El tiempo como estrategia legal de la corrupción

Los procesos pueden durar entre ocho y diez años.

Por Luis Lamas Puccio

Señalaba, hace muchos siglos, el célebre filósofo griego Séneca que nada se parecía tanto a la injusticia y a la iniquidad, como aquella justicia que resultaba tardía y morosa, que en la práctica se convertía en impunidad. Me refiero a los procesos por corrupción que se ventilan en nuestro medio, que pueden durar entre ocho y diez años, desde que se develan los hechos, se conocen a los posibles autores, se indaga a los que resulten emplazados, se investiga a los que se convierten en justiciables, se acusa a los que posiblemente van a terminar como responsables, se plantean las nulidades sobre cada proceso, hasta que por fin se llega el propio juicio y a su doble instancia, que es lo único que puede poner fin a un proceso penal.

Mientras tanto, a pesar de todo lo que acontece en nuestro país en materia de corrupción e impunidad, siempre bajo el conocido eslogan “de la lucha frontal contra la corrupción, y que caiga quien caiga”, y el repetido dicho popular que “la ley es igual para todos”, lo cierto es que los procesos judiciales superan largamente el tiempo establecido en la ley e incluso duplican en el número de años que dura cada gobierno que es de cinco años. Hablo de una geometría entre la mala práctica política, una gobernabilidad oscura, los políticos corruptos y una impunidad a prueba de todo.

Dilación favorece a corruptos

Es un hecho irrebatible que el paso del tiempo se convierte en el mejor aliado de la misma existencia, si se trata de que los hechos se olviden, las ideas se diluyan, los acontecimientos se tergiversen, y en última instancia surja el normal desinterés por todo lo acontecido.

Con la corrupción sucede algo similar o parecido, porque cuantos más años transcurran desde que se descubrieron los hechos, las pruebas o los indicios irán desapareciendo con el paso natural de los años. Será cada vez más difícil reconstruirlos, en tanto que un juicio penal no es otra cosa que tratar de remontarse al pasado para en la medida de lo posible actualizar un delito que se cometió hace algunos años y que requiere ser reconstruido en la medida y en los términos que se supone como se cometió.

Si de por sí implica una particular complejidad tratar de registrar o reconstruir cualquier delito simple que se cometió en el pasado, en los grandes casos de corrupción como los que confronta nuestra actual justicia penal, no tengo la menor duda que los problemas sobre el particular a todas luces resultarán mucho más complejos. Se trata de delitos en los que intervinieron cientos de personas de diferentes maneras, de distintas nacionalidades, bajo diferentes fórmulas, con diferentes funciones, bajo disímiles categorías, unos en condición de particulares mientras otros eran funcionarios públicos que utilizaron a su vez empresas de fachada y otras reales, cada una con una particular función y con su propio nombre.

Lea la nota completa en nuestra versión impresa o en nuestra versión digital, AQUÍ.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitter Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.