Fiscalía acusa a Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez sin ninguna investigación o pericia probada

Era un sábado 14 de noviembre y el gobierno del presidente Manuel Merino de Lama apenas cumplía cuatro días en Palacio. Al día siguiente sería defenestrado por turbas violentas que incluso habrían ocasionado la muerte de dos jóvenes manifestantes: Inti Sotelo y Bryan Pintado.

A las 14:00 horas de esa fatídica fecha, recuerda el abogado Benji Espinoza (abogado del entonces premier Ántero Flores-Aráoz y que hizo un seguimiento prolijo), se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la Policía, con presencia de los jefes operativos, a fin de darles las instrucciones del uso de la fuerza y armas no letales.

Deberían además explicarles el concepto de la operación, disponiendo la colocación de rejas y que el personal policial se ubique en la parte posterior, a fin de evitar contacto físico con los manifestantes. De esta forma se colocaron tres filas de rejas para consolidar dicha disposición de la Policía Nacional.

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Pero en horas de la noche, grupos de infiltrados –incluidos del Partido Morado- atacaron frontalmente a la policía, pero esta vez emplearon no sólo material pirotécnico, sino además piedras, avellanas y otras vituallas de fuego, los que utilizaron en forma directa y por espacio de aproximadamente una hora.

Dicha vorágine, al volverse insostenible, obligó al personal policial a iniciar sus procedimientos del uso gradual de la fuerza, con la finalidad de restablecer el orden público que había sido alterado por los infiltrados en la marcha del 14 de noviembre, recuerda el letrado Espinoza.

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Después de la recuperación del control del orden público, se conoció la noticia del fallecimiento de los dos jóvenes antes mencionados, “situación que a la fecha no ha podido ser esclarecida por las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía de la Nación durante once meses, habiendo abordado la situación relacionada con la acusación en forma genérica”.

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