Fiscal Pérez Gómez y cómo Odebrecht 'la saca Barata' en caso Lava Jato [INFORME]

Con voz engolada el fiscal José Pérez Gómez señaló: “Voy a pedir que se dicte la revocatoria del proceso especial de colaboración eficaz de Jorge Barata” (11/10/23) ante la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, gesto que fue aplaudido hasta el paroxismo por las waripoleras de siempre. Canal N, El Comercio y La República, etc. De paso, como quien no quiere, intenta cambiar con esta maroma los procesos que enfrenta ante la Autoridad de Control del Ministerio Público.

Gato por liebre

Sintomáticamente, la solicitud del fiscal Pérez Gómez en lugar de incidir en la rebeldía de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata -exsuperintendente en Perú de Odebrecht (hoy Novonor)- para ratificar los testimonios que brindaron en sede fiscal (2017) en el juicio oral del Caso Aportes de Campaña Electoral 2011 de US$ 3 millones a Ollanta Humala: “el presidente de Brasil Lula da Silva había solicitado este aporte que se había coordinado con Antonio Palocci,  exministro de Hacienda (y dirigente del Partido de los Trabajadores)”; enfatiza que la causal de su inasistencia se debe a la incompatible asesoría y conflicto de intereses de su flamante abogado César Nakazaki (exabogado de Humala y Nadine Heredia), otorgándole al 'colaborador' la coartada perfecta para retomar la calidad de colaboración en los otros casos Lava Jato, con la venia del fiscal, con el argumento falaz que fue mal asesorado, para otorgarle el puente de plata de cambiar de abogado y todos felices comiendo perdices. Llama la atención que no alegue como causal de revocatoria hechos recientes como la repentina amnesia de Barata con los codinomes, la promesa incumplida de facilitar otros codinomes, de poner a disposición el sistema Drousys y que se le permita, que muy suelto de huesos, siga declarando en otros juicios como el Caso Toledo, donde Pérez Gómez, fresco como una lechuga, ha ofrecido el testimonio de Barata. Doble rasero: manan para declarar contra Lula, Palocci y Humala, y ari, para el resto de los mortales involucrados en los 11 juicios que se vienen.

Para mis enemigos 'cana', para mis amigos la colaboración eficaz y para los indiferentes la legislación vigente

Por último y más importante, el exgerente Barata es un personaje relevante de la trama brasileña, sin embargo, es mucho más importante que revocar su colaboración eficaz, exigir la anulación del Acuerdo de Colaboración Eficaz Judicial (ACJ) que el fiscal Pérez Gómez suscribió a nombre del Perú, homologado por la jueza María Álvarez (20/6/23), que comprende apenas cuatro de más de 40 obras a su cargo: dos obras importantes, cuyos precios bases al inicio fueron: Interoceánica del Sur US$ 658 millones, Tren Eléctrico US$ 993 millones y dos obras menores: Vía Evitamiento del Cusco US$ 113 millones y Costa Verde del Callao US$ 112 millones, a cambio de los cual, Pérez Gómez ha beneficiado a Odebrecht con un cúmulo de gollerías.

Ha quedado bastante claro, que ni Marcelo Odebrecht ni Jorge Barata se presentarán en el juicio oral contra el expresidente Humala, debido a que tendrían que involucrar al actual presidente Lula, líder de las BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que ha regresado con nuevos bríos globales y por cierto, también ha renovado en su tercer período de gobierno, su añejo romance con las constructoras brasileñas, en particular con la líder de ellas: Novonor. Un síntoma de esta primavera se refleja en el valor de las acciones de la petroquímica brasileña Braskem, donde el 50,1% de su capital social pertenece a Novonor, que viene siendo tentada por la petrolera Abu Dabi (ADNOC) y por su paisana, la empresa química Unipar.

Las escandalosas gollerías que Otorgó Pérez Gómez a Odebrecht

Hacer la pantomima de revocar el ACJ de Barata sin tocar en lo más mínimo el misterioso ACJ con Odebrecht no pasa de ser una payasada. Porque las ventajas otorgadas a Odebrecht en comparación a Barata son ínfimas: condonación de una deuda tributaria de S/ 1,032 millones (H13), descongelación de sus cuentas bancarias y la devolución de cuatro inmuebles y tres vehículos. Mientras que a la empresa brasileña “rehabilitada” en la cual, “ya no existen miembros de la familia Odebrecht”, Gustavo Gorriti dixit (Canal N, 3/1/19) ha conseguido un rosario de prebendas:

Primero, haber limitado el ACJ a únicamente cuatro obras por el valor de US$ 1,876 millones, lo que representa el 15% de sus contratos con el Estado en el período 2004-2014 que ascendieron a US$ 12,856 millones (Comisión Investigadora del Congreso presidida por Juan Pari).

