El ocaso de Odebrecht en el Perú: un hecho emblemático de costosa impunidad
Ojalá que algún día el Estado peruano pueda ser resarcido conforme a la magnitud de los daños morales y económicos del que fue objeto. Pero no parece factible.
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La trama de corrupción de Odebrecht, ahora conocida como Novonor, sigue dejando secuelas de impunidad y abuso de poder en el Perú, sin que los principales responsables enfrenten sanciones efectivas.
Aunque no debe descartarse la posibilidad de que finalmente se imponga alguna forma de sanción penal para algunos de los que resulten responsables por los casos de corrupción y lavado de dinero, suscitados en nuestro país en relación al caso de Odebrecht, lo que se puede deducir en términos y condiciones de sanción o castigo es que el núcleo duro de todo este fenómeno de delincuencia de cuello blanco, impunidad, abuso de poder y criminalidad política, es que gran parte de este portento de corrupción y delincuencia organizada quede impune y libre de cualquier tipo de sanción o recorte que vaya en contra de sus intereses.
Hablo de la posibilidad de que algún día el Estado peruano pueda ser resarcido convenientemente, conforme a la magnitud de los daños morales y económicos del que fue objeto.
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En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, por tomar como ejemplo, la justicia federal de ese país impuso una multa de 2.600 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht por su enorme trama de sobornos para lograr contratos de obras públicas.
Me refiero a la eventualidad de que en algún momento finalmente se pueda aplicar alguna fórmula de castigo legal contra los autores principales de este latrocinio moral nacional, que implique en la práctica la aplicación concreta de una pena privativa de la libertad, que es donde se aspira la máxima condena, y, de forma conexa, se les pueda condenar al pago de una reparación civil acorde con la magnitud de los perjuicios que ocasionó a la sociedad peruana.
Desgraciadamente, ni la pena privativa de la libertad contra los autores principales, y menos la cancelación total de la reparación civil, resultarán factibles, por no decir imposibles: respecto a la primera, porque los principales responsables son de nacionalidad extranjera y hace tiempo que se fueron del territorio nacional previniendo cualquier contingencia, lo que hace inviable que en algún momento puedan ser extraditados para responder ante la justicia peruana; y lo referente a lo segundo, relacionado al resarcimiento económico, aun cuando se imponga a los autores directos o indirectos alguna forma de sentencia final condenatoria, la reparación civil material nunca se podrá ejecutar, entre otras razones, porque no existe ningún tipo de bien material (inmuebles, proyectos, acciones o activos) que se pueda ser objeto de algún tipo de embargo, a efectos de materializar el pago de una reparación civil cuantiosa por los daños que se ocasionaron a nuestra nación.
La revocatoria de la colaboración eficaz del ex director ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, no tengo dudas de que debe marcar el nuevo rumbo del curso de los acontecimientos judiciales y políticos en nuestro país frente al fenómeno de corrupción que ya pasó a la historia del Perú. Afirmo que es el punto de partida o de disloque de una nueva etapa, posiblemente la más lastimosa y desafortunada para los intereses de nuestra nación.
Se verificará cómo se concertaron voluntades nacionales y extranjeras para consolidar un proyecto de impunidad legitimada por la ley y los órganos del Estado, que pasará a convertirse en un acontecimiento vergonzoso para el futuro de las nuevas generaciones peruanas, como sucedió con otros hechos pusilánimes que quedaron en el olvido.
Refiero el desmoronamiento de toda la defensa legal en el plano nacional y posiblemente también en el extranjero para el Caso Odebrecht (ahora Novonor), tomando como referente importante la propia revocatoria de la colaboración eficaz de Jorge Barata por parte de nuestras mismas autoridades (catalogado por algunos sectores como el testigo estrella).
Hablo de la misma revocatoria que es lo que justamente en forma soterrada estaban buscando para finalmente poder cerrar el círculo vicioso y escabroso de la impunidad en nuestro país.
Una estrategia legal y política al más alto nivel, con miras a patear en forma final el tablero de la supuesta negociación en un momento determinado y propicio, una vez que se encontraran a buen recaudo los propios autores y, por ende, su correspondiente patrimonio personal o empresarial, como la única fuente material para hacer factible alguna forma mínima de resarcimiento económico.
Hablamos de un pago efímero y simbólico de reparación civil solo, en comparación con los daños ocasionados y que hasta la fecha no se han podido concretar, como parte de una negociación en la que siempre llevamos la peor parte.
Hablamos de un adelanto írrito a favor del Estado peruano para, de esa manera, poder impedir los embargos, por supuesto siempre con la anuencia y el consentimiento de nuestras autoridades que lo permitieron, incluso en términos que todavía no se conocen como parte del secreto de la colaboración eficaz.
Una colaboración eficaz adversa y en contra de los intereses nacionales, siempre a favor de la empresa corrupta, que siempre mantuvo una apariencia simulada de colaboración, para, de esa manera, tener engañadas a las autoridades nacionales y ganar el mayor tiempo posible, haciéndoles creer que se encontraban por buen camino y que de esa forma se aseguraría el pago de una reparación civil acorde a las circunstancias. Nos referimos a generar falsas expectativas para seguir teniendo control sobre los acontecimientos judiciales, y así ubicarse fuera de la jurisdicción nacional para evitar cualquier medida de coerción personal.
Ahora ya son víctimas y no victimarios como parte de una trama que posiblemente tenga que resolverse en un juzgado privado internacional (CIADI), para cuyos fines se ha solicitado una indemnización millonaria que la pagaremos todos y cada uno de los peruanos de las próximas generaciones.
Una fórmula legal perfecta e ideal que reúne ingenuidad, inexperiencia, astucia, complicidad, dolo, dominio sobre los hechos, y otras circunstancias ajenas que no descarto se irán conociendo con el paso del tiempo.
La maniobra final de todo este gran plan internacional entre corrupción en las altas esferas del poder, una política perversa, complicidad nacional y toda una legislación nacional más ideada para la impunidad que para el castigo, son los resultados que hacen evidente que nunca existió el menor ánimo de colaborar con las autoridades nacionales.
Hablamos de descomposición empresarial y política, entre cohechos trasnacionales, testaferros, paraísos fiscales, operaciones financieras encubiertas, empresas de fachada, cuentas encriptadas, transferencia de activos sucios en forma digital, malos bancos y otras formas de corrupción altamente sofisticadas.
Una especie de borrón y cuenta nueva en la historia reciente, como si nada hubiera pasado y que solo se trató de malas gestiones y equivocaciones sin mayores connotaciones, en tanto que todos siguen libres y posiblemente siguen disfrutando de sus fortunas. Son los jueces los que resuelven estos asuntos y no los políticos.
En el caso Odebrecht, a mi entender, ni la pena privativa de la libertad bajo ninguna circunstancia como tampoco el pago total de la reparación civil, ahora más que nunca resultan viables y reales: la primera, porque los mayores responsables son extranjeros y hace tiempo que se encuentran fuera del país, lo que hace inviable que en algún momento puedan ser extraditados; y la segunda, porque aun cuando se haya cancelado algo de las reparaciones civiles a las que se comprometieron, dudo que lo continúen haciendo porque eso sería reconocer que nosotros siempre tuvimos la razón.
De esa manera, parece que estamos llegando al final de un caso de gran corrupción e impunidad respecto a la oscura historia de la corrupción en el Perú, como para ser catalogado como uno de los mayores fracasos de toda la historia de la justicia peruana.
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