Empresa PROTSSA precisa la legalidad de sus acciones: ante informaciones imprecisas y juicios de valor indebidos

La Resolución N.° 10 de la 4ta. Fiscalía Penal de Lima ha quedado consentida con fecha 24 de julio de 2023, afirman.


De la revisión exhaustiva de las dos cartas notariales remitidas por la empresa Protección y Resguardos S.A., se advierte en la última comunicación que se mantienen los errores e inconsistencias respecto del contenido de la publicación realizada por este diario el 8/01/2024, por lo que, en aras del respeto del buen nombre de la empresa y en base al principio de legalidad, confirmamos errores involuntarios por lo que procedemos a precisar lo siguiente:

1) Que todo lo expresado correspondiente a apreciaciones periodísticas con base a juicios de valor se rectifica. Es decir, deja sin efecto cualquier término ofensivo a la empresa, como la “ilegalidad” de los cobros.  Sin embargo, en esa línea, y a partir del principio de veracidad de los hechos, se debe tener presente que la noticia que se propaló en EXPRESO corresponde a verdades ocurridas por decisiones del Tribunal de Osce. Para ello se señala que el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 1079-2019-TCE-S3 resolvió en forma textual y unánime lo que sigue:

“La Sala resuelve: sancionar a la empresa Protección y Resguardo S.A., con RUC N.° 201007717124, con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación falso o adulterada como parte de los documentos  presentados en la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, en el marco de la Contratación Directa N.° 2-2017-OSIPTEL-1, publicada por el Organismo Superior De Inversión Privada En Telecomunicaciones – Osiptel, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución”.

Está entonces claro para el Tribunal del Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE que la citada empresa se encontraba en infracción del literal j), numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N.° 30225.

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2) La citada resolución sancionadora resuelve la inhabilitación definitiva a PROTSSA S.A. para contratar con el Estado. Dicha sanción no fue consentida por esta empresa, que interpuso y obtuvo una medida cautelar ante en el 17 Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de Lima, instancia que resolvió suspender los efectos  de inhabilitación definitiva impuesta por la Tercera Sala  del Tribunal de Contrataciones del OSCE, que es la que determinó sancionarla, según su decisión, por presentar documentación falsa, en la que el propio Tribunal lo sanciona en forma definitiva por reincidente, lo que transcribimos textualmente de la pág. 15 de la Resolución N.° 1079-2019-TCE-S3.

“En torno a ello, de la verificación de los documentos obrantes en autos, se aprecia que, en el caso concreto, el 28 de febrero de 2002, mediante Resolución N° 125-2002-TC-S2, se sancionó al Contratista por un periodo de un (1) año de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la presentación de documentos falsos.

En consecuencia, se aprecia que el contratista cometió la nueva infracción después de haber sido sancionada por el Tribunal, razón por la cual puede concluirse que nos encontramos ante un supuesto de reincidencia, según lo previsto en el numeral 2) del artículo 227 del RLCE (DS 056), por lo que corresponde imponerle inhabilitación definitiva”.

Es entonces el propio Tribunal del OSCE es el único responsable de haber determinado que la empresa PROTSSA haya presentado documentación falsa y no el Diario EXPRESO, mientras PROTSSA viene luchando para que la Corte Suprema revoque esa sanción. Por lo tanto, el diario hace consultas con expertos en contrataciones quienes refieren que todos los contratos obtenidos por PROTSAA son válidos, por lo cual el diario se rectifica en este extremo.

3) En ese orden de hechos materiales, y agotada la vía administrativa por orden de la Resolución N° 1535-2019-TCE-S3, de fecha 8 de junio del 2019, la empresa PROTSSA judicializa el caso en la vía contencioso administrativa que corrió la misma suerte al ser también declarada infundada, por lo que PROTSSA interpuso un recurso de casación, la misma que también fue rechazada.

4) La Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones había dispuesto que su resolución se ponga en conocimiento del Ministerio Público del distrito judicial de Lima, para que actúe de acuerdo al fundamento 28 de su resolutivo N° 1079-2019 que fijaba los límites de la judicialización en este tipo de casos.

5) En aras de esclarecer los hechos, y en base al principio de veracidad, PROTSSA precisa que la Cuarta fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Centro, Rímac, Breña y Jesús María, Quinto Despacho Fiscal, emitió, en la vía penal, la Disposición N° 10, de fecha 14 de febrero de 2023, de no formalizar la investigación preparatoria seguida contra dicha compañía, Disposición que, en aras de la objetividad periodística, transcribimos en su parte sustantiva:

“7.14. De lo señalado se evidencia que el documento que el imputado habría presentado ante Osiptel fue el mismo que recibió de su bróker de seguro Arias Méndez encargado del trámite de la póliza, de modo que, no se tiene elemento de convicción alguno que permita colegir que la conducta desplegada por el investigado Aldo Víctor Valdez Rodríguez (Jefe Comercial de la Empresa Protección y Resguardo S.A.), al momento de presentar el documento incriminado (documento privado falso), esto es, la Póliza de Deshonestidad Comprensiva N° 2211712500125 (suplemento 0 con la cláusula adherida 013 – Responsabilidad Civil por Uso de Armas de Fuego), ante el Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones- Osiptel, en el marco de la ejecución de firma del contrato, del Concurso Público Contratación Directa N° 002-2017/OSIPTEL-1, se haya efectuado con conocimiento del contenido falso del documento, es decir, que sea una conducta dolosa”.

La resolución N.° 10, añade la empresa, ha quedado consentida con fecha 24 de julio de 2023.

7) A la fecha, sea en la vía civil, es decir en la Sala Contencioso Administrativa, ni ante los fueros administrativos de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones, no se ha podido acreditar que PROTSSA, haya obtenido, en sede judicial y/o en la Corte Suprema de la República, que se declare la nulidad de las resoluciones N.° 1535-2019-TCE-S3 ni la N° 1079-2019-TCE-S3. Es en todo caso un tema que estimamos el Poder Judicial deberá resolver, no obstante que en sede penal se les ha eximido de responsabilidad.

8) Finalmente precisamos que este diario es pro-empresa y si hay errores en nuestras informaciones y juicios de valor desmedidos, los sabemos reconocer y siempre ha sido nuestra política rectificar los yerros e incluso pedir disculpas. Y, si los ejecutivos de PROTSSA consideran conveniente una entrevista con nuestros periodistas, para esclarecer mejor sus posiciones, las puertas de este diario están abiertas, si lo creen conveniente, obviamente.

Asunte pendiente

PROTSSA debe confirmar que la sanción de inhabilitación definitiva para contratar con el Estado expedida por la Tercera Sala del Tribunal del OSCE sea revocada por la Corte Suprema de la República.

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