Segundo, haber aceptado sin chistar, con una ingenuidad que podría lindar con el absurdo, que Odebrecht coimeó a funcionarios públicos por obras relativamente menores como la Costa Verde del Callao (US$ 112 millones), pero no en la obra más grande que tuvo a su cargo que ganó en una accidentada licitación (26/6/14), el GSP, cuyo costo ascendió a la astronómica cifra de S/ 27,870 millones (US$ 7,239 millones). Sobre todo, porque a fines del 2018, le alcanzaron al periodista ecuatoriano Andersson Boscán una lista de codinomes, varios relacionados con el GSP (El Comercio 26/6/19). Extrañamente, IDL-Reporteros y Convoca tardaron una eternidad en escudriñar la lista que les reenvío Boscán, publicando sus revelaciones una semana después de la homologación del ACJ (25/6/19). Llegaron tarde por un milímetro. Por esta demora, es que Odebrecht ha seguido insistiendo que no otorgó ninguna coima para ganar el GSP y nos ha llevado ante el CIADI para cobrar US$ 1,700 millones. En cristiano, nos han agarrado de cholitos con la anuencia del fiscal Pérez Gómez.

Tercero, no haber considerado obras importantes cuya revelación de serios indicios de corrupción se conocían desde antes de la homologación del ACJ (20/6/19) como Rutas de Lima, porque se destaparon las cuentas de Andorra (30/9/17) que involucraron a personas cercanas a la exalcaldesa Susana Villarán. Y ahora, Pérez Gómez ha firmado una adenda vergonzosa con Odebrecht (15/12/22) para levantar el embargo del paquete accionariado del 25% en Rutas de Lima. Tampoco se incluyó Olmos, Interoceánica del Norte y el GSP.

Cuarto, haber reducido la reparación civil a la bicoca de S/ 610 millones (US$ 158 millones) pagadera “en comodas cuotas”, una especie de Reactiva Brasil. Este monto equivale al 18% de lo que anunció inicialmente la Procuraduría: “vamos a insistir en el monto de S/ 3,468 millones” (Gestión 30/1/18). Para la rebaja se adujo que la situación cambió con la Ley 30737 que estableció diversas fórmulas que habrían sido aplicadas por “economistas de la Universidad de Piura”, cuyas identidades hasta el día de hoy permanecen en el anonimato.

Quinto, el fiscal Pérez Gómez, con el aval del expresidente Vizcarra y de la exministra de Justicia “caviar” Ana Revilla, autorizó la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (25/4/19), valorizada en S/ 5,351 millones (US$ 1,390 millones), a la empresa china CTG, exonerándola de la Ley 30737, que obliga que del 100% de la venta: 50% se destine a pagar a los acreedores prendarios y el otro 50% iba al fideicomiso para pagar los tributos y la reparación civil.

Sexto, se permitió transferir recursos de la venta de Chaglla al exterior, incumpliendo el reglamento de la Ley Nº 30737. Todo se lo llevaron y como “regalo” pagaron la primera cuota de la reparación de S/ 80 millones, el 1.5%. Del lobo un pelo.

Séptimo, se le sigue pagando a Odebrecht por concesiones vigentes. Nos pagan S/ 22 millones anuales por reparación civil, pero nos cobran religiosamente S/ 200 millones. El PAMO (Pago anual por mantenimiento y operación) por Interoceánica Sur-tramo 2 en el 2022 fue de S/ 6.7 millones, por Interoceánica Sur-tramo 3 S/ 30.9 millones y por Interoceánica Norte S/ 70 millones, además por el Trasvase Olmos el 2022 cobró US$ 19.7 millones al Gobierno Regional de Lambayeque por el suministro de 406 millones de metros cúbicos de agua

Octavo, Novonor tiene las puertas abiertas para seguir participando en licitaciones con registro de proveedores vigente (OSCE).

Al cierre de esta edición, la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que preside el juez Salinas Siccha, declaró infundada los reclamos del Caso PPK (16/10/23), sin embargo, ha remitido copias del expediente a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para investigar la conducta del fiscal Pérez Gómez en este caso.

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