Fiscal dice que Becerril no justificó ingresos
(Foto: Congreso de la República)
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Uno de los argumentos que presentó la Fiscalía ante el Poder Judicial para que le conceda la orden de inhibición (retención) del inmueble del excongresista Héctor Becerril es que su vivienda se habría edificado durante la constitución de la presunta organización criminal ‘Los Temerarios del Crimen’, en el período del 2014 al 2018.

“(…) a partir del año 2014 se podría iniciar nuestra línea de tiempo para determinar que la construcción y acabados del lote de terreno, se habría realizado durante el tiempo que se habría constituido la organización criminal Los Temerarios del Crimen”, dice la petición fiscal.

Asimismo, el Ministerio Público señala que dicha construcción del predio ubicado en la urbanización Villa El Contador, en la ciudad de Trujillo (región La Libertad) se habría generado con un incremento no justificado de los ingresos de Becerril, que coincidió con su gestión parlamentaria, entre los años 2011 y 2019, como representante del partido Fuerza Popular.

En ese lapso, detalla el fiscal Hamilton Castro, Becerril, fue elegido congresista por la región Amazonas para el período legislativo 2011-2016, luego fue reelecto en el mismo cargo por la región Lambayeque para ejercer funciones del 2016 al 2021.

Sin embargo, el Congreso fue disuelto por el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre del 2019.

JUEZ ACOGIÓ PEDIDO

El juez Eduardo Torres, del Juzgado de Extinción de Dominio que abarca las zonas de Lima, Lima Sur, Ica y Cañete, acogió las imputaciones de la Fiscalía contra Becerril y declaró fundada la inhibición del inmueble a nombre de la esposa del exlegislador.

Héctor Becerril es acusado de ser el brazo político de ‘Los Temerarios del Crimen’, organización delictiva que se habría enquistado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, al mando de su alcalde David Cornejo, para traficar con la adjudicación de obras públicas.

Víctor y Wilfredo Becerril, hermanos del exparlamentario, son sindicados como los intermediarios en esos presuntos actos ilícitos.

Becerril habría gestionado desde el Congreso el aumento de presupuesto de la Municipalidad de Chiclayo. Él y sus hermanos recibían el 3% del valor de cada obra, mientras el alcalde el equivalente al 7% del proyecto, según la Fiscalía.

La estrategia del fiscal Castro apunta a que el inmueble de Héctor Becerril, valorizado en más de S/ 170 mil, sea decomisado y que el Estado asuma su titularidad.

El excongresista es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y organización criminal.

ORDEN DE INHIBICIÓN

Es una limitación a la facultad de disponer de los bienes, destinada a evitar que, durante el proceso, el imputado venda, transfiera, traslade o grave los bienes de interés económico objeto de la extinción. Procede contra bienes muebles o inmuebles registrables o contra derechos o acciones.

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