Esposa de juez clave contra Patricia Benavides trabaja con Rafael Vela: al descubierto vínculos para seguir ocultando acuerdo con Odebrecht
Jorge Chávez Tamariz es cónyuge de Luz Taquire, fiscal cuyo superior era el suspendido personaje.
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Diversos hechos conectan a funcionarios del Poder Judicial con presuntas maniobras a favor de Odebrecht y contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Específicamente, con el juez Jorge Chávez Tamariz, personaje clave para ambos procesos.
A pesar de que chats del exasesor Jaime Villanueva no están sustentados como en otros casos emblemáticos, y en su mayoría son monólogos, el magistrado ordenó detención y allanamientos.
Incluso validó la tesis de que la titular del Ministerio Público es cabecilla de una organización criminal, cuando ella no participaba de las comunicaciones virtuales.
Esto se podría entender como la atribución discrecional de los jueces, pero antecedentes muy recientes, y hasta sus lazos familiares con personajes ligados al proceso Lava Jato llaman a la suspicacia.
El magistrado está casado con Luz Ernestina Taquire Reynoso, fiscal de lavado de activos quien hasta el último viernes tenía como coordinador a Rafael Vela.
Antecedente Pérez-Vizcarra
Es decir, si el sábado 25 de noviembre Chávez aprobaba el pedido que relacionaba a Benavides en una presunta organización criminal, sus acciones serían útiles para la posición del suspendido fiscal superior, quien ya acusaba a la titular del Ministerio Público de trabajar en coordinación con intereses corruptos.
Esto se cumplió. El sábado, el magistrado aprobó el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción, para intervenir a Jaime Villanueva, Alber Hurtado y Miguel Girao, entonces asesores de Benavides.
Pareja
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil confirmó que el juez Chávez y la fiscal Taquire también viven juntos en Surco. La representante del Ministerio Público también archivó el caso de presunto plagio de Pedro Castillo.
No es novedad este tipo de relaciones familiares con vinculados a Odebrecht y otras empresas involucradas en el caso de megacorrupción. El más conocido es el del fiscal José Pérez, quien dependía económicamente del gobierno de Martín Vizcarra al mismo tiempo que ambos hacían campaña pública para sacar a Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación.
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Esto ocurría a fines de 2018, cuando Vanessa Medina, esposa del polémico miembro del Equipo Lava Jato, trabajaba en la Dirección de Compras Corporativas de la Central de Compras Públicas (Perú Compras).
En ese sentido, se repite que un funcionario usa sus atribuciones para favorecer la posición de los superiores laborales de su cónyuge. En 2018 Pérez “coincidió” con Vizcarra, y en hace pocos días, la resolución de Chávez Tamariz sigue la narrativa de Vela contra la fiscal de la Nación.
Imputación no cuadra
El único indicio eran unas capturas de imagen de chats en WhatsApp, de las cuales ya se ha comprobado que algunos no encajan con la tesis incriminatoria. Como señaló el último martes el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, esta información consta de monólogos de Villanueva, donde no se habla expresamente de un intercambio de favores con los congresistas.
Incluso, se comprobó que se pedía votar a favor de su exrival Jorge Rioja, y al final sucedió lo contrario. Sin embargo, para el juez Chávez no era necesaria ninguna pericia para ordenar detenciones ni allanamientos.
Esto ha sido usado por ciertos sectores políticos –los mismos que apoyaron a Vizcarra y al acuerdo de colaboración con Odebrecht– para exigir la renuncia o destitución de la fiscal de la Nación.
El titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional es el mismo que se “equivocó” con una notificación para cerrar el caso peajes de Odebrecht y OAS, pero luego de denuncia de EXPRESO retrocedió.
Este hecho no es tan lejano. Ocurrió el 21 de noviembre último. Según el magistrado, once días antes se había informado a los abogados del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de que se había rechazado su pedido para una medida cautelar que permita a la Municipalidad de Lima administrar las casetas.
Tomando en cuenta esa fecha de notificación, correspondía cerrar este proceso por vencimiento del plazo para apelar.
“Improcedente la solicitud de medida cautelar genérica de suspensión de la administración actual de los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla, formulada por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, había señalado el funcionario del Poder Judicial.
El argumento del Chávez Tamariz era falso. El 10 de noviembre no se había notificado como corresponde a las normas, como terminó reconociendo poco después.
Rutas de Lima
“Nunca se notificó al procurador Carlos Cosavalente, que es el representante legal de la Municipalidad. Recién hoy se ha dado con la sorpresa del tuit del Poder Judicial. Vamos a presentar un recurso mañana mismo”, declaró ese mismo día a EXPRESO, el gerente general edil, Raúl Fernández.
