Emisario de Dina Boluarte implicado en presunto soborno en caso Frigoinca-Qali Warma: audio bajo custodia fiscal
Indicios apuntan a intentos por silenciar a testigo clave en escándalo nacional.
Emisario de Dina Boluarte implicado en presunto soborno en caso Frigoinca-Qali Warma: audio bajo custodia fiscal.
La Fiscalía de la Nación resguarda un audio que compromete a un allegado de la presidenta Dina Boluarte en un posible intento de soborno a Noemí Alvarado Llanos, testigo clave en el caso Frigoinca-Qali Warma.
El material llegó lacrado al despacho del fiscal supremo provincial Marcial Páucar Chappa el pasado 20 de diciembre y desató una investigación penal por obstrucción a la justicia. Así lo expuso Latina en un reportaje.
El audio registra un encuentro el 18 de diciembre entre Carlos Guillén Anchayhua, señalado como allegado a Boluarte, y Alvarado. Durante la reunión, Guillén ofreció beneficios laborales para ella y su hermana, a cambio de revelar información que pudiera implicar a otros funcionarios del Gobierno en el caso de corrupción que involucra a Qali Warma.
Guillén también afirmó actuar en nombre del ministro de Educación, Morgan Quero, y del titular de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.
La evidencia no se limita al audio. Cámaras de seguridad y el cuaderno de visitas del edificio donde vive Alvarado confirmaron la presencia de Guillén. Dos días después, el personaje ingresó al Ministerio de Educación, donde se reunió con el jefe de gabinete de asesores.
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Mientras tanto, Demartini admitió conocer a Guillén, aunque negó cualquier relación estrecha. En contraste, Guillén registra visitas frecuentes a dependencias ministeriales y un acercamiento directo a la presidenta, evidenciado por fotografías en eventos.
La Fiscalía notificó esta semana a Demartini sobre una investigación por obstrucción a la justicia y negociación incompatible. A su vez, Demartini reaccionó con una denuncia contra Guillén por uso indebido de su nombre. Palacio de Gobierno guarda silencio.
El caso Frigoinca-Qali Warma, que inicialmente vinculaba a empresas proveedoras de alimentos escolares con actos ilícitos, ahora amenaza con implicar a altos funcionarios del Gobierno y cercanos a la presidenta.
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