los gobiernos involucrados en casos de gran corrupción complican aún más la situación.

Entre los objetivos de esta estrategia destacan:

Crear una falsa expectativa ante la opinión pública para aparentar voluntad de castigar a los corruptos.

Permitir que los involucrados más importantes se pusieran a buen recaudo, dependiendo de su importancia y visibilidad.

Aprobar que los bienes o activos de las empresas involucradas fueran transferidos a terceros, evitando medidas de embargo o incautación.

Fragmentar el escenario de la corrupción, haciendo visibles ciertos aspectos y ocultando otros que no convenía destacar.

Lograr que los corruptos más vinculados al poder de turno no fueran detenidos o, si lo eran, solo por periodos cortos.

Hecatombe judicial

El paso de los años no solo ha cambiado los escenarios judiciales y diluido pruebas o indicios, sino que podría ocasionar un grave daño al sistema de justicia nacional si todo lo avanzado en los casos contra Odebrecht y otros vinculados tuviera que retroceder o anularse por irregularidades.
Cualquier indicio de irregularidad podría ser aprovechado por los procesados para solicitar nulidades en los juicios en curso, lo que afectaría gravemente la credibilidad de la justicia peruana.

La colaboración como eje

La ley de colaboración eficaz se convirtió en la columna vertebral de muchas acciones fiscales y judiciales. Sin embargo, esta herramienta, bajo el paradigma del perdón o la colaboración, permitió que grandes corruptos quedaran libres de culpa a cambio de información selectiva y opaca.
¿Qué se negoció? ¿Qué se informó? ¿Cómo se corroboró? ¿Cuáles fueron los términos reales? Todo esto sigue siendo un misterio que solo conocen quienes participaron en estas negociaciones.

Autores, cómplices e instagadores

La pregunta que nos hacemos los ciudadanos es: ¿quiénes responderán por mantener en secreto este proceso? Es increíble que, mientras se insiste en develar esta información, los mismos corruptos que se acogieron a la colaboración ahora demandan al Estado en foros internacionales, exigiendo millonarias indemnizaciones.
No solo hablamos de transparencia y publicidad, sino también de las responsabilidades funcionales de quienes hicieron posible este engendro de impunidad con apariencia de legalidad.

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