Esto motivó que la MML presentara un escrito a Chávez Tamariz. Se señalaba que el juzgado no había cumplido con el Artículo 155-E del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni tampoco con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre estos procesos, contenida en el Expediente 03324.
Ante estas revelaciones, Chávez Tamariz retrocedió en su posición, admitió que aún había plazo para apelar, y admitió el recurso legal contra Rutas de Lima y Lima Expresa.
Cuestionan motivación
“Se busca, en palabras sencillas, que se le vuelva a notificar la resolución N.° 1 a la Municipalidad Metropolitana de Lima que le rechazó liminarmente su medida cautelar genérica, que el juzgado considera viable”, resolvió el magistrado.
“Se tiene que el escrito fue presentado dentro del plazo de ley, habiéndose notificado la resolución impugnada el 21 de noviembre de 2023 e interpuesto al día siguiente el recurso de apelación, el 22 de noviembre de 2023”, se lee en la Resolución 3 del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
“Llama la atención estas coincidencias. No está prohibido por la ley que trabajen en sus respectivos organismos, pero llama a la suspicacia que el doctor Chávez Tamariz tenga en sus manos el caso que interesa al superior de su esposa. Ambos manejan información, sensible, y eso es delicado. Ahora vemos este aparente error en una notificación sobre los peajes de Odebrecht. Tanta coincidencia, siembra dudas”, sostuvo el abogado Wilber Medina.
Recordó los cuestionamientos que tuvo Pérez por su esposa que trabajaba en un puesto de confianza en el régimen de Vizcarra, pero explicó que todo cuestionamiento tiene que hacerse primero a las resoluciones.
“Hemos visto que los chats y audios son mayormente monólogos. No se implica directamente a la fiscal de la Nación en una maniobra ilegal, pero para el juez eso basta para ordenar detenciones, allanamientos, e incluso vincular a la doctora Benavides en un tema donde no figura como investigada”, acotó Medina.
Para el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, la remoción de Marita Barreto de la Coordinación del Equipo especial contra la corrupción no es un hecho que incrimine.
“Hay que diferenciar el acto administrativo del acto de administración. Allí no hay recurso que interponer. Ella no es la investigada, sino los tres que están intervenidos. La hipótesis es que ella los dirige, pero ella no está dentro de la investigación”, enfatizó.
Desmienten hipótesis de ‘Niños’
Otro hecho que deja mal parado al juez Jorge Chávez Tamariz, es que validó la hipótesis de que se habría archivado la investigación a 37 congresistas para que estos voten como deseaba la fiscal Patricia Benavides.
A lo revelado por EXPRESO en la víspera, de que esta decisión se hizo a partir de un informe del equipo que dirigía Marita Barreto, se sumó una revelación de César Nakazaki, abogado de los colaboradores eficaces Karelim López y Bruno Pacheco.
Añadió que Chávez Tamariz ha hecho una lectura “muy ligera” al pedido del fiscal Christian Niño Torres para la detención de Jaime Villanueva.
Factor Colchado
Harvey Colchado, jefe de la Diviac, destacado al Equipo Especial contra la Corrupción, también trabajó estrechamente con Rafael Vela en el Equipo Lava Jato.
Una de sus especialidades, como coronel de Inteligencia, es la interceptación legal de comunicaciones.
Fiscal Barreto inventó reglaje para victimizarse
Una vez más, la fiscal Marita Barreto denunció un supuesto hecho criminal para victimizarse. En esta ocasión, puso una denuncia por supuesto seguimiento y reglaje, pero se descubrió que en realidad se trataba de un equipo periodístico que iba a entrevistarla.
“Tres personas de sexo masculino bajaron del auto con cámaras de video tocando la puerta del edificio donde vive, solicitando ingresar a su domicilio, simulando ser periodistas, indicando que deseaban ingresar a su departamento”, se lee en un acta de la Comisaría de Jesús María con diversos datos inexactos.
El documento policial refiere que el vehículo tenía en su placa C6R-209, perteneciente a Saomi Xiomara Rojas Sune. Además de consignar una edad equivocada para Barreto (19 años), el nombre real de la propietaria es Saomi Xiomara Roca Sune.
Esta dama es hija del chofer de Willax, Óscar Roca, quien iba acompañado del reportero Johann Klug.
“La verdad es que eran reporteros de nuestro canal, esperando conseguir una declaración de la fiscal, que es de interés público. Llegamos a la puerta como cualquier periodista lo hace”, aclararon en la televisora.
A raíz de este desmentido, la otrora coordinadora del Equipo especial contra la corrupción ha optado por el silencio.
Por César Rojas
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